El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos desautorizó un proyecto presentado por el Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología de Entre Ríos en el marco de la discusión legislativa de una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiende a reformar la Ley de Juicios por Jurados.
La entidad que nuclea a los profesionales de la abogacía aclaró que “no es un proyecto institucional autorizado por este Colegio, por cual el mismo no cuenta con el aval de la institución”. Y planteó que el Instituto de Derecho Penal “carece de representatividad y facultades para presentar proyectos de leyes sin que ello sea previamente autorizado por el Consejo Directivo de la institución”.
“Los institutos que integran el colegio solo pueden colaborar con las autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos en la elaboración de la legislación en general y específica; brindar al Consejo Directivo información sobre el estado de la legislación, jurisprudencia y doctrina. Asimismo pueden Aconsejar al Consejo Directivo las publicaciones que estime pertinente, como también pueden colaborar con todas las actividades requeridas por el Consejo Directivo del C.A.E.R., y en especial a propender al mejoramiento de la legislación, dictaminando y presentando proyectos de leyes y demás trabajos de interés jurídico ante el Consejo, pero de modo alguno pueden presentar proyectos de forma autónoma dado que solo el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y sus secciones representan a sus matriculados y matriculadas conforme lo establecido en la ley 10.855 que rige nuestra colegiatura”, señaló.
Cuando se abrió el debate en torno a la reforma de la Ley de Juicios por Jurados Nº 10.746, “este Colegio convocó a todos los institutos a participar de la reunión de comisión, invitados a emitir un juicio técnico jurídico sobre el mismo, sin tomar posición, en un tema tan complejo y que involucra tantas aristas, por alguna de las distintas posturas o miradas que se tiene sobre el tema Juicio por Jurados. Ni la opinión ni la mirada de un Instituto puede ser esbozada como la mirada del Colegio dado que ninguna está por sobre otra”.
El Colegio de la Abogacía se presentó ante la Cámara de Diputados y pidió que “desestime el proyecto presentado y/o se tenga por no presentado por este Colegio de la Abogacía y/o alguno de sus órganos”.
La opinión del Instituto de Derecho Penal fue publicada por Entre Ríos Ahora.
«Los abogados y abogadas de toda la provincia que integran el Instituto de Derecho Penal junto a distintas entidades del país, en forma unánime se han manifestado expresamente en contra de este proyecto, el cual pretende consagrar una inconstitucional reforma al contrariar el artículo 118 de la CN y su progresividad, ya que, al momento de ponerse en funcionamiento una clausula o garantía de rango constitucional no se puede retrotraer», dicen.
Pero al considerar que uno de los argumentos para el cambio que propone el Ejecutivo tiene que ver con el costo económico de los juicios por jurados y para eso plantea la reforma del artículo 46º de la Ley de Juicios por Jurados, que actualmente tiene esta redacción: “Las personas que sean designados como integrantes de jurados titulares y suplentes, serán remunerados por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de juristas por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo el voir dire, que defina el Superior Tribunal de Justicia por reglamentación. Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) juristas por cada día de servicio”.
Luego de la reforma ocurrida en mayo de este año a la Ley Nº 7.046 de Aranceles de Abogados y Procuradores, el valor de cada jurista se ha incrementado exponencialmente, alcanzando en agosto del corriente año la suma de $51.823,63, es decir que a los 12 jurados titulares y a los 4 suplentes se le paga en total $ 1.658.357,44 por día. Teniendo en cuenta que un debate promedio insume 3 o 4 días, el costo de un proceso oscila -sólo de remuneración- entre $ 4.975.072,32 (3 días) y $ 6.633.429,74 (4 días), sin contar los viáticos.
Los abogados penalistas sostienen que ser jurado es una carga pública «que no tiene como eje generar una rentabilidad, sino que refiere al honor donde las personas contribuyen al
cumplimiento de la justicia. Pues bien, en esa línea el objetivo ese delegarle al Poder Ejecutivo la facultad de determinar la suma en pesos por día que recibirá cada jurado en consideración a los criterios de oportunidad y prioridades políticas sobre la base del presupuesto. Además, dicha consideración puede ser revisable cada seis meses».
El texto que elaboró el Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía plantea: «Retomemos, si la suma la reducimos, por ejemplo, a $15.000 por día por jurado, es decir que a los 12 jurados titulares y a los 4 suplentes se le paga en total $240.000 por día, teniendo en cuenta que un debate promedio insume 3 o 4 días, el costo de un proceso oscila -sólo de remuneración- entre $720.000 (3 días) y $960.000 (4 días), sin contar los viáticos. Por lo tanto, en el primer caso se logra una reducción del costo de un 67% y en el segundo caso un 56,7%. Si suponemos que anualmente se lleven a cabo aproximadamente 40 juicios por jurado –tomando como referencia los informes oficiales-, conforme a los números expuestos, estaríamos en un rango entre los $ 199.002.892,80 anuales a $ 265.337.189,6.
Según nuestra propuesta, se reduciría anualmente a un costo que oscile entre $ 28.800.000 a $ 38.400.000. Por la tanto la reducción anual oscilaría cerca del 85%».
Y apunta: «Más aún, según los informes oficiales las tentativas desde que se puso en marcha el juicio por jurado solo el 17,95% fue en grado de tentativa. Si lo anualizamos estamos lejos de ese número ya que estamos más cerca del 9%, pero sirve a los efectos de trazar una referencia para indicar que con nuestra propuesta reduce mucho más los costos. Para trabajar con número redondos, si proyectamos 40 juicios por jurado anuales, dicho porcentaje representa 8 juicios por jurados en grado de tentativa. Con la ley vigente, estos 8 juicios a un promedio de 4 días equivalen a un costo de 53.067.437,92; por lo tanto, si los 40 juicios por jurados anuales equivalen a $ 265.337.189,6, modificando el artículo 2º de la Ley de Juicio por Jurado -vale decir, quitar las tentativas-, se lograría una reducción de tan solo un 19% aproximadamente, cuando nuestra propuesta ronda en una reducción del 85%».
«Por lo tanto -agregan, nuestro proyecto reduce el costo anual cerca del 85% a diferencia del proyecto oficial que oscila en el 19%. En otras palabras, al hipotético $265.337.189 conforme al artículo 46 hoy vigente que la provincia gastaría en juicio por jurados, conforme a los criterios económicos y matemáticos del proyecto oficial se le debe restar $53.067.437,92, o bien, los $230.937.189 (que es el producto de restar $265.337.189 menos $34.400.000 según nuestra propuesta). Volvemos a repetir, qué sentido tiene modificar el artículo 2º de la Ley de
Juicio por Jurado cuando solo reducís el gasto un 19%, cuando nuestra propuesta te permite reducir un 85%».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora