La causa de los abusos a menores que se atribuyen al cura Marcelino Ricardo Moya fue elevada al Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay con pedido de remisión a juicio oral, según revela el diario Uno.

Se trata del primer paso. Ahora, el juez Carlos Ramón Zaburlín, del Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay, tiene que correr traslado, primero, al querellante, Florencio Montiel, y después al defensor del sacerdote, Gustavo Amílcar Vales.

De modo que recién en junio se haría la audiencia de remisión, y en ese ámbito, el juez deberá resolver. Si decide seguir el pedido de la fiscal, el caso irá para debate al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El camarista Rubén Chaia ya intervino en la causa.

En marzo último, Chaia rechazó un recurso de apelación presentado por los abogados de las víctimas que pidieron levantar el secreto médico de dos profesionales del Hospital San Martín de Paraná que lo atendieron en enero pasado.

La resolución que tomó Chaia confirmó la decisión del juez Zaburlín, firmada el 15 de febrero. Al rechazo para levantar el secreto médico también se sumó la fiscal que investiga al cura, Nadia Benedetti, argumentando que la información que las médicas podrían aportar no tiene relación con lo investigado y que, además, se podría avasallar la intimidad y los derechos constitucionales del cura sospechado de haber cometido abusos.

A comienzos de año, Moya estuvo internado en el Hospital San Martín y fue atendido en el Servicio de Infectología, con la sospecha de una enfermedad de transmisión sexual.

La petición había sido formulada por los abogados querellantes, Carlos Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso. Los letrados habían pedido levantar el secreto médico sobre Laura Díaz Petrussi y Adriana Bevacqua, directora del Programa Provincial de Sida y jefa del Servicio de Infectología, respectivamente, que habían atendido al sacerdote en enero, cuando fue internado en el hospital San Martín.

Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra. Está imputado por  dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica.

Dos jóvenes, un estudiante de Derecho y un médico, lo denunciaron en la Justicia al sacerdote por esos abusos.

Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan. Las víctimas, dos jóvenes que eran parte de los grupos parroquiales.

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos.

Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.

La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.

Cuando el caso llegó a la Justicia, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.

La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.

Es el mismo protocolo que siguió con los otros dos curas con causas penales por abusos a menores: Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria.  El 17 de agosto de 2016, el juez de Transición Pablo Zoff –el tercer magistrado que tuvo en sus manos la causa Ilarraz—dispuso la elevación a juicio. Pero recién a comienzos de noviembre último quedó conformado el tribunal: lo integran Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay. Ese tribunal ahora está analizando nueva prueba antes de fijar la fecha de las audiencias.

En el caso de Escobar Gaviria, la causa fue elevada a juicio oral por el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, el 9 de mayo último, y será el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay el responsable de llevar adelante los debates.

Ahora, es el turno de Moya, en Concepción del Uruguay.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.