El director general de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, se mostró asombrado por el tiempo que ha tomado ordenar la situación de la chatarrería ubicada en Avenida Circunvalación y Churruarín, en Paraná, perteneciente a la familia de la concejal de La Libertad Avanza Romina Todoni, clausurada en marzo último por la Justicia.
Ninguna de las sucesivas resoluciones judiciales han logrado resolver el intrincado proceso de ordenamiento.
El 31 de marzo de 2025 la jueza Gabriela Teresita Mastaglia, vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial, dispuso la clausura del establecimiento y encomendó a la Municipalidad de Paraná a colocarle la faja de clausura y a la Policía a custodiar siguiera operando.
De entonces hasta ahora nada ha cambiado. Las 3E SRL, la firma comercial que opera la chatarrería, batalló cuanto pudo por mantenerse en el lugar y sostener operativa a la empresa. Presentó un plan de ordenamiento y traslado de los residuos acumulados en un predio de 37 mil metros cuadrados que fue rechazado por la Justicia.
En junio último, la jueza Mastaglia le impuso una multa de $200 mil diarios hasta que se cumplan el plan de relocalización total de la chatarrería, monto que también incluirá los días feriados.
Además, dispuso «la vigilancia por personal policial de la planta de tratamiento y residuos ubicada en Avenida José Hernández Nº 2561 de esta ciudad de Paraná durante el plazo de un mes a los fines de garantizar el cumplimiento de la clausura dispuesta, evaluándose al vencimiento de dicho plazo el mantenimiento de la medida».
“Para nosotros resulta bastante preocupante cómo se han ido alargando los tiempos en relación a esta situación. La clausura dispuesta por la justicia provincial, por la jueza Mastaglia, está firme. De hecho, hay una faja de clausura en el predio donde se encuentra la chatarrería de Todoni en circulación, pero más allá de esta situación, lo cierto es que persiste el incumplimiento de las cuestiones restantes que también dispuso la misma jueza ya en varias oportunidades”, dijo Gómez.
Luego, afirma: “Lamentablemente, parece un cuento de nunca acabar. Persiste la manda judicial que dispone la clausura. En primer lugar, que todo lo acopiado a lo largo de los años en el interior del predio de la chatarrería tiene que ser retirado del lugar y dispuesto de manera correcta y de manera segura conforme lo establece la normativa vigente. Y además la actividad no puede continuar desarrollándose en esas mismas inmediaciones. Lo cierto es que hasta acá la firma comercial, que es la responsable del lugar y que es la responsable de cumplir con lo que la Justicia ha establecido y ha mandatado, poco ha hecho para adecuarse a lo que la jueza Mastaglia ha dispuesto. Es más, permanentemente presenta apelaciones en sede judicial con el objeto de ganar tiempo, lo que constituye una maniobra dilatoria, y además en sede administrativa, en el expediente o en los expedientes que venimos llevando adelante en la Secretaría de Ambiente, se hacen presentaciones que nunca van a atender el fondo de la cuestión, que es la presentación de un plan de retiro efectivo y de disposición final segura”.
Pero los problemas en la Justicia de la concejal libertaria no se agotan en el fuero civil. “Hay dos instancias penales, dos investigaciones preliminares abiertas –aporta el funcionario-. Una por desobediencia judicial reiterada en el ámbito de la Justicia provincial, y otra por infracciones repetidas a la Ley de Residuos Peligrosos, que es de jurisdicción federal. Por lo cual, son dos expedientes que están abiertos. Nosotros, desde la Secretaría de Ambiente, hemos puesto a disposición de ambos fiscales toda la documentación y todos los antecedentes pertinentes. Hemos aportado las testimoniales que nos han requerido, tanto a funcionarios del área como a personal técnico que viene trabajando desde hace muchos años en este tema, como en otros tantos temas que suceden en distintos lugares de la provincia. Por lo cual, hemos puesto a disposición de la Justicia todo lo que se nos ha requerido. Estamos esperando una actitud un poco más firme de parte de los fiscales, que son los que tienen que liderar este proceso y establecer las responsabilidades correspondientes”.
-¿Ustedes han constatado o hay sospechas de que allí se alojan residuos peligrosos?
-Hemos constatado que hay restos de residuos peligrosos o de residuos asimilables con peligrosos en las inmediaciones del predio. Esto se comprobó en la última inspección que se hizo en marzo de este año, donde además se nos impidió el acceso a las instalaciones de la chatarrería. Éramos un equipo de trabajo conjunto, con representación tanto de la Provincia como de la Municipalidad, todos munidos de las identificaciones correspondientes, así que el argumento de que no sabían quiénes éramos las personas que estábamos tocando a la puerta de la chatarrería queda totalmente descartado. No solo se nos impidió el acceso al predio, sino que además se desconoció nuestra autoridad como ente de control y de fiscalización ambiental. Y tampoco nos fue factible o posible tener conocimiento cabal, o por lo menos que se aproxime lo mejor posible, para establecer, aunque sea de forma aproximada, cantidades, tipos de residuos, corrientes de residuos, que de lo que está allí dentro, efectivamente se puede comercializar para reciclar, y que de lo que está allí dentro, por tratarse de residuo peligrosos o de residuo en contacto con elementos de alta peligrosidad, no se pueden, digamos, más que mandar a una disposición segura, a una disposición final, para lo cual deben intervenir operadores que estén debidamente habilitados.
-¿De qué tipo de residuos se habla?
-Estamos hablando de elementos y materiales con componentes tóxicos, con un alto grado de peligrosidad, y de hecho, venimos de imponer una sanción millonaria de más de 40 millones de pesos a una firma o a una persona a cargo de un emprendimiento comercial en la zona de Aranguren, sobre la ruta 12, por juntar durante muchos años miles y miles de envases vacíos de fitosanitarios para chipearlos y después reciclarlos. O sea, claramente estos elementos que después terminan ilegalmente en el circuito de reciclado, pueden terminar en la mesa o en la casa de cualquiera de nosotros, desde el desconocimiento total y absoluto. Entonces, también es eso lo que estamos queriendo combatir en este caso, donde, bueno, esta chatarrería hace las veces de una verdadera bomba de tiempo en términos ambientales y de riesgo para la salud de las personas, que es lo que justamente los vecinos plantearon ante la justicia, y la justicia les dio la razón.
-¿Cuál es la instancia que sigue?
-La Justicia nos ha requerido, con buen criterio considero yo, un trabajo articulado y conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de Paraná, cosa que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses. De hecho, hemos analizado las implicancias de la última resolución de la jueza Mastaglia. Allí, la Municipalidad de Paraná planteaba la posibilidad de diseñar o estructurar una suerte de proceso licitatorio que permita la participación de operadores privados debidamente habilitados para que puedan hacerse de los residuos y darles un destino final seguro y en cierta forma cobrarse, por decirlo de alguna manera, a la hora de ejecutar esta propia acción. Por supuesto que esto no es posible de llevarlo adelante sin una debida autorización judicial en el expediente, por lo cual deberá ser la jueza, entendemos nosotros, que disponga la figura que entienda que corresponde para desapoderar a la firma comercial de la chatarrería. Insisto que más allá de los avances en sede administrativa que estamos impulsando de forma conjunta entre la Provincia y el Municipio, claramente necesitamos también otras definiciones de parte de la Justicia que está interviniendo en este caso, sobre todo cuando hay fiscales y jueces que vienen siguiendo y que están en pleno conocimiento de todo esto que está pasando y que yo estoy describiendo, más allá de las responsabilidades que me competen circunstancialmente por el rol de funcionario.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora