Dos diputadas de bloques distintos de la Cámara de Diputados ingresaron este martes un proyecto de ley que propone derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche, que determina que los sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos queden automáticamente ligado a los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La autora del proyecto es la diputada del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, Gladys Salinas, y la acompaña su par del bloque de la Alianza Juntos por Entre Ríos, Noelia Taborda. Se señaló que la propuesta “no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos”.
Las diputadas consideraron “necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial. Solo de esa manera podremos garantizar una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerriano”.
“No nos sorprendió pero nos preocupó mucho la aparición de este proyecto”, analizó Rafael Cotorruelo, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, aunque destacó que la iniciativa “no ha tomado estado parlamentario, y tampoco tuvo el acompañamiento del resto de los legisladores” de Juntos.
En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, juzgó que la iniciativa legislativa casi no tiene fundamentación, aunque evitó adjudicar alguna intencionalidad en las legisladoras que la impulsan. “Si bien la Legislatura tiene facultad para discutir una ley, también decimos que fue la Legislatura la que sancionó la Ley de Enganche. Nuestro sistema remunerativo fue implementado precisamente por una ley provincial”, señaló.
Cotorruelo entiende que “el fundamento aparentemente fiscal que se esgrime en el sentido de que los aumentos salariales deben ser decididos en el ámbito de Entre Ríos, y que así se recupera una facultad, una prerrogativa presupuestaria, es un argumento que no es suficiente. No explica suficientemente por qué hacer desaparecer un esquema salarial que claramente fue una clara solución y que permitió a uno de los poderes del Estado desvincular la discusión salarial del Poder Ejecutivo, poder al que el Poder Judicial debe controlar. Es decir, esto es claramente una garantía de independencia, y, de ninguna manera, un privilegio que nos coloca por fuera de las vicisitudes que ocurren en la provincia. Esto que quede claro, porque el sistema, por sí mismo, no implicó aumentos por encima de los que han tenido otros sectores. De hecho, también este sistema no es un sistema extraño. Hay muchos sectores que tienen un sistema de ajuste similar, fundamentalmente entes autárquicos provinciales, y el Instituto del Seguro. Es decir, empleados públicos, igual que nosotros, que cobramos con recursos de la provincia, cuyos aumentos se deciden por fuera. Y este proyecto no dice nada de estos otros sectores”.
Sobre ese punto, insiste: “Llama la atención esta selectividad. Es decir, señalar solamente a un poder del Estado”.
-¿Suprimir la Ley de Enganche Salarial afectaría la independencia del Poder Judicial?
-Yo puedo hablar solamente respecto de este proyecto en concreto. Más allá de que (la Ley de Enganche) ha sido una solución y que no existe una razón fiscal para que esto desaparezca, tampoco existe un fundamento de oportunidad. Cuando se le preguntó a la legisladora (Liliana Salinas, impulsora del proyecto), lo que pude escuchar es que pasaron 15 años desde que se sancionó la ley y que ahora es momento de revisar esto. Inclusive dijo que no se trata de afectar las remuneraciones, de disminuirlas, que hay un argumento fiscal. Pero el momento en el cual se introduce este proyecto es un momento muy delicado en el que hubo una reforma muy importante, una reforma previsional. Muchos sectores anunciaron que iban a judicializar diversos puntos de esta reforma. Es decir, el proyecto surge en un momento en donde se está mirando al Poder Judicial. Y posiblemente, se acuda al Poder Judicial, y el Poder Judicial quizás pueda adoptar decisiones que afecten a los otros dos poderes del Estado. Eso es lo que preocupa realmente. Una lectura posible que es que sería una suerte de condicionamiento de todos aquellos que están llamados a decidir sobre esas cuestiones. Y por eso claramente ahí hay una gran preocupación. A ver, la intangibilidad de nuestras remuneraciones no es un privilegio, en el sentido de que nosotros vamos a estar por fuera de todas las crisis económicas que soportan el resto de nuestros coprovincianos. De hecho, cuando hubo crisis, una crisis importante, por ejemplo cuando se decretó la emergencia por el Covid, nuestra Ley de Enganche estuvo suspendida. Eso implicó que nuestros haberes no aumentaron como el resto.
-¿Van a pedir reunión con la Legislatura para hacer conocer su postura sobre este proyecto?
-Por supuesto que sí, sobre todo si el proceso avanza, sí. De todas maneras, entendemos que todavía no tiene estado parlamentario. Creemos que no va a tener viabilidad. Nuestra posición es que sea retirado. No creo que sea sano que avance, justo en este delicado momento empezar a ir a discutir precisamente eso, en un momento donde todos mis colegas van a tener que resolver un montón de otras cosas. No sería lo ideal. De todas maneras, por supuesto que si el proyecto avanzara, vamos a estar ahí. De todas maneras, nuestra Asociación mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno (Manuel Troncoso) y nos ratificó que ese proyecto no es compartido por el Gobierno, que no tienen nada que ver.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora