Más de 1.700 adhesiones logró el amparo colectivo presentado en la Justicia por un grupo de padres de niños que asisten a comedores escolares, más la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce para trabaar la puesta en marcha de un esquema de compra centralizada de insumos para desayunos y meriendas, que adjudicó a la empresa Teknofood SA, corriendo así de la responsabilidade la administración de los fondos a los directores de escuela.
En el marco de ese proceso, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio hizo lugar a la cautelar que acompañó el amparo, decisión que fue apelada por el Gobierno ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Al momento del cierre de esta nota, ni el amparo ha sido resuelto por el juez Malvasio, y tampoco la vigencia de la cautelar por parte del alto cuerpo de Justicia.
La disposición de Malvasio, que se conoció el sábado 8, ordenó la apertura de una convocatoria pública dirigida a todas las personas que se consideren afectadas o tengan un interés directo en la causa, permitiéndoles comparecer en el expediente para defender sus derechos o autoexcluirse en un plazo de siete días. El listado de adhesiones, la mayoría de personal docente de las escuelas donde funcionan comedores escolares, supera las 1.700.
Esa etapa se produjo tras una resolución anterior de gran impacto, en la cual el magistrado hizo lugar a una medida cautelar que frenó el sistema de alimentación implementado por la provincia a través de la empresa Teknofood SA. Dicha cautelar obligó al Gobierno de Entre Ríos a abstenerse de distribuir productos con sellos de advertencia o leyendas precautorias (según la Ley de Alimentación Saludable) y a retomar, de forma inmediata, la modalidad de provisión anterior a la centralización del sistema.
Actualmente, mientras se aguarda la definición de la cuestión de fondo —que busca tutelar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos que no perjudiquen su salud—, el proceso judicial continúa analizando la legalidad del nuevo sistema de desayunos y meriendas uniformes frente a las normativas nacionales de protección integral y salud alimentaria.
La nueva resolución judicial establece que la convocatoria se realizará durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial. Las personas que se consideren alcanzadas podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión. El plazo establecido fue de 7 días, contados desde la última publicación. Venció el domingo 16.
Entre Ríos Ahora tuvo acceso al listado de adhesiones que, como se dijo, superan las 1.700.
El objeto del proceso es la tutela del derecho de niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben el programa alimentario escolar. En particular, se plantea la protección de su derecho a no recibir alimentos que resulten aptos para causar un perjuicio a su salud, en relación con los productos industrializados señalados y las previsiones de las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.
La resolución también identifica como causa fáctica común la implementación provincial de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, mediante productos predeterminados destinados a los niños, niñas y adolescentes incluidos en el programa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.