El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Rafael Martín Cotorruelo asumirá formalmente este viernes, a las 18, la presidencia de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, cargo en el que sucede a Alejandro Joel Cánepa, que concluye dos períodos consecutivos al frente de la institución.

Lleva seis años como integrante de la Asociación, y ahora le toca, por primera vez, ejercer la titularidad de la entidad. “Ahora me toca asumir un cargo de mayor visibilidad”, admite en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-Asume la presidencia de la Asociación en medio de la discusión por las consecuencias de la reforma previsional.

-Como Asociación tuvimos una intensa participación en el debate de esta ley. Ahora, ya con esta esta etapa de discusión legislativa cerrada, restará que entre en vigencia. Y en esta otra etapa también tendrá eventualmente alguna participación al respecto, sobre todo encarar la representación de los asociados y brindarles servicios a los asociados.

-¿Qué puntos de esa ley entienden que puede impactar negativamente entre los integrantes del Poder Judicial?

-Ya hemos fijado posición en torno a los puntos más álgidos o que generan más tensiones, sobre todo con nuestro bloque de constitucionalidad. Nadie discute que debía producirse una reforma en el sistema, que el sistema así como iba, no tenía vialidad, pero la reforma en estos términos va a afectar derechos, ya sea de jubilados o de futuros jubilados. Y esa afectación de derechos, si no se hace de la manera más razonable y equitativa posible, y no afectando fundamentalmente derechos adquiridos, va a generar problemas de constitucionalidad. Básicamente, voy a hablar por mi estamento. En nuestro caso, la entrada en vigencia de la ley eventualmente va a afectar derechos. De manera casi segura, va a producir un desenganche en cuanto al mecanismo que tenemos nosotros para actualizar salarios (Ley de Enganche, NderlR). Nosotros nos guiamos por una acordada que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya no va a haber ajuste de salarios por ese mecanismo. Los jubilados de la Justicia van a tener ajustes de sus haberes, según dice la ley, conforme el mecanismo que tiene el estamento que tiene mayor representatividad, mayor cantidad de integrantes, que sería el estamento docente. El perjuicio, en ese caso, no va a ser inmediato, pero con el transcurrir el tiempo sí se va a notar.

-¿Fueron receptados los cambios que se plantearon en la discusión legislativa?

-Hubo puntos que sí fueron receptados. Por ejemplo, en la declaración de emergencia, que preveía porcentajes mucho más altos de descuento en los distintos sueldos, una escala progresiva que está activa hasta el 8%. Esto quedó reducido a un 3% para para todos los trabajadores activos de la Administración Pública con un haber superior a 3.000.000 de pesos. Luego, se le puso un costo temporal a la emergencia, más allá de que nuestra posición fue que no existe sustrato fáctico para que se declare una emergencia. Y sobre ese punto, si eventualmente hay personas que deciden accionar contra la ley será un punto de discusión. Yo no puedo adelantar cuál va ser el resultado de una judicialización, por supuesto que no, pero ese es un punto que genera tensión. El otro punto que genera tensión es el desacople que se produce con aquellos estamentos que tienen una forma propia de actualización salarial, que son más de 90 estamentos, los cuales también se van a ver afectados. Si bien hubo un cambio de fórmula, lo que pretendíamos era alguna unificación, pero no en un solo estamento, sino en dos o tres canastas. Eso, si es como se prevé, va a generar muchas diferencias salariales, y eso va a dar lugar a agravios, acciones judiciales. Destacamos que se quitó del proyecto original el punto que decía que cualquier decisión judicial que afectara o atentara contra la sustentabilidad del sistema iba a ser considerado causa grave. Eso, por supuesto, fue atendido porque era prácticamente una suerte de amenaza hacia el Poder Judicial, hacia los jueces, y los condicionaba en relación a cómo tenían que dictar sus sentencias. Por supuesto, en eso fuimos atendidos.

-¿Por dónde pasan las preocupaciones que va a tener esta nueva gestión que empieza al frente de la Asociación de la Magistratura?

-Bueno, en lo que hace puntualmente a esta reforma, ya nos encontramos con un panorama diferente, ya se cerró la etapa de la discusión. Ahora habrá que esperar la implementación y la eventual afectación de derechos. En función de eso, nosotros hemos contratado especialistas para ponerlos a disposición de nuestros asociados que, en caso que lo requieran, los van a asesorar, a costo de la de la Asociación, y a guiarlos en relación a si alguno decide hacer algún tipo de acción judicial. Todo eso, digamos, va a estar proporcionado por la Asociación. La primera reunión de la Asociación en la semana que viene va a tener como una ruta central definir los servicios a ofrecer a los asociados en este sentido. En la medida que puedan verse afectados activos como pasivos, podrán eventualmente accionar o no. Nosotros vamos a disponer de un servicio con especialistas para asesorar a los a los asociados. La forma de actualización salarial no va a tener efecto inmediato, pero sí la emergencia, y nos van a detraer un 3% de nuestros salarios. Esto afectará a mucha gente y cada uno resolverá cómo actuar.

-¿Más allá de esa cuestión coyuntural, qué objetivos se fija al frente de la Asociación?

-Por suerte, ya hace muchos años la administración de la Asociación ha sido sumamente eficaz, y yo le diría que prestamos servicios por encima de la media de todas las asociaciones de magistrados de otras provincias. En general, las coberturas que damos en materia de matrículas para congresos, cursos, inclusive viajes, cubrimos hoteles, están por encima de la media. Tenemos un fondo común de asistencia, con el cual cubrimos un montón de vicisitudes en temas de salud. Por lo tanto, lo mío sería continuar, y en la medida de lo posible, mejorar esos servicios. Pero lo cierto es que nosotros no escapamos a la realidad general de la provincia en la caída del poder adquisitivo de los aportes.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora