La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso este sábado por la tarde el envío a la cárcel de Paraná del imputado Alejandro Almada, acusado formalmente del delito de fraude a la Administración Pública en el marco de la causa «contratos truchos» de la Legislatura. El acusado deberá cumplir una medida de prisión preventiva de 30 días, la cual se extenderá tras las rejas hasta el próximo 13 de octubre, fecha en la que se podrá evaluar la prórroga o la morigeración de la medida de coerción.
Los 30 días de arresto preventivo fueron acordados entre el fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, y el abogado defensor Miguel Ángel Cullen, acuerdo que fue homologado por la jueza Barbagelata. Asimismo, trascendió que durante el tiempo que dure la medida, las partes dialogarán sobre una salida alternativa mediante un juicio abreviado. En dicho acuerdo, Almada reconocería la comisión de los delitos y aceptaría una pena menor a la que solicita la Fiscalía en su pedido de remisión de la causa a juicio, la cual es de 10 años de cárcel de cumplimiento efectivo.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Ignacio Aramberry fundamentó detalladamente los motivos que justifican la prisión preventiva del imputado, haciendo especial hincapié en el riesgo de fuga y el quiebre de las pautas de conducta impuestas previa y formalmente. El fiscal explicó a la jueza que Almada incurrió en la falsedad del domicilio real que había declarado para permanecer vinculado al proceso.
«Entendemos que se configura la falsedad del domicilio real y esto es considerado indicio de fuga. Se verificó la transgresión a las normas de conductas impuestas el 15 de marzo de 2019 . El domicilio fue ratificado en el inicio de la remisión del caso a juicio, donde se remitió una planilla firmada por el imputado. La fiscalía no ha tenido oportunidad de considerar que el imputado haya informado un cambio de domicilio», dijo.
Además, Aramberry remarcó que otra de las reglas vigentes era la prohibición de ausentarse de Paraná sin previo acuerdo de la Fiscalía o autorización judicial. Al respecto, sostuvo: «Estas son las pautas que fueron infringidas por el imputado al falsear su situación de residencia». «Esto exhibe cierta falta de arraigo en la ciudad donde había constituido el domicilio para estar vinculado a la causa y a las facilidades para ocultarse. Constituye un riesgo probable de fuga. Todas las veces que ha pasado la frontera. De mantenerse oculto y más que nada en una zona de triple frontera, donde tiene una estructura económica familiar fuera del país para, de alguna manera, quebrantar esta inhibición general de bienes impuesta en la causa».
El representante del Ministerio Público Fiscal contextualizó además el momento procesal en que se encuentra el expediente y la expectativa de pena como factores que intensifican el riesgo de evasión: «En cuanto a la expectativa de pena, hemos pedido una pena de cumplimiento efectivo de diez años de prisión». Enseguida, subrayó: «Esta causa está próxima a remitirse el caso a juicio donde el riesgo de fuga se amplia exponencialmente. En este caso es más palpable la situación de la posible imposición de una pena. De todas maneras, también este riesgo de fuga debe analizarse con el posible entorpecimiento de la causa. En el sentido de que la radicación de negocios familiares fueras del país, infringiendo la inhibición general de bienes que pesaba sobre el imputado y su pareja».
Estructura económica en Brasil
Un pilar central de la fundamentación fiscal se basó en el desplazamiento del centro de vida de Almada y la detección de una importante red comercial montada en Brasil, lo que representa peligro de entorpecimiento para el eventual recupero de activos derivados del delito. El fiscal indicó que, según los registros migratorios, Almada abandonó el domicilio fijado en Los Ceibos (Paraná) para trasladarse a una zona próxima a la frontera con Brasil. Los registros evidenciaron estadías sumamente prolongadas fuera del país, contabilizándose períodos de hasta 302 días fuera de Argentina durante 2020. Sumado a otra cantidad de salidas, acumula casi tres años de permanencia en el extranjero.
Aseguró que, dichos movimientos coincidieron con el establecimiento de un entramado de negocios comerciales del grupo familiar radicados en la ciudad de Foz de Iguaçu. En este esquema comercial aparecen como caras visibles su pareja, Micaela Banegas, sobre quien pesa una inhibición general de bienes dictada en la causa. Dado que no se les conocen ingresos formales en Argentina que justifiquen tales desembolsos, la Fiscalía dedujo que las operaciones buscaron eludir las restricciones patrimoniales impuestas judicialmente.
Entre los emprendimientos comerciales e inversiones registradas en Brasil a nombre del círculo familiar de Almada, el fiscal precisó los siguientes montos acumulados en reales:
-Garage en Bar Limitada:sociedad donde su pareja, Micaela Banegas, registra un aporte de capital de 400.000 reales.
-Bar B 8, 1 Restaurant Limitada: firma vinculada a la anterior, con un capital de 100.000 reales.
-Herman Holding Limitada: empresa dedicada a la compra, venta y alquiler de inmuebles propios, con un capital de 100.000 reales.
-Vibra Travel, Agencia de Viajes Limitada: agencia de viajes en la que se registra un capital de 20.000 reales.
-Tomás Valentín Bar Limitada: emprendimiento a nombre de su cuñado, con un capital registrado de 200.000 reales.
El fiscal Aramberry enfatizó que la acumulación de estas elevadas sumas en reales en una zona fronteriza implica buscar el quebranto de la inhibición general de bienes que pesa sobre Almada y su pareja. Asimismo, advirtió que la vinculación con sociedades del rubro turístico acrecienta el riesgo de fuga por sus nexos con otros destinos internacionales.
La Justicia de Entre Ríos pide la extradición del cuñado de Aguilera
Los datos clave de la «causa de los contratos truchos» de la Legislatura
La prisión preventiva dictada contra Almada forma parte de las actuaciones en el expediente que investiga el desfalco sistemático de fondos públicos perpetrado en la Legislatura provincial entre los años 2008 y 2018. El perjuicio económico global causado a la Administración Pública se estimó en alrededor de 53 millones de dólares.
En la estructura ilícita investigada, Alejandro Almada cumplía un rol estratégico. Almada es cuñado de Juan Pablo Aguilera (quien a su vez es cuñado del exgobernador Sergio Urribarri). Aunque formalmente figuraba como empleado de la Dirección Contable de la Cámara de Diputados bajo las órdenes de Sergio Esteban Cardoso (director del Servicio Contable provincial y también imputado), en la organización delictiva los roles se invertían y Almada operaba como jefe de Cardoso. Paralelamente, Almada era socio de la empresa Next SRL, investigada por resultar beneficiada con contratos legislativos entre 2010 y 2015.
La imputación fiscal sostiene que, junto a Juan Pablo Aguilera, Almada no solo se encargaba de colectar el dinero recaudado por los demás coimputados, sino que intervenía directamente en la gestión de los contratos falsos «para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora