El abogado Carlos Guillermo Reggiardo respondió a los “aprietes públicos” –así los calificó- formulados por el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, que tildó las denuncias contra distintos funcionarios judiciales ante el Jurado de Enjuiciamiento como “absurdas”.
Reggiardo aseveró que Cánepa “nuevamente recurre a aprietes públicos para obtener determinados fallos o resoluciones, coaccionar, deslegitimar las denuncias ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento y defender de manera sindical a funcionarios que simplemente están atravesando un proceso constitucional”.
“Son tan absurdas las denuncias que no merecen ocupar el tiempo del Jurado ni tampoco del denunciado en contestarlas”.
La frase pertenece al juez Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, y alude a la seguidilla de presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento con denuncias contra funcionarios judiciales, todas con un denominador común: aluden a trámites judiciales que motoriza el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.
Cánepa dice que la Asociación ya puso al corriente al Colegio de la Abogacía por algunas actitudes de los asociados de esa institución pero que no ha obtenido respuesta de momento. “Vemos con preocupación una situación que hemos planteado de modo formal. Vemos que se da un denominador común en las denuncias”, señala, y habla de Reggiardo como vinculado “a un grupo político” que se referencia en el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz, ambos con una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.
Cánepa: son «absurdas» las denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento
“Es un grupo político muy interesado en problematizar estas cuestiones y en poner en jaque la independencia del Poder Judicial”, señaló y recordó la advertencia que había hecho la Asociación de la Magistratura respecto de la elección de la senadora Patricia Díaz (PJ) como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, cargo al que luego renunció. “Lamentablemente tuvimos razón”, sintetizó.
El letrado consideró “importante defender mi profesión y matrícula, ya que como apretó al gobernador y a la vicegobernadora con el miembro del Senado del órgano que los juzga, a los jueces, y ahora nuevamente pretende un cierre total y amnistía generalizada, con claras amenazas, descalificaciones”.
Aludió luego a la denuncia presentada contra el fiscal Álvaro Piérola. Dijo que “fue denunciado por mí porque como defensor considero que no cumplió con una ley específica que debía cumplir, además de ordenar prueba a sabiendas que lo hacía en un procedimiento ilegal y cerrado solo para fundar la teoría de Cánepa, quien ha devenido en el Pablo Moyano de los jueces”.
Respecto de la denuncia ante el Jury contra el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, Reggiardo sostuvo que la denuncia contra ese funcionario judicial es porque “arregló una probation con empresarios acusados de delitos graves, por debajo de lo que exige el Código Penal, y se sospecha que eso gratis no se hace, que la Justicia no quiera investigar es otro cantar”.
Respecto de la denuncia al fiscal coordinador de Gualeguay, Victoria y Nogoyá, Jorge Gamal Taleb, sostuvo que “tiene denuncias graves”, y que bajo su jurisdicción “han sido violada mujeres, fiscales con impunidad para acosar abogadas, muertes sospechosas de una imputada, robo de prueba, ingreso de droga a la ciudad, hubo un fiscal escuchado por narcotráfico bajo su cargo y así podría seguir pero necesitaría muchas páginas de contar el mal que Taleb le hace a Victoria”.
Sostuvo que “personalmente denuncié el suministro de drogas a mujeres para abusarlas; una chica murió, él no pudo resolverlo y el asesino ya está tranquilo en una casa gozando de domiciliaria, mientras yo tengo que explicar por qué lo molestan en contestar absurdidades”.
En cuanto a la denuncia al fiscal de La Paz Facundo Barbozaá sostuvo que “no esta denunciado por la calificación sino por coaccionar a una madre para que acceda a una responsabilidad menor y evitar la aplicación de la ley (juicio por jurados) y presionándola con un juez amigo sobre la revinculación, y así podría seguir. Yo fui investigado dos años y expuesto púbicamente por una moto que se cayó detrás de mi auto mientras en Feliciano un fiscal choca borracho de manera habitual y ni si quiera le inician sumario disciplinario”.
Reiteró la existencia de una “mesa judicial” desde donde “persiguen a intendentes que hacen cuadras de más o realizan alguna donación de alimento, pero admiten probations ilegales a empresarios, o no forman causa con empresarios que confiesan haber coimeado a un funcionario, o como yo que denuncié a un juez de Victoria que me obligó a firmar una resolución”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora