La causa que investiga el accionar del exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, sigue en movimiento. El lunes comenzó una pericia de relevancia, que podría desembocar en una nueva imputación para el exfuncionario: el posible delito ambiental.

La investigación sobre la posibilidad de que el exfuncionario haya cometido un delito contra el medioambiente y la salud de los habitantes comenzó por  una denuncia formulada por la agrupación ambientalista M´Biguá, que advirtió a los fiscales sobre la contratación de obras de provisión de agua potable en la provincia. Ahora, a pedido de la fiscalía, peritan caños secuestrados en las ciudades de Oro Verde y Ramírez, que habrían sido utilizados en la industria petrolera.

Según la denuncia, oportunamente comentada por Entre Ríos Ahora en octubre de 2016, los caños en estudio habrían sido traídos de la zona de Cuyo, de explotaciones de hidrocarburos, y reutilizados por las empresas que contrataba Obras Sanitarias en obras de provisión de agua potable extraída de pozos.

El fiscal Ignacio Aramberry señaló que “Criminalística está haciendo unas pericias sobre unos caños para determinar si tienen residuos de hidrocarburos. Son caños que secuestramos en el predio de Oro Verde y un trozo de caño que secuestramos en Ramírez”.

El fiscal explicó que en caso de que dé positivo la existencia de hidrocarburo, el siguiente paso será realizar estudios sobre el agua para conocer si ha sido contaminada.

Consultado sobre la posibilidad de que Righelato pueda ser imputado por delito ambiental, Aramberry indicó que “depende si el análisis del agua, que tiene vinculación con esos caños, nos da positivo de hidrocarburo. La pericia sobre el agua es más compleja y no la hace Criminalística”.

“Los informes apenas lo recibamos vamos a saber si es positivo de hidrocarburos y en ese caso ampliar pericias para el agua”, agregó el fiscal que investiga al exdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos.

Preguntado sobre si los caños que se peritan estaban siendo utilizados para la distribución de agua potable, Aramberry indicó que “el de Ramírez tenemos entendido que sí. Un trozo de caño que se secuestró en adyacencias del pozo de agua y el pozo fue justamente construido con esos caños. Vamos a tener que ir a ir a sacar muestras de agua”.

Delito ecológico

De comprobarse la existencia de restos de hidrocarburos en los caños y en el agua –sobre todo en el pozo de Ramírez- el exfuncionario podría quedar al borde de una imputación por  violar la Ley Nº 24.051, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

Dicha ley, en su artículo 55º y 56º, dice:

Artículo 55º. Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena seerá de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.

Artículo 56º. Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contamina”.

Cabe recordar que Righelato es investigado, además,  por su participación en al menos tres empresas que eran proveedores del Estado: Ecocien SA (conformada en 2014), Azul SRL (creada en 2011) y Tecno Geo SA (formada en 2009).

Los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull imputaron al exfuncionario  por los supuestos delitos de peculado de bienes y servicios y administración fraudulenta, pero podrían ampliar la imputación a negociaciones incompatibles o enriquecimiento ilícito. La quinta imputación por posible delito ecológico depende de los resultados de las pericias en los caños secuestrados en las ciudades de Oro Verde y Ramírez.

Righelato se encuentra en libertad desde el 7 de marzo del actual luego de que finalizara su prisión domiciliaria de 90 días, que inició en diciembre.
Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.