Desde las comisiones directivas de las bibliotecas populares entrerrianas, advierten un nuevo incumplimiento en la normativa creada para protegerlas: “Nos dicen que no hay plata para abonar el subsidio correspondiente”, denuncian.

Fuentes vinculadas a la Secretaria de Cultura de Entre Ríos reconocieron que “el presupuesto asignado para el pago del subsidio que consigna la ley es de 81 millones de pesos”, el cual sería repartido en 65 instituciones. Se trata de menos de un cuarto del monto que deberían cobrar las instituciones este año. Algo así como 1.246.153 pesos, por los 12 meses del año. “Cultura no tiene presupuesto para pagar lo que dice la ley”, aseguran.

A pulmón, vendiendo rifas, cobrando exiguas cuotas a socios que se esfuerzan por conservar cada mes, organizando actividades para la comunidad, en búsqueda permanente de sumar manos voluntarias: vecinas y vecinos de nuestra provincia cuidan el patrimonio cultural material de nuestras ciudades y promueven espacios de encuentro para jóvenes y adultos.

 

El reclamo

“Una vez más el gobierno incumple la normativa vigente para la protección de las Bibliotecas Populares de la provincia”, señalaron fuentes vinculadas a la entidad que nuclea a las 65 bibliotecas populares que mantienen sus puertas abiertas en diferentes localidades del territorio entrerriano.

“Nos reunimos virtualmente porque existe una gran preocupación por la demora en el pago anual comprometido y por la irregularidad en los montos que informalmente se plantean en torno al subsidio que indica la ley”, explicaron.

¿Qué dice la ley?

La ley mencionada es la N° .8092 y data del año 1997 (con sus correspondientes modificatorias). Declara de interés público la creación y el funcionamiento de las bibliotecas populares en toda  la provincia.

Las bibliotecas que cumplan con los requisitos que establece la normativa, accederán al pago de “un subsidio mensual con destino a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico” equivalente “al duplo del sueldo básico inicial de un maestro de grado perteneciente al Consejo General de Educación de la Provincia”, como así también la exención de impuestos provinciales y tasas, acceso a donaciones de libros y préstamos para mejora de instalaciones.

“Esto no se cumplió en ningún gobierno, y la gestión de Rogelio Frigerio no es la excepción en el marco de una situación cada vez más compleja para las bibliotecas”, subrayaron.

“En nombre de recibir algún tipo de acompañamiento, ya que la situación es crítica, el año pasado aceptamos las chauchas y palitos que nos pagaron. Este año el cálculo equivale a poco más de 400 mil pesos mensuales –ya que es el duplo de un salario docente, pero hay mucho código en negro que no computa- lo que nos da un total de alrededor de 5 millones de pesos por institución”, explicaron.

“Informalmente nos dicen que no pueden pagar ese monto, que no hay plata, pero nadie da la cara. Ya se incumple la ley reuniendo todo en un pago en vez de hacerlo mensualmente, pero no podemos aceptar lo que nos ofrecen, que es menos de un cuarto de lo que corresponde”, cerraron.

Según datos de la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos serían alrededor de 65 las bibliotecas en condiciones de cobrar el subsidio: “Presentamos todo a principio de año, y la documentación fue enviada a la comisión protectora creada por la ley, que tardó en conformarse y que sufrió cambios, por lo que las constancias que estaban vigentes al momento de su presentación, ya no lo están y hay que volver a completar el trámite de algunas bibliotecas. Así todo se demora aún más”, reclamaron.

La comisión a la que se hace referencia fue creada por la ley conocida también como “Diola Barell” y está integrada por un diputado, por un senador, por un integrante en representación de la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos y por una persona designada por el Consejo de Educación. Encabeza la comisión el representante de la Secretaría de Cultura.

 

La palabra del Gobierno

“El presupuesto de Cultura no es suficiente para cumplir con la ley, si bien es mayor al presupuesto del año pasado, ahora contamos con 81 millones de pesos para las bibliotecas populares, mientras que el 2024 cobraron 53 millones de pesos”, explicó una fuente.

Consultado sobre el plazo previsto para el pago, aclaró: “Algunas bibliotecas tienen que regularizar documentación para que sea elevado el expediente solicitando el pago”.

Sin fecha y por fuera de la ley –por la frecuencia en el pago y por el monto asignado- las bibliotecas populares de la provincia serán desfinanciadas, como ocurrió antes con otros gobiernos.

Hace unos meses –antes de firmar la alianza electoral con La Libertad Avanza- el gobernador Rogelio Frigerio brindó declaraciones al programa Cuestión de Fondo haciendo público el reclamo al gobierno nacional de Javier Milei por el incumplimiento de partidas que le correspondían a  la provincia: “El cumplimiento de la ley es innegociable”, dijo. Ojalá piense lo mismo para cumplir con la ley que protege las bibliotecas populares de Entre Ríos.

 

 

 

Fuente: R2820Radio