María José Cuestas se encerró en el silencio. Este martes, frente al fiscal Juan Malvasio, se abstuvo de declarar.

Antes guardaron silencio Carlos Alberto Canosa, Alicia Susana Custas, Diego Aníbal Urba. Y se espera que lo mismo haga este viernes Mirta Graciela Gueler.

Sólo Juan José Canosa decidió hablar ante el fiscal Juan Malvasio, que lo investiga por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Pero puso una condición de hierro para hablar: que nada de lo que dijera se filtrara a los medios. Canosa, un funcionario que se caracterizó por el altísimo perfil mediático, ahora, contra las cuerdas de una investigación judicial que lo compromete, se ha vuelto silente.

El abogado Canosa dejó Sidecreer en medio de un escándalo,  y quedó frente a serias sospechas de enriquecimiento ilícito durante su paso por la tarjeta de crédito del Estado entrerriano.

No perdió, sin embargo, su ingreso del Estado.

El exgobernador Sergio Urribarri lo nombró en el área legal de la Cámara de Diputados. La esposa de Canosa también vive del Estado: es defensora oficial en el Poder Judicial, y quedó involucrada en la causa en un peculiar procedimiento.

La Justicia ordenó allanar el departamento de su madre, Sonia Montefiori, de donde secuestró documentación relacionada con Sidecreer.

Quién es quién

Canosa, Juan José, está imputado en la causa que investiga negociaciones incompatibles con la función pública. Y su clan familiar, como partícipes necesarios.

El puzzle se arma así:  siendo titular de Sidecreer, Canosa compró a su hermano, Carlos Alberto Canosa, a través de la suegra de éste, Mirta Graciela Gueler, un total de U$S 262.300 en indumentaria y uniformes para el personal de Sidecreer.

También compró a su cuñada, Alicia Susana Cuestas (pareja de Carlos Alberto Canosa), y a la hermana de esta, María José Cuestas, y al esposo de esta última, Diego Aníbal Urba (amigo personal de Juan José Canosa), a través de Excelcom SA otros U$S 635.000 dólares en insumos informáticos.

Mirta Gueler, suegra del hermano de Juan José Canosa, es la madre de María José y Alicia (presidenta y directora de Excelcom SA respectivamente), y es suegra también de Diego Urba, otro integrante de la sociedad anónima, amigo personal de Juan José Canosa y concuñado de Carlos Alberto Canosa.

En Tribunales sostienen que ese teje y maneje de Canosa con su familia y amigos está suficientemente probado. Su abogado, Raúl Barrandeguy, en cambio, descreer que se esté frente a una figura delictiva: en todo caso, ha dicho, las contrataciones con familiares y amigos podrían catalogarse como falta de moral, o, eventualmente, pecados.

Pero el fiscal Malvasio no atiende en el confesionario sino en Tribunales, la investigación avanzó por el lado del Código Penal.

Pero la Justicia no sólo averigua de qué modo su parentela, convertida en una pyme, facturó a Sidecreer.

Cerca de la Navidad de 2016, un grupo de diputados de Cambiemos –Grabriela Lena, Alejandra Viola y Esteban Vitor—le pidió al procurador Jorge García que investigue el crecimiento patrimonial de Canosa.

Con ínfulas de nuevo rico, el ex titular de Sidecreer, según los legisladores, disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, ha visitado los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus  hijas y una niñera,” todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”.

 

Asimismo posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida.

Más adelante, los legisladores señalan: “Las personas que han ocupado el cargo más elevado en Sidecreer en los últimos gobiernos siempre han sido fuertemente criticadas por su enorme crecimiento patrimonial. Ya sea el contador concordiense Nelio Calza o su sucesor Canosa”.

Los diputados también hicieron notar algo que denunció también el senador Raymundo Kisser (Cambiemos): la excesiva injerencia de las financieras en Sidecreer.

Todo eso, forma parte de otra causa, la de enriquecimiento ilícito.

Pero ahora, de lo que se trata es de investigar un delito, el de negociaciones incompatibles con la función pública. Y la Justicia cree tener ya la punta del ovillo en sus manos.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.