El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, justificó en la abultada agenda de tareas del organismo a su cargo, recargada por la judicialización de la obra pública, su decisión de no involucrarse en dictaminar en torno a la interpretación que habría que hacer de la Ley de Jury tras la renuncia de un integrante, como ocurrió tras la dimisión de la senadora Patricia Díaz (PJ).
Lo dijo en referencia al reclamo del vicepresidente primero del Senado, Rafael Cavagna (Juntos), quien señaló en Radio Plaza que esperan un dictamen para dilucidar quién debe reemplazar a la senadora Patricia Díaz (PJ), quien renunció al Jury en junio. De momento, la mayoría opositora designó en su lugar a la senadora peronista de Feliciano, Gladys Domínguez.
Para el legislador de Juntos, él debe reemplazar a la senadora del departamento La Paz y dijo que harán una acción meramente declarativa en la justicia para tener certezas sobre lo que se interpreta de la Ley de Jury. Concretamente, la pregunta que buscan responder es si el suplente es el reemplazante natural cuando renuncia el titular; o si el lugar corresponde ser ocupado por el bloque con mayoría en el Senado (en este caso el PJ).
Al respecto, Rodríguez Signes dijo: «Lo ideal es que el propio cuerpo se ponga de acuerdo en la interpretación. Frente a la falta de soluciones, la instancia judicial siempre está abierta».
«Inclusive hay una diferencia entre la integración que establece la Constitución de la provincia y la conformación que la Ley establece», completó.
El vicepresidente primero del Senado, Rafael Cavgna (Juntos), lamentó que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, no se haya expresado en torno al pedido que el bloque oficilista le formulara para que zanje la discusión en torno a cómo debe interpretarse la Ley de Jurado de Enjuiciamiento N° 9.283 en lo que hace a qué camino seguir cuando un miembro renuncia y cómo debe ser el reemplazo.
«Lamentablemente no se expidió el fiscal de Estado. Pensé que se iba a expedir. Tendrá mucho trabajo. No conozco las razones por las que no se expidió. Hace aproximadamente dos semanas que se remitió con firma de nuestro presidente de bloque una nota. Pero no hubo respuesta», planteó Cavagna.
La duda surgió tras la dismión, a principios de junio, de la senadora Patricia Díaz (PJ) a la presidencia del Jurado y también a su lugar en representación del Senado. Juntos entendió que debía asumir el suplente, Cavagna, y sí elegir otro suplente. Pero el PJ, que tiene mayoría en la Cámara Alta, entendió que la ley lo fija de un modo que no deja lugar a dudas y que debía votarse una nueva integrante. Y así lo hizo esta semana: votó a la senadora Gladys Domínguez.
Juntos no votó, pidió que las actas de la votación del Senado sean remitidas al Jurado de Enjuiciamiento para que el organismo se expida. Y que también se pronuncie respecto de quién debe ocupar la suplencia del miembro titular del Senado. Además, anunció que hará una presentación ante la Justicia de una acción meramente declarativa para que un tribunal resuelva y disipe las dudas plaznteadas.
Fiscalía de Estado no aportó su opinión para aportar al debate.
El 18 de junio, el presidente del bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos, Gustavo Vergara, envió una nota al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y en esa nota planteó que en virtud de “la renuncia de la senadora Patricia Teresa Díaz como integrante del Jurado de Enjuiciamiento establecido mediante Ley N° 9.283 en representación del Senado de la Provincia de Entre Ríos”.
Vergara le pidió opinión respecto a la interpretación que debía darse al contenido de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento en caso de renuncia de un miembro titular, como ocurrió con la senadora Díaz. “Cabe destacar que la Ley N° 9.83 establece que el órgano se compone por los integrantes titulares y suplentes, en consecuencia por nuestra parte entendemos que correspondería completar la vacante por corrimiento con el actual senador que integra el Jurado en calidad de suplente, el Dr.Rafael Cavgna, a su vez, elegir por parte de la Cámara un senador/a en representación como miembro suplente”, dice la nota.
En ese escenario, contó Cavagna, en la última sesión del Senado «el PJ impuso su mayoría».
«Para nosotros está claro que el lugar del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento ante la renuncia del titular lo ocupa el suplente. Ahora, vamos a esperar que se expida el Jurado de Enjuiciamiento porque tiene autonomía para hacerlo», opinió el legislador.
Jury: el PJ impuso a la senadora Gladys Domínguez y Juntos irá a la Justicia
El Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo colegiado cuya función es juzgar el desempeño de los funcionarios de la Justicia. Está conformado por 7 miembros: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Susana Ester Medina; dos, por el Colegio de la Abogacía, Alejandro Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez; y dos legisladores, el diputado Marcelo López (Juntos), y restaba la designación por parte del Senado. Ahora, se incorpora la senadora Gladys Domínguez. Aunque Juntos promete dirimir la cuestión en Tribunales.
El Procurador García fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por el abogado del exgobernador Sergio Urribarri, Fernando Burlando.
Denuncia de Urribarri: el Procurador planteó la incompetencia del Jury
No bien fue notificado de la denuncia en su contra, el Procurador pidió el apartamiento de la senadora Díaz, esposa del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. En 2006, Rossi fue condenado a 3 años de prisión condicional por el delito de enriquecimiento ilícito. El tribunal que lo condenó estuvo integrado por Raúl Alberto Herzovich, Silvia Teresita Nazar y Jorge Amílcar García.
El Ministerio Público Fiscal tiene abierta otra investigación penal también enriquecimiento ilícito contra Rossi y su ahora esposa, la senadora Díaz. Por eso García pidió expresamente que en su caso sea apartado de su caso en el Jurado de Enjuiciamiento.
El Procurador recusó a la titular del Jurado de Enjuiciamiento por «inidoneidad para desempeñarse como tal» en función de la investigación en su contra por enriquecimiento «y por enemistad manifiesta» por cuanto entendió que la legisladora carece «absolutamente de imparcialidad».
Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento debe resolver un segundo punto: si el Procurador debe ser sometido a proceso a jury o debe ser sometido a juicio político, como planteó García.
El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos, por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses, presentó en abril una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.
En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, contrarias al juramento”.
La primera “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1979, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.
No es la única denuncia que tiene en trámite el Jurado de Enjuiciamiento.
También fue denunciado el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo; hay presentación contra el fiscal Álvaro Piérola -estas dos últimas desestimadas por el Jury y apeladas ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ)-; tres denuncias al Procurador Jorge García: una la firma el dirigente del PRO Herán Blázquez, ya condenado en la Justicia; una segunda denuncia al Procurador, impulsada por el exintendente de Gualeguay; y la que presentó Urribarri; la presentación contra el fiscal Gamal Taleb, fiscal coordinador de la jurisdicción Gualeguay, Victoria, Nogoyá; y la última denuncia, al fiscal Facundo Barbosa, de la Unidad Fiscal de La Paz.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora