El Poder Ejecutivo dejó firme una sanción impuesta a la empresa de seguridad privada Tornell SA, propiedad de Claudio Tortul, exmandamás de la filial local de la empresa Securitas, al rechazar un recurso de apelación jerárquica contra una disposición de la Jefatura de la Policía de Entre Ríos del 18 de agosto de 2024.
Todo fue derivación de la causa que lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en torno al supuesto pago de coimas por parte de distintos organismos del Estado -Enersa, entre otros, donde Securitas realizaba la seguridad privada- y a partir del procedimiento que llevó adelante Gendarmería el 18 de abril de 2024 en la Sección Vigilancia Privada de la Policía en el marco de un allanamiento en el que requirieron “entrega inmediata de toda documentación vinculada con la habilitación de la empresa Segar Seguridad SA y Tornell SA para operar como empresas de seguridad en el ámbito provincial y los alcances con los cuales se otorgaron las mismas”, según se desprende del texto del decreto N° 2.341, del 1° del actual.
A raíz de ese allanamiento, la Dirección de Investigaciones de la Policía abrió un expediente contravencional el 13 de mayo del año último contra la empresa Tornell SA, “cuyo presidente es el Señor Claudio Raúl Tórtul”. Así, “en virtud del análisis efectuado y de la prueba colectada en el expediente, entiende que la empresa Tornell SA ha violentado” las disposiciones legales al no informar sobre la apertura de una causa penal en su contra, y que esa notificación no la hizo ni Tórtul, “o en su defecto el Director suplente en ejercicio de la presidencia, Daniel E. Carbonell, su Director Técnico Ejecutivo, Favio Enrique Jurajuría o su apoderado legal Daniel Caruia”.
En el descargo que efectuó, Tórtul “reconoce” no haber “informado su situación procesal por entender que la Sección Vigilancia Privada debía tener conocimiento, también manifiesta incluso en el caso de que existiera esa obligación”.
Pero la División Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección Investigaciones de la Policía de Entre Ríos concluyó que “del examen de las actuaciones traídas a estudio, esta Asesoría entiende a raíz de los elementos probatorios razonablemente introducidos en el sumario (detallados en los antecedentes) han confirmado con certeza suficiente que la empresa Tornell SA. no ha comunicado fehacientemente modificación o alteración alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 7º del Decreto Nº 2940/01 MGJ, dentro del plazo estipulado por la legislación vigente. Si bien, la División Trata de Personas, Sección Vigilancia Privada ha tomado conocimiento de la alteración de circunstancias por el procedimiento llevado a cabo por Gendarmería Nacional Argentina, como también a través de los medios periodísticos sobre la declaración formal de una jueza federal donde estima que el presidente de la empresa puede ser penalmente responsable de un delito, siendo un proceso pendiente, es obligación de la agencia informar dichas circunstancias conforme se ha sujeto al régimen al momento de solicitar su habilitación”. Y que el descargo de Tórtulo “no conmueve los extremos fácticos sustanciados en el expediente toda vez, que lejos está la Administración de discutir la responsabilidad penal de los integrantes de la empresa, más bien la cuestión a dilucidar es la omisión de cumplir con una obligación administrativa. Esta asesoría comparte la opinión del instructor respecto de la imposición de una multa” equivalente a 2.500 litros de nafta.
El caso
Los empresarios están sospechados de emitir facturas apócrifas y de los delitos de evasión y lavado de dinero.
Los Tórtul se encargaron de la seguridad de Enersa desde el último gobierno de Jorge Busti. En 2022 percibían por esa tarea unos 25 millones de pesos mensuales. De estrecha vinculación con su sucesor, Sergio Urribarri, lograron la continuidad en sus dos gestiones. Y luego fueron ratificados en el gobierno de Gustavo Bordet, mediante un contrato con irregularidades que fueron reveladas por Anáisis en junio de 2022.
Desde su apertura, los Tortul se ocupan también de la seguridad del Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
Algunos antecedentes
Claudio Tórtul es presidente del Paraná Rowing Club. Junto a su hermano Marcelo aparecieron en el informe de los Pandora Papers, un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017.
Uno de los mejores momentos de los empresarios fue con Urribarri en el poder. En su primer gobierno, colocó al frente de Enersa al ingeniero Raúl Arroyo y poco más de diez días después su esposa, la ex abogada de Urribarri, Claudia Mizawak, pasó a ser vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La ex fiscal de Estado en el último gobierno de Busti -de quien también fue abogada defensora- pasó a ser una mujer con poder dentro de la cúpula judicial y sus tentáculos siguieron creciendo.
A través del fallecido operador bustista Oscar Pacha Mori, los hermanos Tórtul fueron haciendo una buena relación con Jorge Coco Mizawak, padre de la vocal del STJ y suegro de Arroyo, quien manejaba Enersa y la Secretaría de Energía. Con Mori hicieron numerosos negocios en la década del ’90 y en los primeros años del 2000.
En agosto de 2008, la empresa El Guardián propiedad de los hermanos fue vendido al grupo europeo Securitas, en una importante cifra millonaria. Pero los nuevos dueños exigieron que siguieran los Tórtul al frente de la empresa en Entre Ríos, para garantizar la continuidad de los negocios.
No fue casualidad que cuatro años después, a poco de iniciado el segundo mandato de Urribarri -donde los negocios comenzaron a desarrollarse con una intensidad que no había tenido en la primera administración-, se constituyeran dos empresas constructoras, en una suerte de conjunción de las familias Tórtul, Mizawak, Marizza y Szczech.
La empresa constructora, denominada Construyendo Sociedad Anónima y habilitada para hacer negocios con el Estado, estaba integrada por la firma Caballi -que lidera Miguel Marizza-; Néstor Iván Szczech; Jorge Abraham Mizawak; Marcelo Javier Tórtul y Claudio Tórtul. Tenía domicilio legal en calle Junín 658, Piso 6o, Torre B, oficina A, de Capital Federal: el mismo domicilio del contador histórico de Miguel Marizza y de la familia Urribarri, José Saúl.
El 30 de mayo de 2013, todos los mencionados aparecieron conformando la empresa Residential Sociedad Anónima, en la misma sede de calle Junín, con el mismo objeto y con una duración de 50 años. No obstante, no estaba especificado el capital inicial. Residential es la empresa que terminó de construir el coqueto edificio de Catamarca 683. Lo hizo a través del Fideicomiso Alma del Parque, que se conformó en 2015. Se invirtieron más de 2 millones de dólares y se construyó una torre de 14 pisos, en 3.500 metros cuadrados de superficie. Los últimos pisos se vendieron en alrededor de 400 mil dólares cada uno; los demás, de dos dormitorios hasta el octavo piso, unos 200 mil dólares.
No era la primera vez que Jorge Mizawak (quien también aparece relacionado a la explosión comercial y de negocios de la empresa de venta de autos y motos Castellaro, de Paraná, además de la compra y venta de inmuebles, durante décadas) es socio de Marizza o Szczech. Ya en el 2007, específicamente en agosto -o sea, a escasos meses del inicio del primer gobierno de Urribarri, conformó la sociedad Mandato Fiduciario S.A., junto a los socios mencionados, para el desarrollo de una constructora e inmobiliaria. Ahí figuraba como director suplente el yerno de Mizawak, Raúl Arroyo, secretario de Energía de Entre Ríos. La firma, al poco tiempo dejó de existir, precisamente por la asunción de Arroyo a un doble cargo en el Estado entrerriano.