El abogado Emmanuel Rubén Fernando Berta Schroeder presentó una denuncia penal contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero y “contra los funcionarios públicos y particulares que resulten responsables por su intervención en la confección de pliegos, el trámite de la Licitación Pública N°31/25, la adjudicación, la suscripción del contrato de concesión y el control/ejecución del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros por ómnibus”.

El reproche que hace Berta Schroeder es hacia la supuesta existencia de un “acuerdo espurio público/privado” por medio del cual “la autoridad concedente municipal llevó a cabo maniobras destinadas a beneficiar a un operador predeterminado en el marco del proceso licitatorio, perjudicando a otras empresas y a un numeroso colectivo de trabajadores”.

“En particular -refiere el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal- la Municipalidad de Paraná dispuso una nueva licitación para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros, estructurando condiciones que excluyeron en la práctica a concesionarios vigentes al vencimiento contractual del 6 de diciembre de 2025, direccionando la licitación y adjudicación en favor de un operador predeterminado; trasladaron a concesionarios salientes cargas laborales y patrimoniales extraordinarias, y permitieron -según se acredita- que la ejecución material y ciertos actos administrativos se instrumenten a nombre de una sociedad distinta de la Unión Transitoria adjudicada, lo que constituye el eje penal principal de esta presentación”.

Berta Schroeder cuestiona que se haya adjudicado la concesión a San José, una empresa “que no tenía contemplado en sus costos el pasivo laboral, es decir, permitiendo que la nueva empresa no se haga cargo (como era legal y habitual) de todo el personal que prestaba el servicio (…) y derivando ello que todo el personal que prestaba el servicio público quede ´en la calle´y a la par, avalando que la ´nueva empresa´ tome nuevos empleados sin antigüedad y sin experiencia alguna, lo que ha de redundar en una peor calidad de servicio”.

En esencia, cuestiona que se haya “direccionado” la licitación para la concesión del servicio de transporte de pasajeros en Paraná a favor de San José SA y que se haya trasladado “a los concesionarios salientes la totalidad del pasivo laboral y el perjuicio patrimonial consecuente, consolidando además beneficios económicos ligados a la provisión/venta integral de flota”.

También observa inconsistencias en la conformación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó la licitación conformada por San José SA y Kenia SA. El escrito indica que se advirtió que en “las solicitudes” formuladas a SUBE se han hecho a nombre de una sociedad individual, San José SA y no de la UTE conformada por dos sociedades.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora