Germán Reynaldo Francisco Carlomagno ingresó en 1993 a la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en 2025 se convierte, por primera vez, en presidente del alto cuerpo. Ha ejercido la vicepresidencia, pero nunca la presidencia. Es uno de los jueces más antiguos del STJ -lo supera el decano, Daniel Omar Carubia, de la Sala Penal- y en la conducción del período 2026-2027 estará acompañado en la vicepresidencia por el vocal de más reciente designación, Carlos Federico Tepsich, de la Sala Civil y Comercial.

“Nunca he estado en la presidencia. Es la primera vez. He estado, sí, en distintas ocasiones de vicepresidente. En las presidencias de Daniel Carubia y de Martín Carbonell los acompañé como vicepresidente. Pero como presidente esta es la primera vez. Aunque intenté en otras ocasiones, pero perdí la votación”, señaló en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-Esta vez hubo viento a favor.

-Sí, sí. Esta vez no hubo que pelear.

-El saliente presidente del STJ, Leonardo Potela, habló de su voluntad de no renovar mandato, que había comunicado al resto de los vocales su intención de no reelegir. ¿Fue así?

-Bueno, no sé. Sí, puede ser, sí. Yo no me acuerdo que conmigo haya hablado así, pero de cualquier manera, era una conversación que existía entre todos, para dar una especie de vuelta a una costumbre que había antes, digamos, que era elegir al vocal más antiguo. Eso se había dejado de lado últimamente.  Antes, el vocal más antiguo tenía la prioridad para ejercer la presidencia. Cuando yo vine, en 1993, era una costumbre no escrita, porque no está escrito cómo se elige el presidente del Superior Tribunal. Lo único que prevé la Constitución es que lo eligen los demás miembros. En otras provincias, por ejemplo, está previsto que duran un año o que es rotativo. Bueno, acá nada de eso está previsto. Pero sí, en esa época existía esa costumbre y después se cortó, se dejó de lado. Nosotros creemos que es una saludable costumbre.

-¿Usted es el decano o lo es Daniel Carubia?

-No. Daniel Carubia hace más años que yo que está en el Superior Tribunal. Creo que está desde el año 1989. Yo estoy desde 1993.

-¿Cómo imagina que va a ser la gestión en medio de un contexto económico complicado?

-Claro que tiene que ver porque, bueno, incide en todos los ámbitos, Esto le afecta a todo el mundo. Pero a nosotros nos repercute, obviamente, en el tema obras. Ustedes habrán visto la obra que hay sobre calle Santa Fe se ha tenido que detener y otras que teníamos en marcha también por los temas estrictamente financieros. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que destacar que el Poder Judicial está para resolver conflictos. Esa es la historia de los que integramos el Poder Judicial. Entonces, quienes decidimos conflictos y quienes trabajan con nosotros tenemos que tener tranquilidad, estar trabajando en un ambiente que sea cómodo y que las personas que trabajan tengan un buen pasar. Me refiero a los empleados, porque son normalmente los que menos ganan. Entonces, tenemos que ocuparnos de todas esas cosas, lo cual no es sencillo porque hay una situación que se palpa de economía difícil.

-¿Se va a insistir ante el Poder Ejecutivo con la necesidad de mayores recursos para el Poder Judicial?

-El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo integran un gobierno de la provincia, con distintas funciones, distintas obligaciones y creo que tiene que existir una interrelación permanente para  abordar los temas económicos y de necesidades de ese tipo. Creo que hasta ahora se mantiene el contacto y, por lo menos de mi parte, es esa la intención.

-¿Entiende que hay algunas reformas en las que se debe avanzar sobre el servicio de justicia para mejorar y acercarlo un poco más a la gente?

-Bueno, reformas siempre hay pendientes. Yo integro la Sala Laboral desde que vine, en 1993, y tenemos una estructura hecha en base a un Código de Procedimientos Laboral de los años setenta y pico. Bueno, se han ido dictando disposiciones, se han ido creando organismos, pero se necesita actualizar la legislación laboral. Estoy hablando no de la ley de fondos, estoy hablando del proceso. Fíjense que cuando yo arribé acá, la justicia civil tenía el juzgado civil, se ocupaba de familia, se ocupaba de ejecuciones, de quiebra, todo. Y sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se fueron dando juzgados de familia, juzgados de ejecución, para mejorar el servicio de justicia. Porque el Estado lo que quiere es mejorar el servicio de justicia.

-Hablando de reformas, se habló de la reforma del Código Procesal Penal, se habló de equilibrar las fuerzas y que el Ministerio Público Fiscal no tenga tanta preeminencia por sobre lo que decide un juez de Garantías. ¿Tiene una mirada sobre ese tema?

-Cuando yo empecé a ejercer la profesión, que fue por allá por el año 1978, en Concepción del Uruguay, existía un procedimiento penal. Desde entonces hasta hoy se ha modificado por lo menos tres veces el Código de Procedimiento Penal y siempre, y siempre con la idea y con la intención, obviamente, de que la cosa iba a mejorar. Esto del nuevo sistema acusatorio se presentó como algo que es superador y que es necesario. Bueno, ha transcurrido un tiempo y parecería que algunos inconvenientes ha traído. Tiene que haber un control sobre la discrecionalidad o la oportunidad que tiene previsto el procedimiento para que un funcionario decida si lo lleva o no a juicio.

-Es como que el fiscal no está obligado a explicar por qué en algunas causas avanza la investigación y por qué en otras no avanza. ¿Es así?

-Y sí, es más o menos así. No debería ser así porque si no entramos en algo que se compara con lo que sucede en Comodoro Py (la sede de los Tribunales Federales porteños, NdelR). Uno se entera que hay causas que siguen después de dos años. Y la gente se pregunta: ¿cómo, en diez años no pasó nada?. Esto no puede ser equiparado a eso, no fue pensado así. Pero no tengo la suficiente idea como para decirle cuál es la situación. Pero creo que al sistema hay que tocarlo.

-¿Cómo es su relación con el Procurador Jorge García?

-García viene de Concepción de Uruguay, igual que yo. Los dos estudiamos en la Facultad de Derecho, en Buenos Aires. No somos íntimos amigos, pero nos conocemos hace años. Nunca he tenido problemas con él, y creo que él tampoco conmigo. No tengo nada personal.

-¿Cuáles son los desafíos de su presidencia?

-Yo le quiero decir algo: quien traza la política judicial es el Superior Tribunal, los nueve vocales. En alguna gestión, por ahí aparecía como que el presidente del Superior era quien tomaba la iniciativa, como que fuera una especie de gobernador, por equipararlo. Pero esto no es así. En el Superior Tribunal, los nueve somos los que decidimos las políticas a adoptar, y creo que tenemos que seguir en la dirección que venimos. Este cambio de autoridades no responde a nada que tenga que ver con un cambio de orientación o cosas por el estilo.

-¿Cómo está mirando estas sucesivas noticias que salen sobre la vocal Susana Medina y sobre sus viajes y las críticas que se le hacen?

-Tengo contacto con ella, porque ella integra la Sala Laboral. La verdad que no es algo agradable. A nadie le gusta una cosa así, y desearía que no pase, esa es la verdad. No me parece tampoco que sea prudente incursionar en temas de la vida privada. No se está hablando de lo funcional, estoy hablando de la vida privada: se está hablando de sucesiones: se está hablando de la vida privada.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora