El 4 de junio de 2016, alrededor de las 16, un chofer conducía un camión entre Mar del Plata y Chajarí  cuando sufre un paro cardiorrespiratorio. Dos años después se inició una batalla judicial por el pago de indemnización por accidente de trabajo que involucra al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

El caso está a resolución de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un recurso de inaplicabilidad de ley. La Justicia ha rechazado un recurso de prescripción planteado por Iapser y en el fondo se dirime el pago de una millonaria indemnización en concepto de cobertura por riesgo de trabajo.

En los tribunales, el Iapser criticó que el deceso pueda ser considerado una contingencia cubierta por la Ley de Riegos de Trabajo.

En 2024, último pronunciamiento judicial, la Cámara Laboral de Concordia declaró la inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo, norma que “considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo”.

Además, condenó al Iapser y a los empleadores del chofer al pago de una suma de $106.244.500,00, más intereses.

Se trata de una tendencia en los fallos judiciales.

“Ya hace desde hace un tiempo a la fecha, todas las aseguradoras de riesgo de trabajo vienen con un alto grado de preocupación, ya que el sistema se está viendo colapsado con muy unos altos niveles de judicialidad, que año a año vienen creciendo, y esta situación, por lo menos en nuestra provincia, se ha visto aún más agravada. Se trata de fallos condenatorios por sumas totalmente altísimas”, indicó Lisandro Rodríguez Signes, gerente de Riesgos del Trabajo de Iapser.

Rodriguez Signes acepta que el organismo “no escapa a esto. El Instituto está también con unas causas que están próximas a salir y que también tienen ese ese nivel de importe, pero la verdad que ya esos niveles que no se pueden sostener, porque este es un sistema que no puede prever este tipo de situaciones. Hay un escenario de preocupación”.

-¿Cuál es el camino a seguir?

-La Unión de Aseguradora de Riesgo del Trabajo, que es la entidad que nos nuclea a muchas de las aseguradoras, viene impulsando una serie de reformas de tipo legislativo. Uno de los temas es el rol de los peritos que intervienen en las pericias. Se busca que haya un cuerpo de peritos que no tengan interés económico en los juicios, sino que el perito cobre en función de lo que de lo que realmente es el trabajo que hace. Acá, los honorarios se regulan en función del monto de un juicio, y en ese caso el perito pierde cualquier tipo de imparcialidad. Pasamos de una incapacidad del 1,9% en instancia administrativa a una incapacidad del 13% cuando se va a la Justicia.

Iapser ha observado un crecimiento del 20% en la cantidad de demandas: hoy está en el orden de las 1.700 demandas al año. “No tenemos mucho margen de maniobra con estas decisiones de la Justicia -señala-. Estamos más que preocupados”.

A finales de 2025 Iapser ya había alertado  por el crecimiento “desmedido” de la litigiosidad laboral que impacta sobre el sistema de riesgos del trabajo.

El sistema de riesgos del trabajo se encuentra bajo presión, evaluó el organismo. En los últimos doce meses se acumularon casi 132.000 nuevas demandas, un récord histórico que amenaza la sostenibilidad del esquema, aun cuando los accidentes laborales continúan disminuyendo. Para las aseguradoras la situación es crítica y requiere una respuesta urgente.

Desde Iapser, entre otras aseguradoras alineadas dentro del sistema, sostienen que la situación requiere una intervención inmediata. Proponen como indispensable crear los Cuerpos Médicos Forenses en las provincias adheridas a la Ley de Riesgos del Trabajo, con peritos seleccionados por concurso, honorarios independientes del monto de sentencia y cumplimiento estricto del Baremo de Ley.

“El sistema cuando funciona como fue diseñado es virtuoso: previene accidentes, salva vidas, acompaña al trabajador y repara el daño cuando ocurre. Pero hay un crecimiento desmedido e irrazonable de los juicios que está lejos de la realidad siniestral”, explicó Lisandro Rodríguez Signes, gerente de Iapser ART. Según detalló, hoy el 90% de los casos se resuelve satisfactoriamente en su sede administrativa, con prestaciones médicas completas, pago de ILT (Incapacidad Laboral Temporaria), indemnizaciones y cobertura integral para familias en casos de fallecimiento.

Iapser, en alerta por aumento “desmedido” de la litigiosidad

 

Ese funcionamiento eficaz contrasta con la escalada judicial que enfrenta el sistema. La litigiosidad del año es un 5,1% superior a la de 2024, con un promedio de más de 11.000 causas mensuales a nivel nacional. Provincia de Buenos Aires concentra el 39% de las demandas; CABA registró un incremento del 8%; Santa Fe creció 26%; Chubut lidera con un 44%, y Entre Ríos ya suma un aumento del 20% anual.

Además del aumento de las demandas, otro problema que se presenta es la diferencia entre los montos que determina la Comisión Médica y lo que finalmente se fija en sede judicial. Esto representa una de las principales fuentes de desequilibrio, dado que las indemnizaciones y compensaciones también han incrementado de forma desproporcionada.

Mientras que en el sistema administrativo la incapacidad promedio es del 1,9%, con indemnizaciones cercanas a los $3.2 millones, en el ámbito judicial esa incapacidad se eleva artificialmente al 13,1%, llevando el costo a $27.7 millones. “No podemos permitir que se destruya un sistema que protege a más de 10 millones de trabajadores. Necesitamos reglas claras, pericias serias y un marco de racionalidad que garantice previsibilidad para todos”, subrayó Rodríguez Signes.

“Estamos frente a una brecha de más de 11 puntos que no tiene sustento técnico», advirtió Rodríguez Signes, y añadió «lo más grave es que 9 de cada 10 casos que llegan a la justicia son expedientes donde la Comisión Médica no detectó incapacidad o determinó que la patología no era laboral, y aun así la justicia termina otorgando incapacidad en 9 de cada 10 sentencias”.

De la Redacción de Entre Ríios Ahora

 


De la Redacción de Entre Ríos Ahora