La causa penal que involucra al cura Juan Diego Escobar Gaviria será la segunda que pondrá a un miembro del clero paranaense a las puertas de un juicio oral.

El fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, trabajó durante la noche del martes en la finalización del escrito de remisión a juicio oral de la causa por abusos a menores que involucra al cura Escobar Gaviria, que fue párroco de San Lucas Evangelista, de Lucas González, entre 2005 y finales de octubre de 2016.

Uriburu tiene previsto que este miércoles por la mañana el escrito sea revisado por el fiscal coordinador de Gualeguay, Dardo Tórtul, y de no haber contratiempos, sobre el mediodía lo presentaría en el despacho del juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta.

Será el segundo sacerdote que en la Iglesia de Paraná queda a las puertas de un juicio. El 17 de agosto de 2016, el juez de Transición Pablo Zoff elevó a juicio la causa de abusos que involucra al cura Justo José Ilarraz. Claro que recién a comienzos de noviembre último se constituyó el tribunal que juzgará a Ilarraz, y que integran Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay.

Los jueces tienen previsto sentar en el banquillo a Ilarraz en agosto próximo, un año después de la elevación a juicio.

En forma contemporánea, Escobar Gaviria sigue el mismo camino.

El cura está ahora en prisión. El viernes 21 de abril el juez Acosta le dictó preventiva por 20 días, medida que tras la apelación de los defensores Juan Pablo Temón y Milton Urrutia fue confirmada el domingo 23 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú.

El querellante y el fiscal pidieron su prisión por el riesgo de fuga. Escobar Gaviria se enfrenta a la posibilidad de recibir una pena muy severa por acumulación de causas, cada una con de 10 años de cárcel como máximo.

Por aplicación del artículo 55° del Código Penal, que fija: “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”.

La pena que recibiría va de los 10 a los 45 años de ser hallado culpable.

“Son cuatro hechos imputados al momento. Tres de corrupción de menores agravada y uno por abuso sexual simple agravado –explica el fiscal Uriburu–.Los de corrupción prevén penas de diez a quince años, cada uno de los tres. Y el de abuso, una pena mucho menor que no llega a los cinco años. en Derecho Penal se llama concurso de delitos porque son muchos hechos cometidos por la misma persona. Eso lo fija el artículo 55° del Código. Ahí se estipula que para estimar la escala penal se toma el mínimo mayor (diez años) y la suma de los máximos (45 años por las tres corrupciones más el máximo de abuso sexual simple agravado)”.

Este miércoles, el fiscal Uriburu cerrará la investigación penal preparatoria y hará la remisión a juicio. El segundo caso, el segundo miembro de la Iglesia Católica que llega a esa instancia.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.