Paraná fue escenario de una multitudinaria marcha en defensa de la Universidad pública. Fue en repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

“La comunidad universitaria está siendo fuertemente golpeada, los docentes, el personal administrativo y de servicio de nuestras casas de estudio no reciben un real aumento de sus salarios, estando así por debajo de la línea de indigencia. Hoy un docente universitario que se inicia cobra $193 mil pesos y un trabajador no docente $593 mil”, señaló el documento que se leyó en el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria, que en Paraná partió de Plaza 1° de Mayo y concluyó frente a Casa de Gobierno.

Y agregó: “La situación que atraviesa la Universidad es crítica, pero no solo es el sistema educativo, sino también el de la Salud Pública y el de la Ciencia y Tecnología, que se ven fuertemente golpeados”.

También hubo párrafos dirigidos al gobernador Rogelio Frigerio y al rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) -de la marcha participó el decano de Humanidades, Daniel Richar-. En declaraciones a Radio Plaza, Richar planteó la situación de Humanidades, y en particular la situación de la infraestructura, con muchas clases que se dictan en aulas prestadas. Y lamentó que esa unidad académica no haya sido consultada antes de decir la mudanza de otras dos facultades, Ciencias de la Gestión y Ciencias de la Vida y la Salud, al Campus ubicado en Avenida General Espejo, en la zona sur de Paraná.


El documento se acordó de la situación provincial y en particular de Uader.

“¿Por qué Frigerio y Filipuzzi mejor no se preocupan por la emergencia presupuestaria que venimos arrastrando hace años? Porque mientras el gobernador se pasea por la Uader diciendo lo importante que es la educación para su gestión seguimos sin edificio propio y sin cargos para nuestros docentes. Encima se une a La Libertad Avanza, y de la mano del rector hacen un convenio para abrir cátedras de pensamiento liberal. ¡Se nota que no conocen la universidad! Basta de usar a la Uader como trampolín para sus maniobras políticas, la comunidad educativa ya le dijo no al convenio!”.

Luego, el documentó apuntó: “Denunciamos al Gobierno Nacional y Provincial, y exigimos que se hagan cargo de la emergencia salarial de nuestras universidades y que se responsabilicen de garantizar presupuesto. Como comunidad educativa debemos darnos la tarea de pelear por una nueva Ley de Educación Superior, que desmonte la lógica mercantilista de la actual ley que acorta planes de estudios y nos obliga a pagar posgrados para completar nuestra formación”.

La marcha tuvo mucha participación de estudiantes, docentes, no docentes y también de dirigentes políticos, como el candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, y quien lo acompaña en la lista de candidato a diputado nacional, Adán Humberto Bahl. El rector de la UNER, también postulante a un escaño al Congreso, Andrés Sabella, participó de la marcha.

Sabella entendió que la marcha “demuestra que la sociedad argentina no quiere resignar los derechos que se han conseguido en lo que refiere a educación pública, a salud pública y otros derechos que ha conquistado el pueblo. Fundamentalmente a partir del regreso de la democracia. Por supuesto que el sistema universitario tiene cosas por corregir, nadie lo niega a eso, pero no podemos desconocer lo que el sistema ha crecido particularmente a partir del año 83”.

El rector de la UNER sostuvo que “el estudiante percibe esta quita de recursos a la Universidad en distintos aspectos. El primer aspecto: Argentina tenía hasta el año 2023 más de 1.800.000 becarios, jóvenes de entre 14 y 24 años que recibían becas del sistema nacional. Hoy esos becarios son nada más que 1.100.000. Si eso lo trasladamos al caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, nosotros en el año 2023 teníamos cerca de 4.500 estudiantes becarios, becados por el sistema nacional; hoy no alcanzamos a 3.000. En el caso de esas becas, por el otro lado, son becas que han quedado congeladas a valores de septiembre del año 2023: ese año la beca era de 35.000 pesos y hoy sigue siendo de 35.000 pesos”.

 

Los vetos a punto de caer

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y también a la Ley de Financiamiento Universitario y de ese modo enrostró una dura derrota al presidente Javier Milei. La primera votación consiguió 181 votos afirmativos y 60 en contra; la segunda, 174 a favor y 67 en contra.

En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Congreso aprobó un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años. En concreto, la iniciativa propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.

Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.

¿Qué establece la ley de financiamiento universitario?

Propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.

El 10 de septiembre el Ejecutivo dictó el Decreto 647/2025 mediante el cual vetó la ley de emergencia pediátrica. En los considerandos de esa norma, señaló que “el impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.

El mismo día dictó el Decreto 651/2025, que vetó la ley de financiamiento universitario. Allí, señaló que el Congreso “pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad y que constituye la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible y transformarla en crecimiento genuino”.

Para insistir con estas dos leyes, la oposición necesita que sean votadas por los 2 tercios de los presentes en ambas cámaras. Si alcanza esa mayoría en ambas cámaras, los proyectos se convertirán en ley y dejarán sin efecto el veto.

 

 

Fotos: Mauricio Garin

De la Redacción de Entre Ríos Ahora