El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) realizó, al inaugurar el año judicial 2025, el miércoles 26, un repaso de las actividades hechas en el Poder Judicial de Entre Ríos, pero se detuvo en varios pasajes en plantear demandas y destacar lo que falta.
“Destacamos y agradecemos a la Legislatura que a fines de 2024 aprobó la Ley 11.185, por la cual se asignaron 70 nuevos cargos al Poder Judicial. Se trata de un avance significativo, aunque es importante señalar que nuestro pedido inicial, basado en un estudio serio y responsable del 2023, contemplaba la necesidad de 152 cargos para garantizar un servicio de justicia acorde a las demandas actuales. La mayoría de estos nuevos puestos serán asignados a profesionales integrantes de equipos técnicos para cumplir con la normativa vigente, que exige un seguimiento especializado en casos de violencia, tanto de género como doméstica. Si bien la cantidad de cargos aprobados no es la que se solicitó originalmente, entendemos que, en el actual contexto, representa un paso adelante. Tenemos la obligación de seguir insistiendo en la necesidad de completar el resto de los cargos, ya que la crisis social y económica que atraviesan la provincia y el país hace más urgente que nunca contar con una estructura judicial fuerte, capaz de brindar respuestas eficaces a la ciudadanía”, dijo Portela.
También mencionó la parálisis de la obra pública que impide a la Justicia bajar el costo en alquileres. “Siempre con la aclaración de que me voy a detener en lo más importante, dentro de lo pendiente y lo proyectado, en primer lugar, debo hacer referencia obligadamente al presupuesto y más específicamente a lo que tiene que ver con obra -dijo-. Es de conocimiento público que el gobierno nacional restringió de manera significativa las transferencias a las provincias y esto tuvo un impacto directo en nuestra obra pública. Según lo informado por la cartera de Hacienda del Poder Ejecutivo, los fondos recibidos se destinaron exclusivamente a cubrir necesidades urgentes”.
Señaló además que en este momento sólo se ha podido “avanzar en la construcción de 4 juzgados de paz, otras obras menores y tareas de mantenimiento, mientras aguardamos la normalización de la situación, ya que el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de asignar fondos a mediados de este año para la continuidad de proyectos de mayor envergadura. La concreción de estos proyectos no sólo permitirá mejorar la infraestructura para brindar un mejor servicio, sino también generar un importante ahorro en costo de alquileres”.
Sobre ese punto, agregó: “Estamos muy por detrás en materia de infraestructura judicial, y este no es un problema reciente ni atribuible exclusivamente a la administración actual. Históricamente se nos ha relegado en el acceso a recursos para obtener instalaciones adecuadas que respondan a las exigencias de la población. Es un reclamo justo pero más que nada necesario, porque una justicia deteriorada no genera respeto en la ciudadanía ni motiva a los empleados, que ya de por sí cumplen una función desgastante”.
Luego, punteó las deudas de la Legislatura de Entre Ríos con la Justicia:
- ”La presentación de un proyecto de ley ante la Legislatura denominado `de remanentes financieros`. Se trata de una herramienta que permite trasladar fondos no ejecutados de un ejercicio presupuestario al siguiente, evitando realizar gastos apresurados antes del cierre o incurrir en subejecución presupuestaria cuando hay necesidades en otras áreas.
● “La solicitud, a la legislatura, de autorización para crear un fondo anticíclico, que permita destinar reservas en períodos de bonanza para ser utilizadas en tiempos de crisis. La Corte Suprema cuenta con esta posibilidad y ha demostrado ser de gran ayuda en momentos complicados. Como en cualquier economía doméstica, se intenta obtener un poco de previsibilidad para poder cumplir con obligaciones futuras y evitar eventuales reclamos judiciales a la provincia”. - “La Legislatura también tiene pendiente de tratamiento nuestra propuesta de implementar un canon al agente financiero por el empleo que hace de modo gratuito del dinero depositado en las cuentas judiciales. Se basa en la experiencia de otras jurisdicciones; se instrumenta por ley y se propone percibir del agente financiero un porcentaje de los montos depositados. Sólo para que se tenga una dimensión del asunto, basta mencionar que el poder judicial tiene depositados en el agente financiero la suma aproximada, a la fecha, de 32.000 millones de pesos. Esa cifra solamente tiene como demérito el encaje que determina el banco central”.
- “Se encuentra pendiente de tratamiento en la Legislatura el proyecto remitido para incluir la oficina de gestión única en la ley orgánica. Esta oficina se puso en marcha por el Tribunal haciendo uso de las facultades de organización que tiene del trabajo y ha demostrado ser de gran utilidad en el fuero de familia. Ahora se necesita la reforma de la ley para regularizar esa situación, que originalmente fue una prueba, pero ahora debe incorporarse a la norma”.
- “En relación al financiamiento de los juicios por jurados, el Tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo que, esperamos, tenga resultados en un plazo relativamente corto. Este mecanismo es fruto del trabajo conjunto con la Fiscalía de Estado”.
- “No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que la Legislatura aún tiene pendiente el tratamiento de la solicitud de creación de Juzgados de Familia en las cuatro ciudades más grandes de la provincia. La necesidad de estos organismos es urgente, dada la creciente complejidad y el aumento exponencial de los conflictos familiares. El Estado entrerriano mantiene una deuda con sus ciudadanos en esta materia, ya que los Juzgados de Familia actuales no cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda diaria. Además, es importante señalar —como ya lo expresé en reuniones con legisladores— que esta omisión podría derivar en casos de responsabilidad estatal, tanto a nivel nacional como internacional”.
- “De igual modo, también quiero recordar que se encuentra pendiente de tratamiento en la Legislatura la creación del Juzgado del Trabajo solicitado para Concordia y del Juzgado Penal pedido para La Paz”.
- “En relación al financiamiento de los juicios por jurados, el tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo que, esperamos, tenga resultados en un plazo relativamente corto. Este mecanismo es fruto del trabajo conjunto con la Fiscalía de Estado”.
- “En el ámbito de la justicia penal se realizaron 34 juicios por jurados, una cifra significativamente superior a la proyectada originalmente en la legislatura al momento de sancionarse la ley, que era de 14 juicios anuales. Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado el costo promedio, a 2024, fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9.4 millones de pesos. Como todos saben, en la legislatura hay pendiente de tratamiento una propuesta de reforma de la ley que realizaron este tribunal y los ministerios públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora