El consejo directivo nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su “total respaldo” a la conducción sindical de ATE Entre Ríos y a sus dirigentes, al tiempo que repudió “enérgicamente al Poder Ejecutivo” entrerriano, que, dijo, “persigue y pretende judicializar a los defensores de los legítimos derechos de las y los trabajadores estatales entrerrianos”.
El 8 del actual el Gobierno, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, radicó formalmente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Paraná contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, por los hechos de violencia e intimidación ocurridos este martes en la sede del organismo, ubicada en calle Corrientes Nº 399 de Paraná.
Según consta en la denuncia presentada por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp, alrededor de las 10,30 del martes 8 un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con la pechera de ATE —entre ellas dirigentes de la seccional provincial y del consejo directivo nacional— se presentó en el edificio, forzando el ingreso y generando un forcejeo con personal de Mesa de Entradas.
El grupo se desplazó luego por las oficinas, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazas hacia los trabajadores, exigiendo la agilización de trámites gremiales. Hubo empujones y forcejeos hacia varias empleadas, golpes reiterados a las puertas y daños en mobiliario. Un empleado debió permanecer encerrado en una oficina y llamó al 911.
La denuncia también menciona un episodio anterior, del 19 de mayo de 2026, con amenazas de similar gravedad contra la funcionaria.
El Gobierno pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos y el testimonio de más de una decena de testigos, y solicitó medidas de seguridad para el personal.
“Entre las personas que podemos identificar se encontraban la señora Mariana Luján, secretaria adjunta de ATE; el señor Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos; y el señor Gustavo Eduardo Quinteros, secretario de Organización del consejo directivo nacional de ATE. Junto a estas tres personas se encontraba un grupo aproximado de más de cien (100) personas con la pechera de ATE, muchas de las cuales no puedo identificar en este momento, aunque podrían ser individualizadas mediante el análisis de los registros fílmicos que acompaño como prueba”, dice la denuncia.
ATE nacional destacó que el día de la denuncia, “con una contundente movilización a la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, en el uso irrenunciable de la libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, el sindicato reclamó la reapertura de paritarias y la regularización de la carrera administrativa, instancias que bajo ninguna circunstancia pueden ser catalogadas como actos de violencia o intimidación”.
“Tras la jornada de protesta, la funcionaria Magalí Kapp, integrante de la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia de Entre Ríos, presentó una denuncia judicial contra el secretario de organización de ATE Nacional, Gustavo Quinteros; el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; y la secretaria administrativa de la ATE entrerriana, Mariana Luján”.
“La jornada fue una manifestación gremial en demanda de respuestas que el Gobierno debe dar, precisamente, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo. Se reclamó por trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de Paritarias. Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando”, indicó la entidad gremial
Además remarcaron: “ATE reivindica firmemente los derechos constitucionales a peticionar ante las autoridades y a ejercer la protesta sindical. Cuando un Gobierno no brinda respuestas en tiempo y forma a los trabajadores, y estos reclaman por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo por la criminalización de quienes demandan soluciones concretas”.
Desde ATE Entre Ríos advirtieron también un dato clave: la funcionaria que radicó la denuncia ni siquiera se encontraba en su lugar de trabajo al momento de realizarse la manifestación.
Por su parte, la secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, manifestó su solidaridad y ratificó el respaldo a los dirigentes denunciados: “El derecho a huelga y a manifestarse está contemplado en la Constitución Nacional, por lo que resulta descabellado que una funcionaria judicialice la protesta social”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora