El Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos planteó su postura contraria por inconstitucional respecto del proyecto del Poder Ejecutivo enviado a la Legislatura que plantea una reforma de un artículo de la Ley de Juicios por Jurados.
El Gobierno remitió un proyecto de ley por el cual pretende una modificación de la Ley N° 10.746 que regula el funcionamiento en Entre Ríos del sistema de juicio por jurados. La idea apunta sólo a la modificación del artículo 2°.
La nueva redacción de ese artículo dice: «Competencia. Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de más de 20 años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, cuando al menos uno de ellos tuviere prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable, sin perjuicio de que son
admisibles las formas alternativas de resolución de los conflictos hasta la audiencia del artículo 25° de la Ley 10746”.
«Los abogados y abogadas de toda la provincia que integran el Instituto de Derecho Penal junto a distintas entidades del país, en forma unánime se han manifestado expresamente en contra de este proyecto, el cual pretende consagrar una inconstitucional reforma al contrariar el artículo 118 de la CN y su progresividad, ya que, al momento de ponerse en funcionamiento una clausula o garantía de rango constitucional no se puede retrotraer», dicen.
Pero al considerar que uno de los argumentos para el cambio que propone el Ejecutivo tiene que ver con el costo económico de los juicios por jurados y para eso plantea la reforma del artículo 46º de la Ley de Juicios por Jurados, que actualmente tiene esta redacción: “Las personas que sean designados como integrantes de jurados titulares y suplentes, serán remunerados por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de juristas por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo el voir dire, que defina el Superior Tribunal de Justicia por reglamentación. Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) juristas por cada día de servicio”.
Luego de la reforma ocurrida en mayo de este año a la Ley Nº 7.046 de Aranceles de Abogados y Procuradores, el valor de cada jurista se ha incrementado exponencialmente, alcanzando en agosto del corriente año la suma de $51.823,63, es decir que a los 12 jurados titulares y a los 4 suplentes se le paga en total $ 1.658.357,44 por día. Teniendo en cuenta que un debate promedio insume 3 o 4 días, el costo de un proceso oscila -sólo de remuneración- entre $ 4.975.072,32 (3 días) y $ 6.633.429,74 (4 días), sin contar los viáticos.
Los abogados penalistas sostienen que ser jurado es una carga pública «que no tiene como eje generar una rentabilidad, sino que refiere al honor donde las personas contribuyen al
cumplimiento de la justicia. Pues bien, en esa línea el objetivo ese delegarle al Poder Ejecutivo la facultad de determinar la suma en pesos por día que recibirá cada jurado en consideración a los criterios de oportunidad y prioridades políticas sobre la base del presupuesto. Además, dicha consideración puede ser revisable cada seis meses».
Juicio por jurados: tildan de «inconstitucional» proyecto del Ejecutivo
El texto que elaboró el Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía plantea: «Retomemos, si la suma la reducimos, por ejemplo, a $15.000 por día por jurado, es decir que a los 12 jurados titulares y a los 4 suplentes se le paga en total $240.000 por día, teniendo en cuenta que un debate promedio insume 3 o 4 días, el costo de un proceso oscila -sólo de remuneración- entre $720.000 (3 días) y $960.000 (4 días), sin contar los viáticos. Por lo tanto, en el primer caso se logra una reducción del costo de un 67% y en el segundo caso un 56,7%. Si suponemos que anualmente se lleven a cabo aproximadamente 40 juicios por jurado –tomando como referencia los informes oficiales-, conforme a los números expuestos, estaríamos en un rango entre los $ 199.002.892,80 anuales a $ 265.337.189,6.
Según nuestra propuesta, se reduciría anualmente a un costo que oscile entre $ 28.800.000 a $ 38.400.000. Por la tanto la reducción anual oscilaría cerca del 85%».
Y apunta: «Más aún, según los informes oficiales las tentativas desde que se puso en marcha el juicio por jurado solo el 17,95% fue en grado de tentativa. Si lo anualizamos estamos lejos de ese número ya que estamos más cerca del 9%, pero sirve a los efectos de trazar una referencia para indicar que con nuestra propuesta reduce mucho más los costos. Para trabajar con número redondos, si proyectamos 40 juicios por jurado anuales, dicho porcentaje representa 8 juicios por jurados en grado de tentativa. Con la ley vigente, estos 8 juicios a un promedio de 4 días equivalen a un costo de 53.067.437,92; por lo tanto, si los 40 juicios por jurados anuales equivalen a $ 265.337.189,6, modificando el artículo 2º de la Ley de Juicio por Jurado -vale decir, quitar las tentativas-, se lograría una reducción de tan solo un 19% aproximadamente, cuando nuestra propuesta ronda en una reducción del 85%».
«Por lo tanto -agregan, nuestro proyecto reduce el costo anual cerca del 85% a diferencia del proyecto oficial que oscila en el 19%. En otras palabras, al hipotético $265.337.189 conforme al artículo 46 hoy vigente que la provincia gastaría en juicio por jurados, conforme a los criterios económicos y matemáticos del proyecto oficial se le debe restar $53.067.437,92, o bien, los $230.937.189 (que es el producto de restar $265.337.189 menos $34.400.000 según nuestra propuesta). Volvemos a repetir, qué sentido tiene modificar el artículo 2º de la Ley de
Juicio por Jurado cuando solo reducís el gasto un 19%, cuando nuestra propuesta te permite reducir un 85%».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora