Otra vez la actuación de los médicos auditores despierta críticas de los docentes. Esta vez en Victoria donde la médica Virginia Cicao ha recibido una serie de cuestionamientos por entorpecer el acceso a licencias médicas que, a su vez, traba la cobertura de cargos suplentes y, en definitiva, deja a alumnos sin docentes en el aula.
En Victoria comenzó a circular un petitorio dirigido a la directora departamental de Escuelas, Silvia Garcilazo, en el que expresan “nuestro profundo malestar por el desempeño de la Auditora Médica, cuya función es validar/aprobar los Certificados Médicos que presentan los docentes cuando deben ejercer su derecho a utilizar el Régimen de Licencias”.
“Es inexplicable que se cuestione, de parte de Virginia Cicao (la Auditora), un Certificado Médico expedido por un Profesional de la Salud Matriculado. ¿En qué se basa esa desautorización hacia un/a Médico/a que, habiendo analizado la situación de salud de su paciente, proporciona un Certificado que avala su mal estado de salud? ¿Quién designó en este puesto político a Virginia Cicao?”, preguntan.
Luego, suman: “¿Qué antecedentes tiene para estar ocupando dicho puesto de Auditora? ¿A qué se debe la demora en la Aprobación de las Licencias solicitadas por los docentes, y que repercuten sistemáticamente en el normal desarrollo de las actividades pedagógicas? ¿En qué se basa su decisión de, muchas veces, autorizar menos cantidad de días que lo que se le ha recomendado como reposo a un/a trabajador/a enfermo/a?”
Preguntan más adelante si alguien “le ha recomendado asumir este rol sancionador o es su modalidad de trabajo”. Y más: “¿Tiene conocimiento de lo que es la tarea que tiene que ejercer/desempeñar un Docente frente a un grupo de estudiantes o como parte de un Equipo de Conducción Escolar o Supervisiva? ¿Sabe Virginia Cicao cuánto cobra un docente al que le pide que asista en varias oportunidades a un consultorio para que se le vuelva a expedir otro certificado porque ella sólo le autoriza la mitad o menos de lo que se le ha indicado? ¿Conoce el costo y gasto en Órdenes de Consulta que implica el tener que concurrir en varias oportunidades al médico? ¿De dónde sale su expertise para rechazar Certificados de cualquier profesional o rama de la medicina?”.
Y más: “¿Se ha puesto en el lugar de ese trabajador al que, además de estar pasando por una situación traumática, ella le niega o rechaza un certificado pidiendo o solicitando estudios adicionales (que implican más gastos), un sello de un organismo de otra provincia (otra vez más gasto en viajes), o directamente no aceptando la licencia?”.
Plantean además por qué los docentes, cuyos certificados médicos son rechazados, deben recurrir a utilizar otro Artículo del Régimen de Licencias “sintiendo que deben mentir para poder justificar su no concurrencia a la Escuela? ¿En qué situación nos pone esta profesional ante un hecho que suena raro? ¿Cuál es la normativa que está avalando su accionar en función de algunos requerimientos que resultan “increíbles” al momento del rechazo de los Certificados Médicos?”
“Estos planteos que estamos realizando son sólo una parte de lo que entendemos como un avasallamiento a nuestro derecho a utilizar el Decreto 5923/00 MGJE, o como más comúnmente se conoce como Régimen Unificado de Licencias e Inasistencias. Todas estas situaciones están repercutiendo negativamente en las instituciones educativas en las cuales nos desempeñamos, no sólo en la salud de los Docentes, sino también en las Trayectorias Educativas de los Estudiantes. En función de ello le pedimos que se revisen estas prácticas que viene llevando adelante Virginia Cicao, y que se modifiquen las mismas pensando en mejorar las auditorías para que el impacto en las escuelas, en los estudiantes, en la salud y bolsillo de los docentes no sigan siendo perjudiciales”, sostienen.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora