La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reaccionó con dureza ante la decisión del Gobierno de aplicar descuentos por días de paro concretados en el marco del conflicto por recomposición salarial. Este viernes 30 maestros y profesores pudieron acceder a sus recibos de sueldo en forme on line en el Sistema Administrativo de Gestión Docente (SAGE) del Consejo General de Educación (CGE) y se encontraron con la mala nueva.
El dato lo reveló Entre Ríos Ahora.
Durante agosto, hubo huelgas los días 1º, 2, 6, 7, 14, 15 y 22. La conciliación obligatoria, y así el cese de medidas de fuerza, fue dictada desde el viernes 23 por la jueza laboral Nº 4 María Alejandra Abud a pedido del Gobierno. Ya hubo una primera audiencia de conciliación judicial, el martes 27 de agosto; habrá una segunda este martes 2 de septiembre. Marcelo Pagani, titular de Agmer, planteó la inconveniencia de los descuentos por paro.
«Nosotros somos claros: esto no es parte de la negociación con el Gobierno. Esto es una definición que se debe tomar por parte de la Provincia. La jueza nos dijo a las partes que a partir del día 23 comenzaba la conciliación obligatoria. y por tanto las partes debíamos suspender las acciones que habíamos adoptado en el marco del conflicto. Y por eso se suspendieron los paros. Hemos acatado la decisión de la jueza. Le vamos a exigir al Gobierno la misma actitud», ha dicho el dirigente. «Nosotros entendemos que el proceso en el cual estamos discutiendo salarios empezó el 19 de julio. Luego, hubo tres reuniones paritarias, ahora estamos en la conciliación judicial. Por lo tanto, es parte del mismo proceso. Entonces, corresponde que las partes suspendamos las acciones que íbamos a llevar adelante», apuntó.
Pero los descuentos ocurrieron.
Agmer consideró «intimidatoria, de apriete burdo y autoritaria» la decisión oficial de aplicar quitas salariales por días de paro.
«La conciliación obligatoria no la solicitó Agmer; tampoco nuestros gremios hermanos. Fue el Poder Ejecutivo de la provincia quien, acorralado ante los contundentes niveles de acatamiento a las medidas de fuerza, la masividad de las movilizaciones en todo el territorio y el acompañamiento de la sociedad entrerriana recurrió –presuroso- al ámbito de la Justicia Laboral y ésta -en misma prontitud- procedió a concederla. Agner, respetuoso de toda norma legal, se ajustó a derecho y acató (aún no conformes con esto) lo dispuesto por la jueza», planteó el gremio.
Y agregó: «La conciliación obligatoria dispone que las partes en conflicto deben cesar (léase, `no continuar`, `insistir`, `sostener`) con lo que se denomina `estado de beligerancia`. Por ello, Agmer ´no continuó con` la realización de los paros previstos, quedando estos en suspenso, hasta tanto dure el período de conciliación (20 días hábiles); si el conflicto no se resuelve, las partes quedan liberadas a retomar las acciones que consideren pertinentes. Lo establece la Ley de Paritarias Docentes (2006). En normativas laborales encontramos textos similares, incluso para otros sectores de trabajadores, incluso en Ciudad Autónoma. Significa –concretamente- que dicho texto estipula responsabilidades de cumplimiento a ambas partes».
Aunque evaluó que ocurrió lo contrario. «El Ejecutivo provincial, que ya se puso la Constitución de la Provincia de Entre Ríos de sombrero al abonar montos en negro (poniéndose así en ilegalidad), ahora vulnera la conciliación obligatoria al aplicar grotescamente descuentos por días de paro a mansalva. La intención es clara y burda: disciplinar y causar desaliento el conjunto de la docencia entrerriana, que viene dando notables ejemplos de esfuerzo, compromiso y dignidad para reclamar lo que es justo y profundamente ético, lo que debería ser normal: un salario que lleve dignidad a la tarea docente, a sus familias. Entonces, no tenemos dudas que el gobierno actúa –en las negociaciones- en forma desleal. Y esto es lo que advertimos ya en la primera reunión de conciliación y que denunciaremos inmediatamente ante el mismo juzgado laboral. Quizás el gobernador no lo sepa o no lo comprenda, pero en Entre Ríos la Constitución y sus leyes se respetan».
Agmer sostuvo que «otros gobiernos han intentado los mismos procedimientos. Aconsejamos repasarlos y meditarlos. Porque solo logran aumentar el malestar y la bronca de las y los docentes. Autoridad, firmeza, coraje hay que tener para defender a cada ciudadana/o entrerriana/o frente a las políticas perversas de ajuste que llegan desde el gobierno nacional. Pero no, lejos de eso, el Gobierno provincial viene avalando cada medida regresiva y atentatoria contra nuestros derechos. Silencio de radio cuando nos quitaron el Fonid, el Fondo Compensador, los programas nacionales (comedores escolares, construcción y mantenimiento de edificios, etc.), aprobación –cómplice- de la llamada Ley Bases, firma (de rodillas) del Pacto de Mayo, aprobación del RIGI. Todo a cambio de nada; los fondos coparticipables no llegan, la deuda de Nación a nuestra Caja de Jubilaciones tampoco llega. Lo único que sí se nos viene encima es más ajuste y mayor pobreza. Hoy, el salario docente ocupa los últimos cuatro lugares en el país, nos desmoronamos. El 80 % de las y los docentes estamos bajo la línea de pobreza y un gran sector se debate en los límites de la indigencia. Así vamos a trabajar, es amoral lo que nos está pasando».
Y advirtió que «de ninguna manera vamos a tolerar un solo atropello más; ni un solo ajuste más. La única esencialidad en Entre Ríos pasa por tener un salario digno. Lo sostenemos porque todo intento por debilitar un solo derecho consagrado constitucionalmente profundizará el conflicto. Y alertamos, finalmente, que la Ley Previsional 8732 no se toca siquiera en una sola línea. Reclamamos, no meter más leña al fuego. El Ejecutivo provincial debe ajustarse a derecho y no descontar un solo día de paro».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora