El Gobierno salió a fijar posición en torno a los cuestionamientos surgidos en las últimas horas en torno a la caída de 100 contratos de trabajadores en la Administración Pública Provincial que revisten como temporarios, una modalidad que reemplazó a los contratos de obra.
Lo que sigue es la posición oficial:
“Ante versiones que generan preocupación e interpretaciones erróneas sobre la renovación de contratos temporarios resulta necesario brindar precisiones y contextualizar una decisión administrativa que forma parte de un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial.
“En primer lugar, es importante aclarar que no se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es, precisamente, de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica.
“Del total aproximado de unos 1.700 contratos temporales existentes en la Administración Pública Provincial, la decisión adoptada alcanza a alrededor de 100 contratos, lo que representa menos del 6% del total. En consecuencia, más del 94% de los contratos temporarios fueron renovados, garantizando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado.
“Un proceso basado en criterios objetivos y descentralizados
“La evaluación no fue automática ni generalizada. Cada ministerio y organismo realizó un análisis particularizado de su planta de personal temporario, en función de criterios claros, objetivos y previamente establecidos, entre los que se destacan:
“- Nivel de cumplimiento efectivo de tareas y funciones asignadas
“- Desempeño laboral y responsabilidad en el rol desempeñado
“- Compromiso con las funciones y con el servicio público
“- Asistencia regular y niveles de ausentismo
“- Necesidad real y actual del puesto, en el marco de los procesos de reorganización administrativa, modernización del Estado y optimización de recursos
“En este sentido, también se evaluó si determinadas tareas o funciones dejaron de ser necesarias o fueron reorganizadas, digitalizadas o absorbidas por otros equipos, haciendo innecesaria la continuidad de algunos contratos.
“Responsabilidad, legalidad y eficiencia del Estado
“El procedimiento de contratación temporal en el ámbito de la Administración Pública se enmarca en un procedimiento administrativo regular, transparente y plenamente ajustado a la normativa vigente. Tal como se expresa en sus considerandos, intervinieron los organismos competentes en materia de recursos humanos, presupuesto y legalidad, garantizando:
“- El correcto encasillamiento y ausencia de incompatibilidades
“- La disponibilidad presupuestaria para afrontar las contrataciones
“- La inexistencia de objeciones legales para el dictado del acto administrativo
“La renovación de contratos no es un derecho adquirido ni automático, sino una decisión fundada, que debe responder a la necesidad de asegurar el normal funcionamiento del Estado, pero también a la obligación de administrar con responsabilidad los recursos públicos.
“Un Estado que cuida el empleo, pero también la calidad del servicio
“El Gobierno provincial reafirma su compromiso con el trabajo, con los empleados públicos y con un Estado presente. Pero ese compromiso también implica tomar decisiones responsables, priorizando la eficiencia, la transparencia y la correcta asignación de recursos, para garantizar mejores servicios a la ciudadanía.
“Lejos de tratarse de una medida arbitraria o masiva, la decisión adoptada responde a un proceso serio de evaluación y revisión, orientado a fortalecer la gestión pública, ordenar situaciones irregulares y avanzar hacia un Estado más moderno, ágil y eficaz”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora