El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), pidió la reapertura de la denuncia que había efectuado contra el desplazado presidente del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Isaías Cañete, y contra su antecesor, Silvio Moreyra, que el Ministerio Público Fiscal había archivado. Ahora, basándose en el decreto que dictó el Poder Ejecutivo, que dispuso desplazar a Cañete y al directorio obrero de la obra social, y la designación de Mariano Gallegos como interventor, Rossi creyó encontrar nuevos argumentos para la apertura de una causa penal.

El petitorio, con el patrocinio del abogado Carlos Reggiardo, se presentó ante la fiscal Paola Farinó.

Pide la «reapertura de la investigación archivada provisionalmente», que se realice una «auditoría integral al Iosper», una «investigación patrimonial exhaustiva de Silvio Moreyra y Fernando Cañete, incluyendo bienes y cuentas bancarias en el extranjero», petición que incluye al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al exgobernador Gustavo Bordet.

Entre otros reproches, Rossi habla de que la obra social «enfrenta un déficit superior a 11.000 millones de pesos, acumulado a lo largo de varias gestiones debido al manejo negligente o doloso de los recursos. Este déficit ha derivado en la incapacidad de la institución para garantizar prestaciones esenciales, afectando directamente a miles de afiliados».

También menciona contrataciones «irregulares y sobreprecios: se detectaron contratos celebrados sin licitación ni competencia, beneficiando a empresas intermediarias, como Meditar S.A., con sobrecostos de hasta un 67% respecto a los precios del mercado».

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este miércoles la intervención del Iosper lo que supuso el desplazamiento de los siete directos que habían sido elegidos por el voto directo de los afiliados en 2022.

«Mariano Gallegos se hace cargo de la intervención durante el plazo que la ley plantea. Esta intervención no es solo una medida de tipo administrativa, sino una respueta a más de un año de trabajo en donde con enorme dificultad la Comisión Fiscalizadora (de Iosper), y las auditorías que implementamos intentaron recabar información sobre el manejo de la obra social -dijo Frigerio al hace el anuncio este miércoles en Casa de Gobierno-. En esos meses, lo que quedó claro es la obstaculización permanente que sufrió la Comisión Fiscalizadora en su trabajo de tratar de poner luz donde había oscuridad. A pesar de esos obstáculos, quedó claro en los informes que recibimos las deficiencias prestacionales de nuestra obra social, el déficit creciente de $20 mil millones, con un déficit promedio de $2 mil millones por mes, sin contar la enorme cantidad de prestaciones que se dilatan mes a mes, en áreas sensibles, como discapacidad y prótesis».

Mariano Gallegos, un dirigente del PRO, interventor en Iosper

 

Dijo el Gobernador que lo que se detectó en Iosper es «la punta del iceberg», y al respecto aseveró que «hemos detectado muchas contrataciones de personal sin autorizcaion. El Tribunal de Cuentas ha iniciado nueve juicios de cuentas a los responsables del Iosper por mala rendición en tres años o por pagos irregulares a empresas prestadoras. Le hemos pedido a la Uader (Universidad Autónoma de Entre Ríos)  que nos acompañen en una auditoría permanente mientras dure la intervención».

La Ley N° 5.326 de creación de Iosper habla respecto de la intervención. «El Instituto podrá ser intervenido por el Poder Ejecutivo cuando graven irregularidades administrativas técnicas o contables lo justifiquen dando cuenta al Poder Legislativo. La intervención no podrá durar más de seis meses, plazo dentro del cual se procederá a la designación de nuevas autoridades».

En julio de 2022, luego de las elecciones, por unanimidad el directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) votó  a sus nuevas autoridades. Entonces, el dirigente de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Isaías Fernando Cañete, fue elegido para una tercera gestión al frente de la obra social provincial. Estará en la presidencia por un nuevo período de 4 años.

Cañete llegó a la obra social provincial -la mayor prestadora de salud de Entre Ríos, con un universo de 300 mil beneficiarios- en 2014, para suceder a Silvio Alejandro Moreyra, salido de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), que dirigió los destinos de Iosper entre 2006 y 2014.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora