Luego de seis meses de la puesta en marcha de la nueva concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná en manos de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por San José SA y Kenia SA, el bloque de concejales de Juntos reclamó al Ejecutivo el cumplimiento de la ordenanza que aprobó el pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.
En particular, reclamaron que se dé cumplimiento a lo que contempla el artículo 15º de la ordenanza N° 10.213, que “establece de manera taxativa la obligatoriedad de conformar un Órgano de Seguimiento, cuya función es garantizar el cumplimiento de las metas y compromisos asumidos en el marco de dicha norma”.
Un proyecto de resolución que presentó Juntos señala que “a casi seis meses de la implementación de la nueva concesión, si bien se ha constituido dicho cuerpo, no se ha formalizado su convocatoria, lo que genera un vacío en el control social y técnico que la ordenanza pretendía instituir”. Y que “la participación de los distintos actores previstos en el órgano es esencial para asegurar que las políticas públicas municipales no solo se ejecuten, sino que se evalúen con criterios de eficiencia y rendición de cuentas”.
En ese órgano de seguimiento de la concesión hay, dice la ordenanza, una silla para el representante de los usuarios.
La representación del usuario del servicio de colectivos, ahora se sabe, la ejercerá el Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet. La Defensoría anunció que Amavet “desempeñará la función de representar a los usuarios de los colectivos en el Órgano de Monitoreo, previsto en la ordenanza N 10.213 de concesión del servicio”.
“El ámbito tendrá el objetivo de supervisar la prestación del servicio, aportar propuestas de mejoramiento y sugerir la aplicación de sanciones ante incumplimientos, cambios de recorridos, frecuencias y operación de líneas”, indicó el organismo. Para definir la designación del representante de los usuarios, se consultaron desde la Defensoría a las comisiones vecinales y distintas organizaciones comunitarias.
Al respecto, la Defensoría indicó que “el mayor consenso reunido fue en favor de que la Defensoría del Pueblo ejerza la función en vista de que se trata de una institución protectora de los derechos ciudadanos -entre los que se encuentra el derecho al transporte-, que tiene idoneidad, objetividad y alcance homogéneo e integral en el ejido urbano”.
El Órgano de Monitoreo quedó conformado mediante el decreto municipal N 1164, emitido el 29 de mayo pasado, y su primera reunión será el jueves 18 de junio, a las 9, en la Casa de la Costa, según se comunicó desde la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná.
El espacio está integrado por tres representantes del Ejecutivo Municipal, uno por cada bloque del Concejo Deliberante y uno por los usuarios del servicio, que será el Defensor del Pueblo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora