El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, cruzó fuerte a la diputada provincial Liliana Salinas (Partido Conservador Popular, que llegó a la Legislatura con La Libertad Avanza) por el proyecto de ley que presentó en Diputados que apunta a suprimir la Ley de Enganche Salarial que rige la paritaria de los empleados de la Justicia.
Piumato se refirió a la “ofensiva impulsada” por la diputada Salinas contra la Ley de Enganche, la cual, dijo, garantiza el principio constitucional de “igual remuneración por igual trabajo” para los salarios judiciales. El dirigente denunció que la iniciativa responde a una “venganza personal” de la legisladora tras la confirmación de una sentencia civil en su contra, y remarcó que “la política no tiene privilegios” ni “una coronita de impunidad” frente al resto de los ciudadanos.
Se refirió así a un fallo que dictó en diciembre de 2025 el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 4, de Concordia, Jorge Ignacio Ponce, que condenó a la diputada Salinas a devolver un inmueble que ocupaba irregularmente y a pagar casi tres millones de pesos en concepto de alquileres adeudados. Fue en el marco de la causa “Iriarte Francisco Ramón c/ Salinas Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres”.
A la legisladora oriunda de Concordia la Justicia la obligó así a abandonar la vivienda que ocupaba en calle Laprida 1747, de la Capital del Citrus, sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.
La seccional Entre Ríos de la UEJN consideró respecto de la iniciativa de Salinas: “Resulta profundamente alarmante que una herramienta legislativa de semejante impacto sea presentada tras la confirmación de una sentencia civil en contra de la legisladora impulsora. La labor parlamentaria no puede convertirse en un mostrador de revanchas personales ni en un mecanismo de presión contra el Poder Judicial por el mero descontento con fallos de la Justicia”.
El gremio reprochó que bajo “el pretexto de un supuesto ´federalismo´ y de una falsa ´equiparación estatal´, se atenta de forma directa contra la autarquía financiera, la calidad del servicio de justicia y los derechos adquiridos por los trabajadores en actividad y nuestros pasivos, afectando el 82% móvil y la estabilidad previsional”.
“Los salarios y derechos del sector judicial garantizan la independencia técnica e imparcialidad que la Constitución exige para juzgar a todos los ciudadanos por igual, sin importar su cargo o poder político”, planteó la UEJN, y añadió: “Exhortamos a los bloques legislativos a actuar con la responsabilidad y madurez constitucional que el pueblo de Entre Ríos demanda, rechazando maniobras oportunistas y fortaleciendo las herramientas de diálogo como la Mesa Salarial en el marco provincial, en lugar de impulsar proyectos reactivos que degradan el servicio esencial de justicia”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora