El vicario de justicia del Tribunal Eclesiástico de Santa Fe, el cura Alejandro Bovero, que en 2013 tomó intervención en la investigación canónica que se abrió sobre los abusos del cura Justo José Ilarraz, en el Seminario de Paraná, fue apartado del clero, y de todas las funciones que tenía en la curia santafesina, y no en buenos términos.
La primera novedad se había conocido a través de un sitio digital de Santo Tomé —SantotoDigital— cuando en febrero dio cuenta del reemplazo de Bovero de su función de párroco de la Sagrada Familia, de esa localidad: en su lugar, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, a la vez titular del Episcopado, designó al sacerdote Jorge Vázquez.
La noticia daba cuenta de que Bovero fue «apartado» de su función, y no «trasladado» a otra parroquia, y que el arzobispo Arancedo lo «habría invitado» al sacerdote que fue vicario de justicia en el Tribunal Eclesiástico a «reflexionar en su casa».

Su lugar como vicario de justicia fue ocupado por el sacerdote abogado Hugo Héctor Cappello.
Un miembro del clero santafesino contó a Entre Ríos Ahora  que Bovero «se enamoró» de una mujer, mantuvo una relación de años en secreto, y que cuando quiso terminar con esa historia habría recibido una respuesta que lo expuso: su enamorada envió fotos íntimas de ambos a varios feligreses.
Fue la piedra que desató el escándalo. La noticia sobre esas fotos íntimas entre el sacerdote y una feligresa llegó a oídos del arzobispo Arancedo, que decidió apartarlo. El asunto se resolvió como suele ocurrir dentro de la Iglesia: como no hay hijo fruto de esa relación, Bovero fue apartado del sacerdocio en forma temporal, y fue enviado a un período de «penitencia y reflexión».
Bovero fue el primer integrante del Tribunal Eclesiástico de Santa Fe, que tiene jurisdicción sobre la diócesis de Paraná, que comenzó a tramitar la causa Ilarraz. En 1995, cuando el entonces arzobispo Estanislao Karlic abrió un proceso a Ilarraz, sólo llevó adelante un proceso adminsitrativo que después derivó a Roma, pero en ningún momento dio intervención a la justicia eclesiástica local.
Ese camino recién comenó a transitarse en 2013. La primera intervención que tuvo Bovero fue a partir de una presentación que hicieron los entonces querellantes en la causa Ilarraz, Marcelo Baridón –ahora camarista– y Álvaro Piérola –hoy fiscal–: fue un pedido de investigación a Ilarraz por violación al sexto mandamiento, “no cometerás actos impuros”. Pero en casa de herrero, cuchillo de palo: ahora Bovero quedó involucrado en la misma situación.
La petición de Baridón y Piérola se apoyó en el texto del canon Nº 1.395 del Código de Derecho Canónico, que establece que el sacerdote “que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical”.
Ilarraz nunca fue suspendido. Lo apartaron recién en 2012, cuando la Justicia civil empezó a intervenir con una denuncia penal que acumuló siete denuncias por abuso a menores.
De esa investigación no se tuvo noticias hasta que en abril de 2016 las víctimas recibieron una notificación desde el Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires, anoticiándolos de la apertura de otra investigación sobre el cura Ilarraz. Declararon el 2 de mayo de 2016, en las oficinas del Tribunal santafesino, pero de todo eso no tuvieron más noticias.
Fabián Schunk, una de las víctimas que declaró, recuerda que la última vez que tuvo contacto con Bovero recibió un trato frío y distante del cura. «Cuando fuimos a pedir la intervención del Tribunal, no nos recibió. Tuvimos que dejar el escrito en mesa de entradas –recordó–. Después, cuando pasó un tiempo, quisimos saber cómo iba todo, fuimos hasta su parroquia, y nos atendió de parados, sin siquiera invitar a sentarnos. Quedamos en seguir por teléfono. No dijo que cualquier novedad, nos llamaría. Pero nunca nos llamó».

 

 

Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.