El juicio contra Ricardo Fabián Barreiro, que se llevará a cabo el lunes y martes de la semana que viene, cambiará de fiscal a partir del nuevo destino que tendrá el fiscal coordinador Rafael Martín Cotorruelo, quien asumirá en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná en reemplazo del camarista Miguel Giorgio, quien asume en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Cotorruelo era quien iba a representar la acusación del Ministerio Público Fiscal contra el llamado «Jardinero K», a quien se le imputa el delito de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.

Sin embargo, este jueves se supo que quien sostendrá la acusación será el fiscal Alejandro Joel  Cánepa.

El empresario santacruceño tendrá que responder ante la Justicia entrerriana por qué omitió declarar que era funcionario provincial antes de presentarse en una licitación pública en la que sospechosamente fue el único oferente.

El pasado 2 de mayo, Cotorruelo habló con Entre Ríos Ahora y confirmó que iba a ser el fiscal en el juicio a Barreiro. El diálogo con el acusador público se dio en el marco de una aclaración que realizó la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que erróneamente había consignado que la fiscal en el debate iba a ser María Aranzazú Barrandeguy, la hija del abogado defensor del empresario, el exdiputado nacional y convencional constituyente Raúl Barrandeguy.

“El fiscal por ahora soy yo, lo que no quita que el día del juicio concreto se pueda sustituir los fiscales. De todas maneras ella no iría. Podría ir la doctora (Carolina) Castagno o (Matilde) Federik, pero no la hija (de Raúl Barrandeguy) por una cuestión de incompatibilidades”, dijo días atrás Cotorruelo.

Pero ahora se supo que no llegará a estar en la sala para acusar a Barreiro debido a su nuevo destino en la Justicia: asumirá en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná en reemplazo de Miguel Ángel Giorgio, quien está a pasos de ser miembro titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La acusación contra Barreiro

Barreiro desembarcó como funcionario provincial en 2012, mediante el decreto número 2.693, firmado por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez (hoy diputado del FPV). Lo nombraron “coordinador de Relaciones Institucionales” del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.

Llamativamente, el empresario ingresa en el Registro de Proveedores del Estado con el número 4.711, el 15 de octubre, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. En ese trámite de registración sostuvo que no era funcionario o empleado provincial.

En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, Barreiro le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. A raíz de esas revelaciones periodísticas, el abogado Guillermo Mulet denunció al empresario en la justicia. En noviembre de 2015, el Ministerio Público Fiscal dio por cerrada la Investigación penal Preparatoria y pidió elevar la causa a juicio al acusar a Barreiro de haber ocultado que era funcionario para poder presentarse a una licitación. También descartaron investigar si existió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

 

 

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.