La dura pelea desatada entre los jueces y los abogados en torno a la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales escaló a límites insospechados.
La decisión de algunos magistrados de los fueros civil y laboral de regular honorarios por debajo del mínimo que establece la ley motivó la airada reacción del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que a través de su Observatorio de Honorarios envió notas a todos y cada uno de los jueces y camaristas, alertándolos de que estaban incumpliendo una norma.
Anoticiados de esa petición, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que encabeza Alejandro Cánepa, envió una carta a la presidenta del Colegio de la Abogacía, María Marta Simón, y le enrostró que esas comunicaciones lindaban con los aprietes y rozaban la figura penal de “coacciones”.
El «apriete» de los abogados que desató la furia de magistrados
En el incidente terció la conducción provincial del Colegio de la Abogacía que le enrostró a la Magistratura el “ataque institucional, digital y moral” que recibió la presidenta de la institución, María Marta Simón. Y les recordó que la entidad había salido en defensa “del ejercicio profesional de los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley”.
“Las observaciones realizadas por este Colegio respecto a la aplicación de la Ley 11.141 responden al legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente y jamás pueden interpretarse como un `apriete` o coacción”, añade.
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Y le reprocha a la entidad que nuclea a los funcionarios judiciales que su posicionamiento incluye “dos hechos de suma gravedad institucional y personal: en rimer lugar, la recepción de una nota institucional de tono intimidante, dirigida tanto a la Presidencia como al Colegio, en la que se formulan imputaciones infundadas y de extrema seriedad, tales como haber `apretado` a jueces, haber incurrido en coacción agravada y ejercer supuesta violencia simbólica, además de anticipar una eventual remisión al Tribunal de Disciplina”.
María Marta Simón, presidenta del Colegio de la Abogacía; Alejandro Cánepa, titular de la Asociación de la Magistratura.
Y además, “la inmediata y coordinada difusión de dicha nota en diversos medios digitales con línea editorial afin, donde se replicó el contenido acompañado de la imagen personal de la presidencia del CAER; junto a titulares agraviantes como `escándalo institucional`, `habría incurrido en faltas éticas graves` o `aprieta jueces`. Esta operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, no sólo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo. Lejos de ser una simple diferencia de criterios, lo ocurrido representa un intento de censura y disciplinamiento que vulnera el libre ejercicio de funciones gremiales, atenta contra la libertad de expresión institucional y afecta de manera directa el derecho al honor y al trabajo de una profesional que vive de su ejercicio cotidiano”.
Luego, agregan: “Advertimos que, de persistir este tipo de ataques personales e institucionales, se adoptarán de inmediato todas las medidas legales, gremiales y políticas necesarias para resguardar la integridad, el rol y el respeto debido a las autoridades electas por la abogacía entrerriana”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora