El miércoles 11 del actual el Obispado de la Santísima Concepción, en Tucumán, dio a conocer la noticia. La noticia decía esto: que el Vaticano “ha dispuesto la expulsión del estado clarical” del cura Justo José Ilarraz, condenado en 2018 por la Justicia de Entre Ríos a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.
Desde entones, desde 2018, el cura está con arresto domiciliario en un edificio de departamentos de calle Corrientes al 300, en Paraná, a la espera de que aquella condena quede firme. Se discute en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un planteo de prescripción. De lo que no quedan dudas es de que Ilarraz corrompió la integridad sexual de niños que cursaban como pupilos la escuela secundaria en el Seminario, y de que todo eso lo supo la cúpula de la Iglesia de Paraná y no hizo nada.
En 2019, un año después de la condena en primera instancia, la Cámara de Casación Penal de Paraná produjo un fallo que sentenció el silencio eclesiástico ante los abusos de niños.
Lo hizo con un duro reproche a la Iglesia Católica de Paraná por haber encubierto los abusos del cura Justo José Ilarraz, a quien pretendió someter a una investigación canónica que, al final, resultó una parodia, según el durísimo pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que con el voto del juez Alejandro Joel Cánepa rechazó la vía pretendida por el defensor del sacerdote, Jorge Muñoz, de apelar a la prescripción y solicitar así la anulación de la condena a 25 años de cárcel que le impusieron en 2018.
Aunque Casación confirmó el fallo de primera instancia y rechazó los planteos del defensor de Ilarraz, el cura no irá de momento a la cárcel por cuanto la sentencia no adquirió firmeza. Por ese motivo, seguirá con arresto domiciliario.
Cánepa sostuvo que las víctimas vivieron una verdadera defraudación de su confianza y de sus expectativas, por parte de las autoridades del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, adonde habían ido a formarse para el sacerdocio, y también de la Iglesia, al verse desprotegidos de los abusos de Ilarraz, “ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y/o educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”.
Destaca luego el carácter “secreto” que tuvo la investigación canónica ordenada en 1995 por el entonces arzobispo Estanislao Karlic sobre las denuncias por abusos cometidos por Ilarraz y dice: “Las personas a quienes les fue confiado el ´secreto´ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”. Y agrega: «Ese mantener en secreto lo sucedido a las víctimas de autos, no es una cuestión casual, sino que fue sin lugar a dudas un acto de ejercicio de poder de parte de quienes detentaban las jerarquías eclesiásticas que he señalado (Karlic y el arzobispo actual Juan Alberto Puiggari), más preocupados por una situación de prestigio institucional, que de lo sucedido a los niños”.
“Ese acto de hermetismo defendía y permitía, no solo la supervivencia y protección de Ilarraz, sino además el ´prestigio´ del Seminario y de la Iglesia Católica, fomentándose una suerte de penumbra sobre el tema. Prueba de ello, es que en las jornadas de Mariápolis del 15 y 23 de septiembre del 2012, si bien llevada a cabo por los sacerdotes del decanato III luego del conocimiento periodístico del tema, aún existía un sector importante de sacerdotes que se interesaba solamente en el mantenimiento de tal prestigio. En este sentido, no puedo dejar de citar la declaración de (el sacerdote) Norberto Agustin Hertel, quien señala respecto de dicha reunión celebrada en Mariápolis, en cuanto narra las discusiones en torno al tema y que ´después salta el vocero de prensa del arzobispado Ignacio Patat, que había que cuidar al obispo y si había que caer los demás, había que caer´ y más adelante señala ´Puiggari solo se preocupó por la madre de Ilarraz, que la consolara porque era muy mayor, pero de las víctimas nada se habló´. También es importante en tal sentido la declaración testimonial de José Francisco Dumoulin: ´Expresa que deja el Ministerio a raíz de esa causa, que empezaron a venir las diferencias con Puiggari, me traslada a Villaguay a comienzos del 2013, pero siguieron las diferencias y en el año 2015, surge otra situación similar con otro sacerdote denunciado por abuso, que era el Padre Moya y esto agravó la situación de tensión con Monseñor Puiggari y desanimado y desencantado por este manejo no adecuado, por lo menos a mi modo de entender, es que decidí tomar distancia del Ministerio y hace pocos meses pedí la dispensa del Ministerio después de un año de Licencia´. No son menores los dichos de Gustavo Javier Mendoza, quien señala que ´de los abusos me entero con mucha fuerza en la reunión de Mariápolis en el 2012 y de rumores me entero en el Seminario, pero nunca indagué en el Seminario, se comentaba que había pasado algo turbio, no se decía nada con claridad ni siquiera en la reunión de Mariápolis; siempre se habló de supuestos; una manera triste de manejarse hacia adentro de la Iglesia´», subraya el pronunciamiento del magistrado.
