Dos diputadas de bloques distintos de la Cámara de Diputados ingresaron este martes un proyecto de ley que propone derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche, que determina que los sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos queden automáticamente ligado a los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La autora del proyecto es la diputada del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, Gladys Salinas, y la acompaña su par del bloque de la Alianza Juntos por Entre Ríos, Noelia Taborda. Se señaló que la propuesta “no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos”.

Las diputadas consideraron “necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial. Solo de esa manera podremos garantizar una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerriano”.


El artículo que las diputadas proponen  derogar mediante el proyecto de ley –que se presenta en un contexto de diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por la reforma previsional y los fallos adversos del segundo a la compra de alimentos para comedores escolares dispuesta por el primero- establece que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.

Salinas y Taborda proponen: “Artículo 1°.- Derógase el artículo 1° de la Ley Nº 10.068” y “artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese”.

En los fundamentos se destacó que “el mecanismo fue establecido en el año 2011 y vincula de manera directa los aumentos salariales del Poder Judicial provincial con decisiones adoptadas por un organismo nacional, sin considerar necesariamente la situación económica, financiera y presupuestaria de Entre Ríos”.


Así, se entendió que “transcurridos varios años desde su sanción, entendemos que corresponde revisar este sistema y recuperar para la Provincia la capacidad de decidir sobre la administración y el destino de sus propios recursos”.

También se indicó que “la Constitución provincial atribuye a la Legislatura la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los fondos públicos”.

Se entendió que aquellas “facultades no representan solamente una formalidad, sino que constituyen una responsabilidad directa frente a todos los entrerrianos. Sin embargo, el régimen vigente hace que cada aumento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación produzca automáticamente un incremento permanente del gasto provincial, sin que esta Legislatura pueda analizar en cada oportunidad su impacto ni su relación con los recursos disponibles”.

En aquella línea, el proyecto sostuvo que “las decisiones salariales del Poder Judicial nacional se adoptan de acuerdo con su propia realidad, su presupuesto y los recursos con los que cuenta el Estado nacional. Esas circunstancias no son necesariamente las mismas que atraviesa nuestra Provincia, que debe atender con sus recursos el funcionamiento de la justicia, la educación, la salud, la seguridad y los demás servicios esenciales”.

Ambas legisladoras destacaron que “este proyecto se encuentra también en línea con el cambio de rumbo impulsado por el Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, que ha colocado al equilibrio fiscal, el orden de las cuentas públicas y el cuidado de los recursos de los contribuyentes como principios centrales de su gestión”.

Así, insistieron: “Compartimos la idea de que el Estado no puede gastar más de lo que tiene ni asumir obligaciones permanentes sin analizar previamente cómo serán financiadas. Los recursos públicos provienen del esfuerzo de los ciudadanos y deben ser administrados con responsabilidad, transparencia y austeridad”.

Salinas y Taborda destacaron que “la derogación propuesta no busca afectar la independencia del Poder Judicial ni desconocer la importancia de la función que cumplen sus magistrados, funcionarios y empleados”.

También sostuvieron que “tampoco implica reducir las remuneraciones actualmente vigentes. Lo que se propone es dejar sin efecto, hacia el futuro, un mecanismo automático que limita la capacidad de la Provincia para definir su propia política salarial”.

La Ley N° 10.806 de Emergencia Solidaria fue sancionada el 2 de julio de 2020 en Entre Ríos durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet. Entre los puntos más importantes se encuentra la declaración del estado de emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en la provincia en el marco de la pandemia de Covid-19, ante la caída de la recaudación fiscal.

La Emergencia tuvo un plazo inicial de un año con posibilidad de prórroga por seis meses, pero en junio de 2021 el Ejecutivo decidió no extenderla. Tras su finalización distintos actores judiciales llevaron a la Justicia el reclamo por los montos retenidos durante la Emergencia. El Poder Ejecutivo los rechazó y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó la validez legal de la Ley de Emergencia tras diversos reclamos sindicales.

 

Fuente: Agencia Periodística Federal (APF)