Ricardo Antonio Temporetti, exfiscal en la Unidad Fiscal de Feliciano, presentó en diciembre último un hábeas corpuso ante el juez de Garantías Emir Artero con la pretensión de que se adopten “las medidas necesarias para hacer cesar y prevenir toda amenaza actual, concreta y verosímil contra mi libertad ambulatoria, integridad personal y garantías constitucionales proveniente del accionar del Ministerio Público Fiscal, y en particular de la Dra. Gisela Muñiz –entonces fiscal auxiliar interina de Feliciano-, todo ello en razón de mi actuación profesional y procesal como querellante en una causa de extrema gravedad institucional”.

Temporetti actuaba como abogado querellante en representación de la familia de Matías Viviani Noni, el muchacho de 25 años que el domingo 23 de noviembre de 2025 apareció muerto en una celda de la Jefatura de Policía de Feliciano. Había sido detenido días antes , y sindicado por la fuerza de seguridad, en comunicado oficial, como cabecilla de una banda narco.

 

Precisamente, el amparo de Temporetti apuntó a la  actuación de la fiscal Muñiz. Dijo que «la fiscal Gisela Muñiz dispuso en fecha 23/12/2025, es decir cinco días posteriores a mi solicitud, la apertura de una causa penal en mi contra fundada en supuestos dichos míos en el mes de abril del corriente año en una emisora radial de Feliciano relacionados con otra causa distinta, sin conexión objetiva ni urgencia que explique su activación tardía”, reseñó.

Sin ambages, sostuvo que la apertura de esa causa en diciembre por un hecho ocurrido en abril -hablar por radio para responder a apreciaciones de la propia fiscal- resulta “una respuesta a mi solicitud presentada en el legajo de Matias Viviani Nonini a los fines de hostigar y amedrentar mi desempeño profesional en el mismo. Queda palmario que por la secuencia de los hechos, la oportunidad y el contexto evidencian que la decisión de aperturar una causa por mis dichos en una radio y criminalizar una conducta de esa naturaleza no responde a un criterio de legalidad neutra, ni al principio de objetividad, sino que aparece claramente como un acto de hostigamiento institucional dirigido a condicionar, amedrentar o desalentar mi actuación profesional en una causa sensible para el poder punitivo estatal”.

La fiscal Gisela Guadalupe Muñiz había anoticiado al abogado Ricardo Antonio Temporetti de la apertura de una causa en su contra por declaraciones que formuló a una radio en abril último.

La noticia le llegó a Temporetti -durante casi dos décadas fiscal en San José de Feliciano- cinco días después de que presentara un escrito ante el Ministerio Público Fiscal relacionada con la causa que investiga la muerte de un joven de 25 años en la Jefatura de Policía de Feliciano, ocurrida el 23 de noviembre último.

Temporetti asumió la querella particular en representación de la familia de Matías Nonini, la persona detenida por la Policía el viernes 21 de noviembre y señalada como cabecilla de una organización dedicada a la venta de drogas.

Temporetti acudió a la Procuración General de la Provincia y pidió la recusación de la fiscal «teniendo presente los intereses contrapuestos con la Sra. Fiscal Auxiliar, Dra. Muñiz Gisela los que son de público y notorio conocimiento, enemistad y animosidad con el suscripto, y que en Feliciano hay actualmente tres fiscales solicito se recuse a la misma de continuar interviniendo en la presente causa, ya que de otra manera se estaría lesionando el principio de objetividad y vulnerando garantías».

Una resolución que firmó el 25 de febrero por el Procurador Jorge García consideró la pretensión de apartamiento de la fiscal Muñiz como “manifiestamente improcedente, y ha de ser rechazada in límine”.

No obstante, dispuso que la tramitación de la causa por desobediencia al exfiscal Temporetti no la siga tramitando Muñiz, sino que pase a estar a cargo del fiscal Matías Raúl Argüello de la Vega, de la Unidad Fiscal de Chajarí.

De igual modo, en abril Muñiz dejó de pertenecer al Ministerio Público Fiscal. Pidió licencia sin goce de haberes “por ejercicio de cargo de mayor jerarquía”.

“La petición se fundamenta en que el Superior Tribunal de Justicia, mediante Acuerdo General N° 07/26 de fecha 07/04/2026, dispuso su designación como Jueza a cargo del Despacho del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de San José de Feliciano, cargo del cual tiene previsto tomar posesión el día lunes 13 de abril de 2026”, dice la resolución del Procurador García por el cual se le otorgó licencia “extraordinaria” a Muñiz.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora