El gobernador Rogelio Frigerio anunció hoy la intervención del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) lo que supone el desplazamiento de los siete directos que habían sido elegidos por el voto directo de los afiliados en 2022.
«Mariano Gallegos se hace cargo de la intervención durante el plazo que la ley plantea. Esta intervención no es solo una medida de tipo administrativa, sino una respueta a más de un año de trabajo en donde con enorme dificultad la Comisión Fiscalizadora (de Iosper), y las auditorías que implementamos intentaron recabar información sobre el manejo de la obra social -dijo Frigerio al hace el anuncio este miércoles en Casa de Gobierno-. En esos meses, lo que quedó claro es la obstaculización permanente que sufrió la Comisión Fiscalizadora en su trabajo de tratar de poner luz donde había oscuridad. A pesar de esos obstáculos, quedó claro en los informes que recibimos las deficiencias prestacionales de nuestra obra social, el déficit creciente de $20 mil millones, con un déficit promedio de $2 mil millones por mes, sin contar la enorme cantidad de presaciones que se dilatan mes a mes, en áreas sensibles, como discapacidad y prótesis».
Dijo el Gobernador que lo que se detectó en Iosper es «la punta del iceberg», y al respecto aseveró que «hemos detectado muchas contrataciones de personal sin autorizcaion. El Tribunal de Cuentas ha iniciado nueve juicios de cuentas a los responsables del Iosper por mala rendición en tres años o por pagos irregulares a empresas prestadoras. Le hemos pedido a la Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos) que nos acompañen en una auditoría permanente mientras dure la intervención».
La Ley N° 5.326 de creación de Iosper habla respecto de la intervención. «El Instituto podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo cuando graven irregularidades administrativas técnicas o contables lo justifiquen dando cuenta al Poder Legislativo. La intervención no podrá durar más de seis meses, plazo dentro del cual se procederá a la designación de nuevas autoridades».
Mariano Gallegos, ministro Manuel Troncos, gobernador Rogelio Frigerio, subinterventora Marina Alegre.
El interventor designado es Mariano Gallegos, abogado especialista en Derecho Penal y en Derecho de las
Asociaciones sindicales. Fue representante legal de la Obra Social del Ministerio de Economía de la
República Argentina. Fue vicepresidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) entre
2009 y 2014. Fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social entre 2015 y 2019. Además, auditor legal de la Dirección General Impositiva (DGI) entre 1994 y 1997 y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 1997 y 2000.
En tanto, la subinterventor designada, Marina Mariana Alegre, es médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, con especialidad en pediatría y en terapia intensiva pediátrica, neonatología y
cuidados críticos. Tiene posgrado en administración y gestión hospitalaria. Hasta la fecha fue directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
El decreto de intervención ordenó «el cese» en sus cargos de todas las autoridades de Iosper, a excepción del gerente general, que fuera designado por el Poder Ejecutivo. Se trata de Carlos Lencina, farmacéutico, exintendente de Hernandarias, nombrado el 17 de enero de 2024.
También, a través del decreto Nº 172, del 22 de enero, el Poder Ejecutivo nombró a la Comisión Fiscalizadora de Iosper, integrada por el contador Juan Carlos Paludi, el médico Luis Ángel Beber -fue funcionario en Salud durante la última gestión de Sergio Montiel- y la abogada Daiana María Fiorella Moretti. El decreto de intervención no los nombra lo que supone su alejamiento al haber dispuesto la intervención de Iosper.
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La gestión que se va
En julio de 2022, luego de las elecciones, por unanimidad el directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) votó a sus nuevas autoridades. Entonces, el dirigente de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Isaías Fernando Cañete, fue elegido para una tercera gestión al frente de la obra social provincial. Estará en la presidencia por un nuevo período de 4 años.
Cañete llegó a la obra social provincial -la mayor prestadora de salud de Entre Ríos, con un universo de 300 mil beneficiarios- en 2014, para suceder a Silvio Alejandro Moreyra, salido de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), que dirigió los destinos de Iosper entre 2006 y 2014.
Como vicepresidenta, fue votada, también por unanimidad, la exsecretaria general de la seccional Diamante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Iosper), Adriana Hepp, que representa a los docentes en el directorio de Iosper, y que inició su segundo mandato. Hepp no tuvo competencia en las elecciones que se desarrollaron el último miércoles 6 para definir el nuevo directorio. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) había propuesto a Oscar Reato para competir, pero su lista no fue oficializada por falta de los avales necesarios.
Como vicepresidente segundo de Iosper fue votado Fabián Monzón, de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que representa a los trabajadores activos del Poder Ejecutivo, y que también va por su tercer mandato en el directorio de la obra social. En tanto, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Adrián Gómez, fue votado como vicepresidente del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde, y del que el Iosper es parte.
La representante de los jubilados en el directorio de Iosper, Clara del Valle Quintero, fue designada vicepresidente suplente del Cemener, en tanto que el policía Ángel Iuturria, tesorero.
Después de las elecciones, el directorio de Iosper, compuesto por siete integrantes, quedó conformado de la siguiente forma:
- Fernando Cañete, por la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer) y la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), reelecto.
- Adriana Hepp, representante de los docente, avalada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), reelecta.
- Adrián Gómez, por los municipales, proviene de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), reelecto.
- Clara Luz del Valle Quintero, por los jubilados, representa a la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos.
- Ángel Iturria, por activos y retirados de la Policía.
- Carina Alejandra Isaurralde, en representación de los trabajadores del Iosper.
- Fabián Monzón, por los activos del Poder Ejecutivo, en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), reelecto.
Intervención
El Iosper surgió en 1973 cuando se sanciona la Ley Nº 5.326. Durante más de dos décadas la administración de la obra social dependió del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.
En 1995, con la gestión del entonces gobernador justicialista Mario Armando Moine al frente de la Provincia se produjo el primer intento de cambio en la conducción de la obra social. A través del decreto Nº 3.870, propuso transferir la administración a sus beneficiarios. Así, se dispuso modificar la designación del presidente y la integración del directorio, y se propuso incluir representantes de los beneficiarios en la conducción. Pero la idea no se llegó a plasmar en la realidad.
Dos años después, el exgobernador Jorge Pedro Busti, por decreto Nº 3117 del 22 de setiembre de 1997, impuso un nuevo reglamento de elecciones «a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del Iosper a sus beneficiaros».
El 8 de mayo de 1998, la administración del Iosper fue delegada a los trabajadores. Desde entonces la gestión está a cargo de un directorio compuesto por siete miembros representativos de los trabajadores estatales -activos y pasivos- elegidos por voto directo de los beneficiarios.
Desde que empezó a ser administrada por representantes de los propios afiliados, el Iosper tropezó en más de una oportunidad en su administración, y eso derivó en la intervención del Ejecutivo. La última intervención fue dispuesta por el exgobernador Busti, en 2005, cuando nombró interventor a Miguel Sampietro, a quien luego sucedió Ricardo Rizzo. Pero en 2006 ya empezó a ser administrada de nuevo por los representantes de los estatales.
El actual presidente, Fernando Cañete transita su tercer mandato.
Llegó por el voto de los empleados de la Legislatura y del Poder Judicial en 2014 y fue votado para ejercer la presidencia, cargo que mantiene desde entonces. La primera reelección la consiguió en 2018; en 2022 aspira a conseguir un tercer período como miembro del directorio colegiado, integrado por 7 personas.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora