Por Adrián Esteban Barsanti (*)
Argentina enfrenta un punto de inflexión. Tras más de quince años sin creación sostenida de empleo formal en el sector privado, con niveles de informalidad que se volvieron estructurales, con baja productividad y un sistema previsional crecientemente tensionado, la discusión sobre la reforma laboral dejó de ser optativa. Ya no se trata de un conflicto entre intereses contrapuestos, sino de la necesidad de revisar un modelo que agotó su capacidad de respuesta. La reforma laboral no debe ser vista como una concesión a las empresas ni como un retroceso para los trabajadores: es, sencillamente, una oportunidad para reconstruir un equilibrio que el país perdió hace tiempo.
- Un mercado laboral que ya no cumple su rol esencial
El estancamiento en la creación de empleo registrado se volvió crónico. Mientras la población económicamente activa crece año a año, la cantidad de trabajadores formales se mantiene prácticamente inalterada desde mediados de los años 2000. Este desfase produce efectos inmediatos: más personas buscan incorporarse al mercado laboral, pero encuentran menos oportunidades en el sector formal, lo que deriva en el aumento de formas de ocupación alternativas —monotributo, trabajo por cuenta propia, empleo precario— y en un incremento persistente de la informalidad.
El resultado es un mercado laboral fragmentado, donde amplios sectores compiten en condiciones desiguales, sin seguridad jurídica, sin protección adecuada y sin posibilidad real de proyectar trayectorias laborales estables.
- La informalidad como causa y consecuencia del bajo desarrollo
La informalidad no es solamente incumplimiento: es un fenómeno sistémico que erosiona la capacidad competitiva de la economía. Una empresa informal difícilmente invierte en maquinaria, formación o tecnología; no accede a crédito en condiciones razonables; no logra escalar productivamente; y opera con márgenes que impiden asumir riesgos. Sin inversión y sin capacitación, la productividad cae, y con ella, las posibilidades de crecimiento.
Del lado del trabajador, la informalidad implica salarios más bajos, falta de cobertura de salud, ausencia de aportes, imposibilidad de proyectar una jubilación y una inestabilidad que repercute en toda su vida personal y familiar. Se conforma así un círculo vicioso: la informalidad reduce productividad, la baja productividad limita la formalización, y ambos factores impiden el desarrollo.
- Un sistema previsional que ya muestra signos de agotamiento
La crisis previsional no es un escenario hipotético: ya está ocurriendo. Los haberes jubilatorios actuales son, en promedio, insuficientes para cubrir necesidades básicas. Esta realidad es la manifestación más visible de un desequilibrio profundo: hay menos trabajadores registrados aportando y más beneficiarios que requieren cobertura.
La sostenibilidad del sistema exige ampliar la base contributiva, y para eso es indispensable fomentar la registración. En un país que envejece, con menor tasa de natalidad y con un mercado laboral donde una parte sustancial de trabajadores no realiza aportes, el esquema actual es insostenible. De mantenerse estas condiciones, el deterioro previsional se acelerará, afectando no solo a quienes hoy se jubilan, sino a todos aquellos que esperan hacerlo en las próximas décadas.
Sin una reforma que fortalezca el empleo formal, no habrá modo de garantizar un sistema jubilatorio digno y sustentable.
- La litigiosidad laboral como obstáculo para la inversión y la formalización
El acceso a la justicia laboral constituye un pilar irrenunciable del sistema de protección del trabajo. Sin embargo, cuando la litigiosidad se vuelve imprevisible y genera condenas de magnitud difícilmente asumible, termina desincentivando la contratación formal. Muchas empresas —en especial pymes— atraviesan procesos judiciales largos y costosos que culminan en estados de cesación de pagos, concursos e incluso quiebras. El daño es doble: se destruyen puestos de trabajo actuales y se desalientan futuras inversiones.
En este contexto, una reforma moderna debe equilibrar la tutela del trabajador con la necesidad de que las empresas cuenten con reglas claras, previsibles y razonables. No se trata de desproteger, sino de evitar que la incertidumbre se transforme en un incentivo a la informalidad.
- La clave está en el equilibrio: proteger y desarrollar a la vez
La discusión pública suele presentarse como un enfrentamiento entre dos polos: proteger derechos o fomentar la actividad económica. Esta visión dicotómica es parte del problema. Ningún sistema laboral sostenible puede desarrollarse si protege al trabajador castigando al empleador, ni puede crecer si facilita la actividad empresarial precarizando vínculos.
El verdadero desafío consiste en construir un régimen equilibrado:
- Protección efectiva de derechos laborales esenciales.
- Seguridad jurídica para empleadores, con costos previsibles y procedimientos razonables.
- Incentivos concretos para la registración y la inversión en capital humano.
- Mecanismos de resolución de conflictos ágiles, modernos y orientados a la conciliación.
- Un sistema previsional fortalecido a partir de una base de aportantes ampliada.
Un sistema laboral equilibrado no es un punto intermedio: es un círculo virtuoso donde la protección genera productividad, la productividad genera formalidad y la formalidad sostiene la seguridad social.
- Si no se reforma, se reformará sola
La Ley de Contrato de Trabajo supera ya el medio siglo de vigencia. Fue concebida en un país industrial, con relaciones laborales verticales, presencia física en los establecimientos, jornadas rígidas y un mercado laboral sin movilidad tecnológica. En aquel contexto era sencillamente inimaginable la existencia de trabajo en plataformas, modalidades híbridas o esquemas intermitentes. El mundo cambió de manera profunda y acelerada; el marco legal, no.
Y cuando la norma no acompaña la transformación real del trabajo, lo que ocurre no es la conservación del modelo original, sino su degradación. Ya estamos frente a una “reforma laboral de hecho”: proliferan trabajadores por cuenta propia que funcionan como empleados encubiertos, plataformas que operan en zonas grises, acuerdos informales que reemplazan la formalidad, y empresas que evitan crecer para no exponerse a riesgos jurídicos que perciben como inmanejables. No es que el sistema permanezca estático: se está reformando solo, pero hacia un escenario menos protector, más precario y crecientemente inequitativo.
Por eso es clave entender que hoy no discutimos un mero ajuste normativo, sino la posibilidad de recuperar la capacidad del derecho laboral para cumplir sus fines. Estamos frente a una oportunidad histórica para actualizar incentivos, modernizar las instituciones y construir un marco regulatorio que vuelva a promover empleo formal de calidad, facilite la inversión productiva y reduzca la informalidad estructural.
Actualizar la legislación laboral no es una amenaza; es la única manera de evitar que la realidad siga imponiendo una reforma silenciosa y regresiva. Es, en definitiva, una oportunidad para reconstruir un sistema que acompañe el trabajo del siglo XXI y no continúe atrapado en el diseño de otro país, de otra economía y de otro tiempo.
- Conclusión
Argentina necesita reencontrar un equilibrio perdido. La reforma laboral no puede ser un ajuste ni un recorte: debe ser una reingeniería estratégica del sistema que permita volver a crecer, formalizar y proteger. Si logramos alinear incentivos, reducir incertidumbre, premiar la productividad y fortalecer la registración, podremos reconstruir un mercado laboral dinámico y un sistema previsional sustentable.
El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. Dependerá de la capacidad colectiva para asumir que el modelo actual nos trajo hasta aquí y que, si realmente queremos un futuro diferente, será indispensable construir reglas diferentes
(*) Adrián Esteban Barsanti es abogado, Magister Asesoramiento Jurídico de Empresas.