El médico nefrólogo Víctor Urbani, mendocino, ministro de Salud de Jujuy entre 2008 y 2013, está asesorando en el difícil terreno de la cobertura en medicamentos a los directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper)

Urbani acompañó como ministro de Salud a dos gobernadores peronistas de Jujuy: Walter Barrionuevo, desde 2008 a 2011, y a Eduardo Fellner, desde 2011 a 2013. Antes, fue parte del gabinete de otro gobernador peronista, Arturo Lafalla, que gobernó Mendoza entre 1995 y 1999: en ese período fue director de Atención Primaria.

En 2004 se radicó en Jujuy.

Ahora, está trabajando a la par del directorio del Iosper.

Su tarea aquí la desarrolla en un terreno complicado: la cobertura de medicamentos, y particularmente, la presión de los laboratorios por incluir en el vademécum de las obras sociales especialidades que están en etapa de prueba en Estados Unidos, con prescripción restringida.

El Iosper paga, por ejemplo, por un solo paciente, una cifra superior a los $30 millones por una especialidad medicinal. En otros casos, los presupuestos que se presentan para que la obra social provincial dé cobertura rondan desde los u$s100 mil a los u$s200 mil.

Los afiliados con enfermedades terminales o con enfermedades poco frecuentes son los que usualmente se llevan el mayor presupuesto en medicamentos, y en medicinas que los médicos resuelven aplicar aún cuando en su país de origen, Estados Unidos, por ejemplo, la FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos) habilita en limitados casos.

En 2016, la Justicia llegó a embargar las cuentas del Iosper porque la obra social no accedió a brindar un medicamento que en el mercado no se lograba conseguir.

Fueron tres fallos de la Justicia que impusieron a la obra social la obligación de dar cobertura en un 100% a una afiliada con una enfermedad poco frecuente.
Para que el medicamento en cuestión pudiera ingresar al país proveniente de Estados Unidos –adonde se aplica de modo restringido— se requirió en forma previa de una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y ésta, a su vez, impuso como condición que el médico que prescribió el medicamento esté autorizado por el laboratorio que lo fabrica.

En el país, ningún médico estaba autorizado. El más cercano, estaba en San Pablo, Brasil. Como ninguna de las dos sentencias emitidas por la Justicia –en primera y segunda instancia– fueron cumplidas por la obra social, un tercer fallo de la Justicia ordenó embargar las cuentas del organismo. Y el embargo fue en dólares.

Reclamo a Nación

Ahora, el Iosper, a través de su presidente, Fernando Cañete, procura imponer reglas claras en el tema medicamentos.

Desde el Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (Cosspra) impulsan un reclamo que el Estado nacional limite los incesantes incrementos de precios que establece la industria farmacéutica y garantice la provisión de los recursos económicos destinados a cubrir tratamientos de alto costo.

El Iosper y la Cosspra no sólo alerta por el constante aumento en el precio de los medicamentos, y la falta de recursos para costear el alto costo, sino también la creciente incidencia de los tratamientos de alto costo económico.

“El hecho de brindar cobertura a tratamientos de alto costo hace peligrar prestaciones de otras características para el resto de los afiliados”, dijo Cañete.

Cañete precisó que en los últimos 16 meses (desde enero de 2016 hasta abril de 2017), los medicamentos oncológicos, para artritis reumatoidea y trasplantes, aumentaron el 43 %, mientras aquellos para esclerosis múltiple, hemofilia y hepatitis crónica, se incrementaron un 50 %. “Esos aumentos son capaces de hundir a cualquier obra social”.
Pero también se refirió al aumento de la aparición de nuevas drogas en el mercado, desde el año pasado hasta ahora, en particular, para el tratamiento y cura de la hepatitis crónica, la inmuno oncología, el desarrollo el tratamiento de enfermedades raras y huérfanas que, hasta el momento, no tienen un procedimiento adecuado. “Con mucha preocupación mencionamos la multiplicidad de utilidades terapéuticas para el uso de productos biológicos”, pero además “como muchos de esos productos biológicos son importados, y su valor está asociado al dólar, estamos en serios problemas”.

Cañete afirmó que la creciente judicialización de la medicina “nos obliga a cubrir por amparos nuevos tratamientos de alto costo con medicamentos que no han sido previamente evaluados, y no sabemos si se justifica su utilización respecto a drogas similares de menor costo”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.