Así, Cánepa -en un fundamentado voto al que adhirieron los vocales Cristina Lía Van Dembroucke y Dardo Tórtul- puso de relieve que como consecuencia de ello, “los actos del cura condenado fueron cubiertos por personas a las que les cabían no solo las obligaciones propias de todo garante por encontrarse al cuidado de aquellos niños, sino a las de toda autoridad educativa, ya que los hechos fueron cometidos en un instituto incorporado a la educación estatal bajo una forma de gestión privada a cargo de la Iglesia Católica, pero bajo la supervisión de organismos estatales, quienes tenían también derecho y la obligación de conocer lo que allí sucedía para poner el tema a consideración de la Justicia y/o de los padres de esos menores. Entre ellos, surge de las constancias de la causa, que autoridades del Seminario y de la Iglesia Católica local de entonces, como Puiggari -por entonces Prefecto y luego Rector del Seminario- y Karlic -por esa época, arzobispo de Paraná-, no brindaron el apoyo debido a aquellas víctimas de los abusos sexuales perpetrados por Ilarraz, sirviéndose (Karlic) de aquella denominada ´investigación canónica´ , llevada adelante en el reservadísimo ámbito del arzobispado local, para parodiar una supuesta contención a las víctimas, a la vez que mantenía sus denuncias -y los hechos- en el más absoluto secreto”.
Resaltó que tras esa investigación canónica, Karlic le aplicó una sanción a Ilarraz por los abusos cometidos en el Seminario, pero a pesar de ello “no se le impidió a Ilarraz que continuara ejerciendo el sacerdocio, que era lo que específicamente las víctimas le habían pedido a Karlic”. Y agrega: ”En definitiva, por hechos que el Código Penal vigente en 1989/1992 definía como delitos calificados y reprimía con hasta 20 años de prisión (violación cometida por un sacerdote), Ilarraz recibió como sanción el destierro vicarial y un mes de lo que hoy puede concebirse como una ´prisión domiciliaria´, en una parroquia ´a designar´ por Karlic, con el claro y para nada velado propósito de quitar a Ilarraz de la escena local, no para el resguardo o en beneficio de las víctimas, sino para evitar el escándalo que su torcida conducta podía generar en la comunidad católica local”.
Luego analizó el modo cómo se llevó adelante la investigación canónica, y sostiene que “nada de lo denunciado llegaría jamás a oídos de autoridad alguna, debiendo los denunciantes confiar y dejar todo en las manos de la iglesia”.
Citó una afirmación del cura Silvio Fariña, encargado de investigar a Ilarraz, quien el 22 de octubre de 1995 planteó que «la persona del posible reo (Ilarraz) no está ya en la diócesis aunque sigue incardinado en la misma y, si no cambió de parecer, pensaría regresar una vez terminados sus compromisos en aquella donde reside actualmente. Traerlo para un juicio parecía imprudente ya que el asunto tratado era muy delicado y la animosidad en contra del acusado por parte de las posibles víctimas hacía prever un más que posible escándalo. Sin embargo, había que tomar medidas acerca de este asunto, por el cargo que desempeña hoy el acusado en aquella y para evitar más trastornos en lo sucesivo, si es que el acusado pretendiera volver. (…) El único paso que no se dio es el de tomar declaración al posible reo por no estar en Paraná y por no ser prudente su regreso. Dicha actuación se la encomendó a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe destinataria de todo lo actuado, y nos poníamos a su disposición para los siguientes pasos que hubiera que dar, solicitando instrucciones pero previendo también que no considerábamos prudente ni necesarios más trámites en Paraná ni en la Argentina. (…) Lo que pedimos es que se tome declaración al acusado que está en aquella. Seguimos no la vía judicial sino la señalada por la instructio porque así se nos indicó. Si esta no es la manera apropiada por no ser cierta la vigencia de la instructio por favor digannosló. Sin embargo pedimos también que si hay algún camino para evitar el juicio en la Argentina por favor nos lo indique».
