La semana que pasó, el cura Marcelino Moya, exvicario de la parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, recibió una buena noticia en medio de la investigación en la que está acusado por presuntos abusos: el rechazo de un recurso de apelación presentado por los abogados de las víctimas que pidieron levantar el secreto médico de dos profesionales del Hospital San Martín de Paraná que lo atendieron en enero pasado.
La resolución la tomó el vocal Rubén Alberto Chaia, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, quien confirmó la decisión del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, firmada el 15 de febrero. Al rechazo para levantar el secreto médico también se sumó la fiscal que investiga al cura, Nadia Benedetti, argumentando que la información que las médicas podrían aportar no tiene relación con lo investigado y que, además, se podría avasallar la intimidad y los derechos constitucionales del cura sospechado de haber cometido abusos.
La petición había sido formulada por los abogados querellantes, Carlos Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso. Los letrados habían pedido levantar el secreto médico sobre Laura Díaz Petrussi y Adriana Bevacqua, directora del Programa Provincial de Sida y jefa del Servicio de Infectología, respectivamente, que habían atendido al sacerdote en enero, cuando fue internado en el hospital San Martín.
Los abogados de las víctimas ahora analizan qué hacer. “Estamos evaluando con el doctor Montiel cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir de acá para adelante”, dijo Cosso a Entre Ríos Ahora.
En ese sentido, explicó que aún les queda como herramienta procesal un recurso de Casación en Paraná, pero no avanzarían en ese sentido ya que no quieren dilatar los tiempos de la investigación. “Estamos viendo si lo presentamos ya teniendo dos resoluciones en contra. Para nos seguir dilatando el curso de la investigaciones”, señaló el letrado.
Ahora, los abogados querellantes se concentrarán en que se lleven a cabo dos procedimientos: una evaluación médica policial al cura, que se encuentra en María Grande recluido en la casa de sus padres; y que se le practique una pericial psicológica.
Sobre la evaluación médica policial, Cosso señaló que “en estos días tiene que ir a María Grande el médico policial a evaluar el estado de salud de Moya, ya que se lo evaluó una vez y la resolución decía que a los 15 días lo iban a evaluar de vuelta”.
Asimismo, dijo que “resta una pericial psicológica que hemos pedido y creemos que después de eso ya estaría la causa para elevarse a juicio”. El informe pericial psicológico se utiliza para determinar si una persona está en uso de sus facultades o carece de ellas. El estudio determina, en definitiva, si una persona está plenamente conciente de sus actos y responsabilidades.
El caso
El lunes 29 de junio de 2015, dos jóvenes, un médico, Pablo Huck, y un estudiante de Derecho, EF, hicieron la denuncia formal ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull de los abusos que dijeron haber sido víctimas mientras formaron parte del grupo de jóvenes de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, en la década de 1990, cuando Moya era vicario allí. Al abrirse la causa penal, el cura fue suspendido en sus funciones.
En rigor, Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan.
El 20 de diciembre de 2016, cuando fue citado a declaración indagatoria en los Tribunales de Villaguay, el cura payador se negó a hablar ante la fiscal Nadia Benedetti. Luego, el 6 de enero, Moya fue internado en el Hospital San Martín. Allí estuvo aproximadamente dos semanas, hasta que después fue derivado al Sanatorio San Camilo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, está recluido en María Grande, en la casa de sus padres. En la causa, el cura tiene como abogado defensor, a Gustavo Amílcar Vales.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora