“Nos encontramos aquí para defender nuestra educación pública que continúa en un estado de emergencia presupuestaria y salarial asfixiante. Estamos aquí porque la universidad argentina continúa siendo ese motor de movilidad social ascendente que nos distingue en el mundo y que está siendo empujada al abismo por un gobierno que solo apunta a su privatización. Nos manifestamos porque la educación y la ciencia pública no son una mercancía, son un derecho que nuestro pueblo supo conquistar y que no vamos a permitir que nos arrebaten. El gobierno debe garantizar ese derecho y para ello debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación hace seis meses”.
De ese modo, el documento que se leyó al término de la multitudinaria marcha de la comunidad universitaria, este martes, en Paraná, delimitó el contexto particular de este momento histórico para la Universidad pública.
“El ajuste no es solo universitario -planteó el texto que se leyó al término de la movilización que unió Plaza 1° de Mayo y Casa de Gobierno-. Vivimos un plan de ataque generalizado sobre la clase trabajadora de nuestro país, sobre su industria y soberanía. Lo que hoy vive la universidad es el reflejo de un modelo de desarticulación del entramado social. Según los datos del Indec, 25 millones de personas han caído en la pobreza, alcanzando un escandaloso 52,9%, cerraron más de 22.000 empresas y se han perdido 300.000 puestos de trabajo formales. El pueblo está siendo atacado en múltiples planos: económico, social y cultural. Con salarios que no llegan a cubrir la canasta básica y un costo de vida que aumenta mientras se dibujan los números de la inflación. La situación es crítica para los trabajadores, los estudiantes y los sectores populares que son los pagan el ajuste del gobierno nacional y provincial”.
Fue en el marco de la 4° Marcha Federal Universitaria, con el lema “en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología”.
En febrero último, el Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, que modifica la ley aprobada por el Congreso en 2025 con impulso de la oposición.
El objetivo, según el texto enviado, es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026.
Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei.
La primera vez fue en 2024: el Congreso la aprobó y Milei la vetó. La segunda se sancionó en 2025. En esa ocasión, el presidente la vetó y después el Congreso revirtió el veto.
Hoy, esa ley está vigente, pero no se está cumpliendo. En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento.
En diciembre de 2025 el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento. El juez consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
En febrero de 2026 el Gobierno apeló esa medida, y días después presentó un nuevo proyecto.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora