El número es 205398.

Es el número de legajo de Ricardo Fabián Barreiro, el “Jardinero K”, un empresario santacruceño que pasó de ser el casero de la residencia del matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Río Gallegos a empresario hotelero y del transporte.

Barreiro figura en la plantilla del Estado entrerriano. Fue designado por decreto del Poder Ejecutivo en agosto de 2012, y según declaró el exministro de Cultura y Comunicación, el actual diputado provincial Pedro Ángel Baéz, al final de la administración del exgobernador Sergio Urribarri todavía seguía siendo funcionario.

Es más, reveló Báez durante la audiencia del lunes en el juicio que se le sigue a Barreiro por falsificación de documento público, hubo un decreto de nombramiento pero no se dictó ninguna norma que dispusiera el cese en la función. ¿Qué función? Barreiro, a instancias del excoordinador del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), Sebastián Manuel Lorenzo.

El 15 de agosto de 2012, mediante el decreto Nº 2.693, firmado por Urribarri y Baez, el “Jardinero K”  fue designado “coordinador de Relaciones Institucionales” del Ceicer, “con dependencia directa” de Lorenzo.  En aquel decreto se justificó su nombramiento por cuanto “es necesario crear la Coordinación de Relaciones Institucionales que tendrá por misión trabajar en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre el Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos y organizaciones de la sociedad civil, gobiernos provinciales, gobiernos municipales y gobierno nacional de la República Argentina”.

Dos meses después de esa designación, Barreiro ingresa como proveedor del Estado entrerriano, el 15 de octubre de 2012, con el Nº 4.711. Su inscripción en el Registro de Proveedores había ocurrido el 1º de octubre, y al firmar la declaración jurada dijo no ser ni empleado ni  funcionario del Estado, y por eso se lo enjuicia: por haber falsificado un documento público diciendo que no era funcionario, cuando dos meses antes había sido designado por el gobernador Urribarri.

El delito es falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Pero en los alegatos de este martes 16, el fiscal Alejandro Cánepa pidió una pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo.

Otro decreto, el Nº 3.793, del 7 de noviembre, también firmado por Urribarri, dispuso otorgarle el pago de viáticos al “Jardinero K”.

La tesis argumental de la defensa de Barreiro, que ejercen Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, es que el “Jardinero K” nunca fue notificado de su designación, y por tanto no pudo estar al corriente de que era funcionario público cuando firmó aquella declaración en el Registro de Proveedores.

Siendo proveedor del Estado, Barreiro se adjudicó una licitación, como único oferente, para trasladar chicos de Escuelas Nina de distintos puntos de la provincia a Tecnópolis.  Pero el “Jardinero K” dijo que con ese negocio, que le reportó más de $200 mil, perdió plata: los colectivos que proveyó para esos viajes les fueron devueltos con los asientos rotos y los baños inutilizados.

En el debate en Tribunales, el fiscal Cánepa se tomo de la declaración de Báez, quien justificó por qué lo contrataron a Barreiro en el Ceicer. Citó palabras de Báez en las que habló de las dificultades para entablar relaciones con el gobierno nacional y como Barreiro tenía cercanía a la entonces presidenta Kirchner y a algunos de sus ministros, lo veía como “determinante” para designarlo.  “Al diputado no le interesó conocer ninguna otra cualidad de Barreiro, lo determinante eran las relaciones de Barreiro a nivel nacional para realizar las gestiones que la Provincia necesitaba”, dijo el fiscal.

Pero Cánepa dijo más. Señaló a Sebastián Lorenzo y al exministro de Turismo, Hugo Marsó, que licitó los viajes con Barreiro, de no haber dicho toda la verdad. O sea, de haber mentido.

“No es cierto lo que dijo Marsó, esto no era una contratación de colectivos para ver donde se podía llevar a los chicos. El objeto de  la contratación fue claramente llevar alumnos a Tecnópolis”, dijo Cánepa  y citó un informe de la Dirección de Turismo Social en la que se detalló que hubo 33 viajes, de los cuales 31 fueron a Tecnópolis , uno a Temaiken y otro a la ciudad de Rosario. Por esos viajes Barreiro cobró $220 mil. Y la contratación era por 40, no por 33 viajes, detalló Cánepa.

Y apuntó al actual titular del Ceicer, Aníbal Beorda, amigo de Lorenzo. Beorda, siendo funcionario del Ceicer actuó como gestor de Barreiro. “No sólo le compró el pliego, se notificó de la resolución y la adjudicación de la licitación. Beorda se notificó el 16 de octubre,  y el mismo día Barreiro firma el contrato con el director de Turismo Social, sin que nadie sepa que Barreiro cumplía funciones para el Estado provincial”.

En su declaración, Barreira habló de un tal “Anibalito” que le hacía gestiones en la provincia.

“No sé si Anibalito es Aníbal Beorda, pero lo cierto es que acá hay un funcionario de la provincia que trabaja con una persona que tenía la relación con Barreiro, que era Lorenzo”, expuso Cánepa. Al mismo tiempo planteó sin rodeos que el ex titular del Ceicer mintió este lunes: “Claramente no puede ser cierto lo que dice Lorenzo, y es que no sólo conocía de la licitación sino que también conocía que –Barreiro- era funcionario público. Y Lorenzo era amigo de Beorda, y Lorenzo era amigo de Barreiro y por esos sus dichos no pueden ser analizados con objetividad, no es veraz”.

 

 

 

Este martes, a las 8, se sabrá la decisión del juez Pablo Vírgala sobre este caso.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.