El consejo superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) votará este jueves otorgar la distinción Doctor Honoris Causa a Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, uno de los jueces que condenó a la junta militar que gobernó el país durante los años de plomo de la última dictadura. La anterior distinción de esa envergadura en la Uader fue a dos personalidades de la cultura local: Eduardo Isaac y Jorge Méndez.

Antes, la distinción Honoris Causa de la Uader  la recibieron Carmen Argibay (2008), Eva Giberti (2010), Domingo Liotta (2011), Mercedes Colombo (2012), Estela de Carlotto (2013), Baltasar Garzón (2014), Antonio Torrejón, Horacio González (2015), Víctor Heredia, Alicia Stolkiner (2016), Quino (2017), Rita Segato (2018), Teresa Parodi (2019), Héctor Motta (2022) y María del Rosario Badano (2023).

Ahora, la propuesta surgió del decanato de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que encabeza Juan Pablo Filipuzzi, “dado la trayectoria y los méritos académicos, científicos, profesionales y éticos que dicho actor ha tenido y posee como verdadero partícipe indispensable en la vida institucional, jurídica y democrática de nuestro país, influenciando directamente su accionar a toda la Universidad Autónoma de Entre Ríos”, según se lee en el texto de la resolución 534, del 28 de noviembre de 2025, dictada por el consejo directivo de la unidad académica.

El texto resalta que Gil Lavedra “integró en el año 1985 la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tribunal encargado de llevar adelante el juicio a las juntas militares, siendo este proceso un hito en la historia institucional argentina y un precedente internacional en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, logrando con ello consolidar el principio de responsabilidad penal estatal y reafirmar al poder judicial como un garante esencial del sistema democrático, permitiendo la labor desplegada por el Dr. Gil Lavedra definir estándares jurídicos perdurables en materia de verdad, justicia y derechos humanos, perfiles estos concretamente alineados con las políticas institucionales de la Uader”.

Gil Lavedra “es una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo, reconocido por su extensa trayectoria en la función judicial, su labor académica y su comprometida actuación en la vida pública. Su aporte al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en la República Argentina constituye un mérito de especial significación para el sistema universitario público”, subrayan los antecedentes reunidos en Uader.

Al respecto, destacan: “Graduado como abogado en la Universidad de Buenos Aires, inició tempranamente su carrera en el Poder Judicial de la Nación. Su nombre adquirió dimensión histórica en 1985, cuando integró la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tribunal encargado de llevar adelante el Juicio a las Juntas Militares. Este proceso —considerado un hito en la historia institucional argentina y un precedente internacional en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad— consolidó la vigencia del principio de responsabilidad penal estatal y reafirmó el lugar del Poder Judicial como garantía esencial en el marco democrático. La actuación del Dr. Gil Lavedra en dicho tribunal fue reconocida por su solvencia técnica y su contribución a un proceso que definió estándares jurídicos perdurables en materia de verdad, justicia y derechos humanos”.

Luego de su participación en el Juicio a las Juntas, continuó desempeñando diversas funciones de relevancia en la esfera pública, entre ellas la de conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la de ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, fue diputado nacional, ejerciendo un rol activo en debates vinculados a la organización judicial, el derecho penal y el fortalecimiento institucional. Su trayectoria combina el ejercicio de la función pública con una reconocida actividad en el ámbito profesional y académico, incluyendo la docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires y su participación en conferencias, seminarios y espacios de formación jurídica tanto en el país como en el exterior.

El conjunto de su labor —caracterizado por el compromiso sostenido con los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la transparencia institucional y la jerarquización del trabajo jurídico— representa un aporte de extraordinaria relevancia para la cultura jurídica argentina y para la formación de profesionales comprometidos con el Estado de derecho.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora