La senadora Patricia Diaz renunció a su cargo de presidenta del Jurado de Enjuiciamiento luego de que el organismo receptara una petición del Procurador Jorge García, denunciado por supuesto mal desempeño, para que sea apartada del tratamiento de su caso, tal como adelantó Entre Ríos Ahora.
«Mi renuncia obedece a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de hacer lugar a la recusación presentada por un denunciado, quien enumera una serie de mentiras que rebatí con argumentos sólidos que no fueron tenidos en cuenta”, explicó Díaz en su carta de renuncia que reprodujo el sitio Análisis Digital. La legisladora hizo alusión así a la denuncia que pesa sobre el Procurador.
Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el vicepresidente, Gonzalo García Garro, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, deberá aceptar la renuncia y formalizar la incorporación del senador suplente al cuerpo, Rafael Cavagna (Juntos).
El Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo colegiado cuya función es juzgar el desempeño de los funcionarios de la Justicia. Está conformado por 7 miembros: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Susana Ester Medina; dos, por el Colegio de la Abogacía, Alejandro Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez; y dos legisladores, el diputado Marcelo López (Juntos), y, ahora, el senador Rafael Cavagna (Juntos).
El Ministerio Público Fiscal tiene abierta otra investigación penal también enriquecimiento ilícito contra Rossi y su ahora esposa, la senadora Díaz. Por eso García pidió expresamente que en su caso sea apartado de su caso en el Jurado de Enjuiciamiento.
El Procurador recusó a la titular del Jurado de Enjuiciamiento por «inidoneidad para desempeñarse como tal» en función de la investigación en su contra por enriquecimiento «y por enemistad manifiesta» por cuanto entendió que la legisladora carece «absolutamente de imparcialidad».
Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento debe resolver un segundo punto: si el Procurador debe ser sometido a proceso a jury o debe ser sometido a juicio político, como planteó García.
El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos, por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses, presentó en abril una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.
En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, contrarias al juramento”.
La primera “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1979, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.
También le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el Procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ´operadores judiciales´ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ´armado de causas´ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.
“Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital) lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, dice el escrito.
El antecedente más próximo que existe respecto de la incompetencia del Jurado de Enjuiciamiento para someter a Jury al Procurador se dio el 30 de noviembre de 2021 cuando el organismo abrió causa y suspendió en el cargo a la exProcuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, finalmente destituida el 24 de mayo de 2022 acusada de mal desempeño. Goyeneche había sido denunciada junto al Procurador García.
Entonces, el Jurado resolvió remitir las actuaciones para que su conducta -reprochada también como superior de Goyeneche por el manejo de la causa de los contratos en la Legislatura- sea analizada por la Cámara de Diputados, convertida en órgano acusatorio en el marco de un proceso de juicio político. Al respecto, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió declarar la incompetencia para dar trámite a la denuncia presentada contra el Procurador General Jorge A. L. García y remitir copia certificada de las actuaciones a la Cámara de Diputados. Pero en la Legislatura el trámite no prosperó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora