Por Maximiliano Rodriguez Paulin (*)

Paraná está frente a una decisión importante. La licitación del nuevo sistema de estacionamiento medido, cuya apertura de sobres está prevista para el 15 de mayo, puede marcar un punto de inflexión en el ordenamiento del espacio público o convertirse en una nueva oportunidad desaprovechada.

Para entender lo que está en juego, primero hay que volver a la ordenanza que dio origen a este proceso.

Cuando se discutió y aprobó a fines del año pasado, desde la oposición decidimos no acompañarla. No por oponernos a la modernización —todo lo contrario—, sino porque señalamos desde el inicio que el diseño tenía errores de fondo que hoy empiezan a aparecer tal como lo advertimos.

El principal es conceptual y operativo al mismo tiempo: un sistema de estacionamiento medido moderno no debe depender de intermediarios en la calle. La tecnología permite controlar, fiscalizar y cobrar de manera digital, reduciendo discrecionalidad, conflictos y costos. Sin embargo, la ordenanza dejó abierta la posibilidad de incorporar tarjeteros registrados en la ejecución y fiscalización del sistema, consolidando una dependencia que se supone se buscaba superar.

A esto se suma un problema económico evidente: el sistema va a generar recursos, pero no se previó la creación de un fondo específico que permita destinarlos a mejorar la movilidad urbana o a financiar el transporte público. En una ciudad donde el costo del boleto es una preocupación permanente, se perdió la oportunidad de vincular dos problemas en una misma solución.

Sobre esa base se construye la licitación que se conocerá el 15 de mayo, y es ahí donde empiezan los escenarios posibles. El primero —y quizás el más probable— es que las empresas propongan sistemas de fiscalización y control completamente digitales, sin necesidad de personal en la calle.

Si eso sucede, la pregunta es directa: ¿qué va a pasar con los tarjeteros? Un segundo escenario es que se requiera una incorporación parcial —un 10%, un 15% o un 20%—, lo que dejaría a la mayoría fuera del sistema sin una respuesta clara.

También existe la posibilidad de que las propuestas no se alineen con las expectativas del Ejecutivo y la licitación no prospere. La propia ordenanza establece que el Municipio “podrá” llevar adelante ese proceso, lo que confirma que las definiciones todavía no están cerradas.

En cualquiera de estos casos, hay un dato que no cambia: hoy hay cerca de 200 personas vinculadas al sistema actual y una expectativa generada desde el Ejecutivo, particularmente

por la intendenta Rosario Romero, respecto de su continuidad. Incluso se planteó que se puntuará mejor a las empresas que propongan su incorporación. Pero las decisiones empresariales no se toman en base a expectativas, sino en función de costos, eficiencia y viabilidad operativa.

Cuando el diseño no es consistente, la implementación deja de depender de decisiones propias y empieza a quedar condicionada por terceros.

A esto se suma un interrogante central que todavía no tiene respuesta: ¿cómo va a garantizar el Municipio el cumplimiento efectivo del artículo 12 de la ordenanza N° 10.275/2025, que prohíbe la actividad de los trapitos? Porque las normas, por sí solas, no ordenan la realidad ni protegen a los vecinos. Sin control sostenido, presencia en la calle y decisión política, el riesgo es evidente: que estos grupos sigan apropiándose del espacio público y que el sistema funcione en teoría, pero no resuelva lo que realmente importa: que los vecinos puedan usar el espacio público sin amenazas ni conflictos.

El 15 de mayo no se define sólo una licitación. Se empieza a definir si Paraná va a ordenar de verdad el espacio público o si va a volver a convivir con las mismas tensiones de siempre, pero bajo una nueva apariencia. Modernizar no es sólo cambiar la herramienta: es tomar decisiones claras y hacerse cargo de sus consecuencias

Asimismo, señaló que «este trabajo contribuye a la prevención, al permitir intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo y reducir la probabilidad de nuevos intentos o suicidios consumados».

 

 

(*) Maximiliano Rodriguez Paulin es concejal de Juntos en el Concejo Deliberante de Paraná.