Canepa concluyó que todo quedó “en el más absoluto secreto, negándole incluso toda información al respecto a los propios denunciantes”. De lo analizado, sostiene el magistrado, “surge palmario el incumplimiento de Karlic como garante y jefe de la Iglesia local, y como representante del titular de la escuela El Seminario -el arzobispado-, cuando refiere por escrito al Tribunal de Juicios que ´en la denuncia ante la justicia civil tenían prioridad los padres y el interés superior de los jóvenes, dada la naturaleza de los hechos´, dado que nunca, en ningún momento de la estadía de los denunciantes en el Seminario, ni durante la instrucción de la investigación canónica, ni mucho menos luego de que Ilarraz ´confesara´ los hechos y aquel fuera ´sancionado´ por Karlic, se citó a los padres de esos menores de edad para comunicarles lo que estaba ocurriendo con sus hijos por parte de un sacerdote de la Iglesia local y profesor de aquella casa de estudios; por lo que nunca se tuvo realmente en cuenta el interés superior de aquellos, ni su opinión (ya que lo único que querían era que Ilarraz no sea más cura, lo cual NO sucedió), nunca se les explicó cuáles eran los caminos procesales que podían recorrer, nunca se les dio el apoyo y la confianza suficiente para encarar dicha situación con sus propios padres, ni se los puso a éstos últimos en «situación» de lo que ocurría, así como tampoco se tuvo nunca la verdadera voluntad de que el caso fuera sometido a cualquier ámbito de investigación y/o juzgamiento por fuera de los claustros católicos”.
“La misma actitud que se advierte aquí de Karlic, cabría también para Puiggari, puesto que él fue -como docente y autoridad (´Prefecto´) de la escuela a la que asistían los jóvenes (el Seminario)- uno de los primeros en tomar conocimiento y contacto con las denuncias, por boca del propio Rausch -según lo testimonia éste-, pero también quien participó de toda la investigación diocesana y de las entrevistas a los jóvenes abusados, eligiendo él también el camino del secreto, del sigilo y de la reserva. Tan grave ha sido el trato que se les brindó a aquellas víctimas durante, y posteriormente, a la investigación canónica referida, que ello aun hoy podría generar responsabilidades internacionales del Estado argentino, sin importar que no se trate de actos cometidos por sus funcionarios, en cuanto no se respetó -de ninguna manera ni forma posible- ninguno de los cánones o estándares legales y/o jurisprudenciales vigentes entonces, que garantizan los derechos de los menores a ser oídos en cualquier proceso que los tenga como protagonistas, ni -mucho menos- su interés superior”.
En su primera declaración en la Justicia en la causa Ilarraz, Karlic dijo que supo de los abusos de Ilarraz cuando ordenó investigarlo, en 1995. Esa investigación concluyó en 1996, con el testimonio de cuatro víctimas y de varios testigos, y la aplicación de la sanción del destierro para Ilarraz. “Como consta en la documentación entregada, al Pbro. Ilarraz se le puso como pena la prohibición de estar en el territorio de la Arquidiócesis, ejercer el ministerio en ella y tener contacto con los seminaristas. Esta medida se tomó como consecuencia de que se dieron por acreditados los hechos denunciados, que fueron admitidos por el Pbro. Ilarraz ante mí y de los cuales me expresó su arrepentimiento”, dice la declaración por escrito de Karlic.
Ilarraz pidió perdón ante Karlic. Respecto de los abusos, dijo el cardenal que Ilarraz en principio “los negaba absolutamente, más tarde admitió su responsabilidad y pidió perdón».
En su segunda declaración, durante la sustanciación del juicio a Ilarraz, Karlic reveló: “El pedido de perdón lo hizo en relación a los hechos que se le imputaban sobre su relación con algunos seminaristas. Reconoció su culpabilidad en los hechos”. El cardenal se reunió varias veces con el ahora condenado. “Me reunía con él en mis frecuentes viajes a Roma durante esos años y conversábamos mucho. No apliqué, según recuerdo, un protocolo, sino que actué sobre la base de una relación propia de un obispo con un sacerdote de su diócesis. Él estaba ciertamente al tanto de lo que acontecía aquí y de hecho respondió a los requerimientos que se le hicieron desde el Vicariato de Roma y accedió a hacer la pericia psiquiátrica que allí aconsejaron. También luego escribió la confesión pública conocida”.
Ni entonces ni ahora hubo pronunciamiento público de la Iglesia en torno a su rol de silenciamiento de los abusos de Ilarraz.
Ahora, de forma fría, reposteó el comunicado del obispado de Concepción, Tucumán, con la novedad sobre la decisión del Vaticano de echar a Ilarraz.
Como si Ilarraz hubiera sido un extraño, y no una pieza clave en el andamiaje de funcionamiento del Seminario, la casa de Dios donde se cometieron los abusos a menores.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora