Luego de la investigación administrativa que se abriera en 2024 y la denuncia presentada en la Justicia, un grupo de exfuncionarios de l Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor del exMinisterio de la Producción accedió a un acuerdo de juicio abreviado en el marco de una causa penal por el desvío más de $100 milllones del fisco.
El juez de juicio Mauricio Marcelo Mayer refrentó el acuerdo de juicio abreviado y declaró a Pedro Fernando Gebhart “autor material y responsable del delito de peculado” y le impuso la pena de tres de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
También declaró a Cristian Silvestre Klein “autor material y responsable del delito de peculado y lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Y a Claudio Rosas Vico “autor material y responsable del delito de peculado” y le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
También declaró a Alejandro David Usatinsky “partícipe necesario del delito de peculado” y le impuso la pena de tres años de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
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En el caso de Pedro Fernando Gebhart, Cristian Silvestre Klein, Claudio Alberto Rosas Vico y Alejandro David Usatinsky, por el plazo de la condena, le fijó las siguientes reglas de conducta: a) fijar y mantener los domicilios denunciados en la audiencia, los que no podrán modificar sin previa comunicación a la autoridad judicial; b) abstenerse de realizar, por sí, por terceros y por cualquier medio, actos molestos, violentos o perturbadores a los testigos de la presente causa; c) realizar, cada uno de ellos, trabajo comunitario a favor de una institución de bien público que la Oficina de Medios Alternativos designe, por un total de 96 horas por cada año de la condena; d) abonar, dentro de los sesenta días hábiles la suma total de $100.886.792, en concepto de reparación económica en favor del Estado de la Provincia de Entre Ríos.
La Fiscalía atribuyó a los exfuncionarios la comisión del siguiente hecho: «Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero de 2018 al 10 de diciembre de 2023 en la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social, posteriormente denominada Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor, ubicada dentro del Ministerio de Producción, Pedro Fernando Gebhardt, en su carácter de secretario y posteriormente secretario; Christian Silvestre Klein, como director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; y Claudio Alberto Rosas Vico, como director de Políticas y luego director general de Desarrollo Económico y Emprendedor, sustrajeron $100.886.792 del patrimonio de la Provincia de Entre Ríos a través de 319 créditos” correspondientes al régimen de promoción de emprendedurismo Joven Entrerriano.
Los exfuncionarios, planteó el Ministerio Público Fiscal, “intervinieron de manera funcional en la tramitación, aprobación y control aprovechándose del cargo que ocupaban, facilitando la ejecución del plan delictivo. A tales fines instrumentaron un conjunto sistemático de maniobras dirigidas a simular los créditos, la existencia de emprendimientos, justificar el otorgamiento y la posterior falta de recupero de los fondos, entre las que se destacan: a) La elaboración e incorporación a expedientes administrativos de proyectos de emprendimiento inexistentes o ficticios que no fueron confeccionados por las personas que figuran como solicitantes, incluyendo la utilización de datos personales falsos; b) La falsificación y utilización de firmas y aclaraciones atribuidas a los beneficiarios en diversos instrumentos tales como solicitudes de créditos, contratos, constancia de recepción de fondos, pedidos de prórroga y demás documentación incorporada a los expedientes; c) La incorporación de rendiciones de cuentas apócrifas mediante la utilización de facturas falsas, facturas sin objeto real o que no fueron aportadas por los beneficiarios, así como certificaciones de emprendimiento inexistentes, simulación y puesta en escena de emprendimientos que no eran reales y declaraciones juradas falsas destinadas a aparentar la inversión de los fondos; d) La simulación de comunicaciones e intimaciones de pagos dirigidas a direcciones de correo electrónico inexistente al solo efecto de aparentar gestiones de recupero; e) Se elaboraron informes en los que se sentaba falsamente que los emprendedores no registraban deudas con el objeto de habilitar la tramitación y otorgamiento de un segundo crédito; f) La omisión de controles sustanciales sobre la ejecución de los proyectos, la rendición de fondos y el recupero de créditos otorgados, así como el incumplimiento de los recaudos administrativos necesarios para asegurar su cobro, y g) La simulación ante el Tribunal de Cuentas del cumplimiento de procedimientos de recupero, incluyendo el supuesto envío de créditos a Fiscalía de Estado para lograr su recupero, acompañando documentación adulterada con el fin de ocultar las irregularidades, certificaciones, facturas, recibos, contratos. Para la concreción del circuito de extracción de fondos, las autoridades se valieron de la participación de Alejandro Usatinsky, Matías Balbuena, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, quienes intervinieron en la captación de personas, en muchos casos en situación de vulnerabilidad económica, sin trabajo o en situaciones apremiantes, a quienes aprovechándose de la situación de necesidad, se les solicitaron sus datos personales con el objeto de tramitar créditos a su nombre”.
“En numerosos casos -dice la imputación-, dichas personas eran inducidas a participar bajo diferentes tipos de engaños, haciéndoles creer que se trataba de ayudas estatales no reintegrables u otros beneficios, o solicitándoles el uso de sus cuentas bancarias para cobrar cuestiones personales. En otros supuestos, los datos personales fueron utilizados sin conocimiento de los titulares. Una vez acreditados los fondos, los beneficiarios eran acompañados a entidades bancarias para su extracción, debiendo entregar posteriormente el dinero a los mencionados, recibiendo sumas de dinero significativamente menores, entre $6.000 y $50.000. En otros casos, en los que se cobraban mediante cheque de fondos, eran directamente canalizados hacia cuentas vinculadas a los imputados. A fin de llevar a cabo esta maniobra, se destacó el aporte imprescindible de Alejandro Usatinsky por su labor de nexo entre las autoridades del programa y los reclutadores, su desempeño como coordinador en las tareas de los reclutadores y la cantidad de crédito en los que participó en forma activa. El dinero así obtenido era finalmente apropiado por los imputados en perjuicio del patrimonio de la Provincia de Entre Ríos».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora