El gigante canadiense Nutrien, una de las grandes corporaciones globales dedicadas a la producción y comercialización de fertilizantes, cuya presencia en el país estuvo a punto de zozobrar pero que en 2025 aventó toda sospecha y anunció la decisión de quedarse, demandó a los responsables de la sucursal Victoria, en Entre Ríos, por un millonario desfalco en dólares.

En la Argentina Nutrien estaba presente desde 1995 con soluciones en nutrición y protección de cultivos, manejo de semillas, muestreo de suelos, agronomía digital, asesoría técnica, y aplicación de productos. Posee las marcas Granucal y Azufertil y cuenta con una planta industrial ubicada en Colonia Hinojo (Olavarría, Buenos Aires) y otra unidad de formulación de fitosanitarios en Casilda (Santa Fe).

Por otra parte, Nutrien es propietaria, en partes iguales junto a YPF, de la fábrica de urea granulada de Profertil, lo que representa una mala señal para los planes de expansión que tiene el management de la compañía.

El 20 de octubre de 2020, previo agotamiento de la instancia de mediación prejudicial obligatoria, el exviceintendente de Victoria en tiempos de gestión de Domingo Maiocco (Juntos)(, José Alcides Risso, en el carácter de apoderado de Nutrien Ag Solutions Argentina S.A. se presentó en los Tribunales y promovió demanda ordinaria de daños y perjuicios contra el ingeniero agrónomo Hugo Javier Boretto, tendiente a obtener la condena al pago de la suma provisional de U$S 2.542.862,16.

Boretto había ingresado gerenciar la sucursal Victoria de Nutrien Ag Solutions Argentina SA el 1° de octubre de 1997. En la demanda de Risso, le atribuyó “responsabilidad civil a un obrar doloso y a la vulneración de los deberes de buena fe, diligencia y fidelidad”, y agrupó los perjuicios reclamados en dos rubros principales: por un lado, los faltantes de mercadería en inventario por la suma de U$S 932.908,23, correspondientes a diferencias físicas constatadas en fertilizantes, agroquímicos y semillas egresados sin la debida registración de venta; y por el otro, las diferencias en cuentas corrientes de clientes por la suma de U$S 1.610.219,47, originadas en acreencias de clientes directos de la cartera del demandado “que tornaron judicialmente incobrables tras la sustracción de los remitos provisionales conformados originales y el desvío de saldos a cuentas inactivas”.

El profesional sospechado, desvinculado de la firma en 2019, negó todos los cargos. Negó “la existencia de faltantes e inconsistencias de inventario, aduciendo que las auditorías de Tristán & Asociados (agosto de 2018) y KPMG (enero de 2019) no arrojaron anomalías significativas, destacando además la ausencia de un inventario de corte físico o documental al momento de su egreso”. Agregó que “los saldos millonarios de clientes cuya incobrabilidad se le imputa excedían su límite de autorización como gerente de planta (U$S 15.000 o U$S 75.000), habiendo sido validados en línea por la Casa Central”. Por último, formula objeciones probatorias respecto del peritaje contable por considerarlo inoponible a un particular no obligado a llevar libros de comercio, e impugna la citación de testigos de extraña jurisdicción”.

En sede penal en Victoria el caso caratulado «Boretto, Hugo Javier s/ Administración Infiel») terminó en probation. El 31 de octubre de 2025 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay concedió a Hugo Javier Boretto la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años, dispuso reglas de conducta y tomó razón del ofrecimiento de reparación económica por U$S 300.000 (rechazado por la empresa). Ese pronunciamiento quedó firme luego de que el 17 de marzo último la Cámara de Casación Penal de Paraná declarase la inadmisibilidad del recurso de casación.

Pero la demanda civil siguió por otro camino. El 31 de julio pasado el juez Civil y Comercial de Victoria, Luis Francisco Marquez Chada en la causa caratulada “Nutrien AG Solutions S.A. C/ Boretto Hugo Javier s/Orinario – Daños y perjuicios”, hizo lugar “en todas sus partes a la demanda ordinaria de daños” y condenó al ingeniero agrónomo a pagar a la firma la suma total de US$ 2.542.862,16 en concepto de capital de condena.

La sentencia agrega: “Disponer que, al haber sido cuantificada la deuda de valor en moneda extranjera, la suma de condena establecida en el punto precedente deberá ser cancelada única y estrictamente en la especie designada (dólares estadounidenses billete), conforme a lo dispuesto por imperativo legal”.

En sus fundamentos, el juez marcó que “el demandado violó de forma flagrante estos deberes ético-patrimoniales al ejecutar maniobras comerciales y contables clandestinas a espaldas de su empleador, desatendiendo por completo los intereses que le habían sido confiados. Al no haber alegado ni demostrado el demandado ninguna causa de justificación legal (como el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de un tercero) que excluyera la ilicitud de sus actos, la antijuridicidad material de su conducta queda plenamente configurada”.

Luego, apunta que “la pérdida patrimonial sufrida por Nutrien debido a la desaparición material de fertilizantes, agroquímicos y semillas desde las celdas de almacenamiento del agrocentro Victoria ha quedado plenamente demostrada. El perjuicio se originó en la existencia de un descalce sustancial entre el stock físico real y el stock informático registrado en el sistema JD Edwards (JDE) de la compañía”.

“Para encubrir este vaciamiento físico ante las auditorías de control periódicas (como la de Tristán en agosto de 2018 y la de KPMG en enero de 2019), el demandado implementó una maniobra sistemática consistente en facturar las

toneladas faltantes a clientes seleccionados de su cartera a un valor ficticio de US$ 1 por tonelada. Al emitir facturaciones electrónicas por importes nominales ínfimos (como facturas de US$ 50 por un volumen de 50 toneladas de insumos), la operación eludía los límites informáticos y no requería de la autorización previa de sus superiores de la gerencia de créditos. De este modo, forzaba de manera artificial la coincidencia del stock del sistema JDE con las disminuidas existencias de los galpones”, añade el juez

Luego apunta: “Una vez superadas las auditorías sin observaciones de stock, Boretto procedía de forma inmediata a emitir notas de crédito también a valor de US$ 1 por tonelada para revertir informáticamente las transacciones, o bien las dejaba abiertas, privando de manera definitiva a la empresa del valor real de reposición de la mercadería (cuyo valor real de mercado oscilaba en los US$ 400 por tonelada)”.

El ardid del gerente de la sucursal Victoria quedó al descubierto al verificarse que “el descalce se descubrió al procesarse reportes globales que arrojaron un ´margen negativo´ anómalo en la planta de Victoria derivado de la venta de productos por debajo del costo real”.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora