Un grupo de docentes de la cátedra en Salud Pública-Salud Mental de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) demandó a esa unidad académica y también al Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para que “tomen una posición pública frente a los hechos” denunciados por un grupo de estudiantes de Psicología.

Se refirieron así a las denuncias que se conocieron el fin de semana de las elecciones legislativas que se dispararon tras la viralización de un video que muestra a un exdocente haciendo apología del abuso sexual.

En su perfil de Instagram aparece como “Doctor Chinaski” y tiene 342 mil seguidores. En realidad, es un psicólogo rosarino que se llamada Javier Pérez, que hasta 2019 fue docente en la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Una intervención de “Doctor Chinaski” en un streaming desató una ola de denuncias entre estudiantes de la carrera de Psicología de Humanidades . “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”.  Y ante la pregunta de “si le ha pasado”, el profesional no dudó en responder: “Sí, por supuesto”. Insistieron: “¿Cómo lo maneja, doc?”. Y contesta: “No, yo estoy con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis”.

Enseguida aclaró que “no hay un impedimento moral. No es que el psicólogo no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico. Si vos coges con los pacientes, no los podes analizar”. Pero en todo caso, deslizó que podría darse “si lo hace prolijamente” el profesional y deriva a la paciente a otro analista. “A mí no me ha pasado”, apuntó.

“Desde esta perspectiva, repudiamos públicamente las declaraciones y los modos de ejercicio profesional que naturalizan la violencia o el abuso de poder, y solicitamos a las autoridades de la Facultad de Humanidades y al Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Entre Ríos:

“● Que asuman una posición pública frente a los hechos, reafirmando los principios éticos que rigen el ejercicio profesional y la formación universitaria.

“● Que el Colegio de Psicólogos, a través de su Tribunal de Ética y Disciplina, inicie las actuaciones correspondientes a fin de evaluar y, de corresponder, sancionar las conductas que atentan contra la ética profesional.

“● Que la Facultad de Humanidades arbitre los medios para la investigación de los hechos que implican a los docentes, públicamente denunciados por presuntos hechos de acoso que involucran a estudiantes mujeres, de nuestra facultad, conforme al comunicado emitido de forma oficial a través de las redes sociales de dicha institución

“● Que ambas instituciones promuevan, considerando la perspectiva de género, espacios de reflexión, formación y revisión, sobre el ejercicio del poder en el ámbito clínico y académico, como parte de una política activa de resguardo y cuidado de las y los consultantes, estudiantes, profesionales y de la comunidad”.

Un psicólogo bocón dispara denuncias y abre investigación en Uader

 

Los docentes reprochan que algunos posicionamientos institucionales “han sostenido que sólo podrían intervenir en la medida en que exista una denuncia formal, ya sea judicial o ante un comité de ética. Desde esta cátedra consideramos necesario revisar esa posición, porque la propia dinámica de las violencias —especialmente aquellas ejercidas desde lugares de poder simbólico, académico o profesional— suele obstaculizar la posibilidad de denunciar. Las personas afectadas, en muchas ocasiones, se encuentran en relaciones desiguales, que inhiben la palabra y la acción, y ello forma parte constitutiva del modo en que la violencia opera”.

“Limitar la responsabilidad institucional a la existencia de una denuncia -subrayaron- implica trasladar nuevamente el peso del conflicto a las víctimas y desentenderse del rol fundamental que compete a las instituciones que forman, habilitan y regulan el ejercicio profesional. La responsabilidad de las universidades y de los colegios profesionales no se reduce a responder frente a una demanda individual, sino que incluye prevenir, resguardar y actuar proactivamente ante situaciones que vulneren derechos, aún cuando no exista una denuncia formal”.

En ese marco, sostienen: “El silencio, la neutralidad o la dilatación también son formas de posicionamiento; y en estos contextos, la omisión institucional puede convertirse en una forma de violencia. Sostener una práctica ética implica, entonces, reconocer la asimetría inherente a nuestras  posiciones y asumir la responsabilidad de intervenir allí donde el poder se vuelve abuso”.

 


De la Redacción de Entre Ríos Ahora