Un conflicto sindical que se desarrolla en la fábrica de baterías Fademi, de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, pone en riesgo la continuidad de 100 puestos de trabajo. La empresa denuncia «bloqueos, amenazas y extorsión sindical»: desde el 8 del actual hay cese total de actividades por parte de los empleados, que llegan, marcan ingreso y salida, pero no prestan servicio y la planta se encuentra en cese total de actividades.

Según las denuncias presentadas, el Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate ha implementado «tácticas de retención de servicios sin previo aviso ni notificación formal de medidas de fuerza directa como paros, huelgas y amotinamiento en sectores específicos de la empresa».

Inspectores de la Secretaría de Trabajo y escribanos han constatado que los trabajadores de Fademi se encuentran reteniendo servicios, resguardados y encerrados en la zona de vestuarios de la fábrica. «Esta forma de operar del sindicato no es un caso aislado; otras empresas del sector también han denunciado prácticas similares, evidenciando un patrón de comportamiento extorsivo, con una finalidad netamente salarial pero encubierto en diferentes excusas sin fundamento fáctico ni normativo», señalan desde la empresa.

En su denuncia, Fademi argumenta que las demandas salariales impuestas por el sindicato superan ampliamente las posibilidades económicas del contexto macroeconómico argentino actual, situándose muy por encima de la inflación. Estos incrementos salariales, significativamente mayores que los convenios colectivos de la Federación Argentina de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (FATIQyP), hacen inviable la competitividad de Fademi en el mercado de baterías y acumuladores eléctricos, sostienen.

Todo esto, a pesar de que sus trabajadores tuvieron un incremento salarial interanual (abril 2023- abril 2024) de más de un 400%, apuntan. La situación es aún más crítica, dado que los salarios de los trabajadores de Fademi, según el convenio colectivo, promedian los 2 millones de pesos, mientras que los salarios de sus competidores directos son aproximadamente la mitad de ese monto. Esta desproporción salarial pone a Fademi en una posición extremadamente «desfavorable, afectando gravemente su capacidad de operar y competir, situación que indefectiblemente, la llevará a su quebranto», dice la firma.

«Este contexto lleva a pensar que el sindicato podría estar actuando para perjudicar deliberadamente a la empresa y forzar su cierre. De concretarse esta situación, el impacto sería devastador para la localidad de Larroque, donde Fademi es una fuente importante de empleo y principal motor de su economía local. El cierre de la empresa no solo afectaría directamente a los trabajadores, sino que también tendría repercusiones negativas en la prosperidad y estabilidad económica de la comunidad», sostienen.

En ese marco, en fechas 13 de junio y 12 de julio, Fademi se vio forzada a realizar denuncias penales por la irrupción de personal del sindicato sin autorización ni elementos de seguridad a la fábrica y luego por usurpar y permanecer amotinados en los vestuarios de la fábrica. Todo de manera violenta y debiendo la empresa, recurrir al auxilio de la fuerza pública. «Es esencial que se tomen medidas urgentes para resolver este conflicto. Es fundamental proteger los derechos de los trabajadores pero también la viabilidad y subsistencia de la empresa que genera esos puestos de trabajo», argumenta Fademi.

El 8 de julio último, la responsable de Fademi, María Sylvia de Miguel, acudió ante el escribano Miguel Alfonso Larrivey, de Gualeguay, para que labre un acta en la que se dejó constancia de que los trabajadores acuden a la planta fabril, fichan ingreso y egreso pero que no cumplen tareas. El paro, según la comunicación gremial, es por tiempo indeterminado. Larrivey constató que el personal de los turnos mañana y tarde acuden a la planta pero que no cumplen funciones y que la empresa se encuentra totalmente paralizada.

El 15 de este mes la Secretaría de Trabajo realizó una inspección en Fademi, en Larroque, y recogió el planteo del delegado gremial Ignacio Gervasoni, quien manifestó que a raíz de un reclamo por seguridad e higiene en la planta fabril ocurrieron “represalias” de parte de la empresa, como horas descontadas y suspensiones de trabajadores “sin dar previo aviso a la comisión interna ni darle la posibilidad a los trabajadores de contestar”.

Desde la empresa, en  tanto, señalaron que no han tomado conocimiento a qué se debe “el intempestivo cese de actividad ya que no han manifestado el motivo a qué se debe el cese de actividad, violando inclusive el convenio colectivo de trabajo”.

La intervención estatal

Mariano Camoirano, secretario de Trabajo, habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y dio detalles de la intervención del organismo en el conflicto.

“La primera intervención es a pedido de la empresa. Nos piden constatar una medida de fuerza, que en principio no había sido informada como tal. La primera intervención fue una inspección de un inspector de Higiene y Seguridad que se acercó al lugar e hizo un relevamiento. En ese relevamiento detecta algunas faltas de higiene y seguridad no graves, que no impedían la continuidad de la labor y del empleo. Y al mismo tiempo, toma conocimiento de que había una situación de quite de colaboración. A partir de ahí empezamos a recibir, de alguna manera, tanto una comunicación con el sindicato como con la empresa, pero lo que empezamos a ver es que había permanentemente denuncias de la empresa de una especie de medidas preventivas muy informales en el marco de una no paritaria sectorial como corresponde, lo cual nos preocupaba y al mismo tiempo nos demandaba una asistencia de inspeccionar”, dijo el secretario de Trabajo.

La denuncia de la empresa hablaba de una especie de “sabotaje, con una merma de producción importante. Obviamente, en particular nosotros lo que hemos hecho son inspecciones que constatan, tanto por la seguridad de los trabajadores como para la seguridad de la empresa en sí. El sindicato seguía desconociendo la figura de los inspectores y la determinación del tipo de falta. O sea, denunciaban un peligro inminente dentro de la fábrica para el quite de colaboración o para la merma en la producción. Esto se ha ido agravando con el tiempo. En los últimos 13 días la empresa ha denunciado penalmente que los trabajadores estaban encerrados en el vestuario, que no querían trabajar. Nosotros, desde la Secretaría de Trabajo, nunca pudimos comprobar la comunicación de la medida de fuerza. Es decir, el sindicato desconocía que estaba haciendo una medida de fuerza, pero la empresa al mismo tiempo no tenía ningún tipo de producción ni de colaboración de los trabajadores”.

Camoirano especificó que en las denuncias, la firma puso de relieve que los trabajadores “no estaban produciendo ni estaban pudiendo cumplir con sus obligaciones con sus clientes y que estaban poniendo en riesgo esta metodología de negociación encubierta del salario, porque la empresa está citada recién para el 7 de agosto para ir a discutir el salario, dentro de un marco paritario en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, ellos alegan ciertas medidas preventivas o encubiertas para llegar al 7 de agosto con la negociación que pretenden”

“Nosotros, como Secretaría de Trabajo, a lo que tenemos que propender es a cuidar a los trabajadores tanto del riesgo o peligro de su salud, pero ya en algo un poco más complejo, preocupados también por la potencial pérdida de empleo. En Gualeguaychú han cerrado 4 o 5 empresas, o sea, la caída en la provincia del empleo se nota en el contexto macroeconómico y la preocupación también desde nuestra Secretaría o desde el Gobierno es ver que no perdamos más fuentes de empleo por un acto irresponsable de un sindicato, cuidando para los trabajadores una fuente de ingreso”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora