El Poder Ejecutivo rechazó un recurso de apelación jerárquica presentado por un grupo de docentes del departamento La Paz, que habían cuestionado la aplicación de las declaraciones juradas en las escuelas, una forma de control de ausentismo durante las medidas de fuerza sindicales impuesto a través de la resolución Nº 2.771, 24 de septiembre de 2024, dictada por el Consejo General de Educación (CGE).
A través del decreto N° 2.728, del 27 de agosto último, el Gobierno dejó firme ese sistema.
Un dictamen jurídico del Gobierno destaca que esa resolución “fue dictada con naturaleza reglamentaria, en la cual la Dirección General de Planeamiento Educativo (del CGE) propuso realizar un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente de las escuelas de la provincia de Entre Ríos a fin de contar con una base de datos actualizada y garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas en todos los establecimientos educativos; permitir a las áreas pertinentes contrastar la información recolectadas con la que fue cargada en el Sistema SAGE, a efectos de observar la manda constitucional contenida en el artículo 259 de la Constitución de la Provincia Entre Ríos, último párrafo, que prevé: ´La obligación escolar se considerará incumplida por el estado siempre que no se acredite el mínimo de educación obligatoria establecido por esta Constitución´”.
Señala que el deber del Estado entrerriano “es asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar desde los cuatro años hasta la finalización de la educación secundaria”, y que “dentro de sus potestades – deberes constitucionales y legales, el Consejo General de Educación tiene que cumplir y hacer cumplir la política educativa, la legislación vigente y su reglamentación en materia de educación, debiendo no solo planificar y administrar sino también supervisar el sistema educativo provincial, lo cual incluye controlar, revisar, inspeccionar, observar, fiscalizar, intervenir en dicho sistema educativo, además de tener la responsabilidad de implementar proyectos específicos con el objetivo de mejorar las trayectorias escolares de los alumnos”.
El Gobierno entendió que la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, a través de su área Estadística y Censo, “ratificó la necesidad de llevar adelante el relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal de escuelas públicas y privadas, propuesta aceptada por Vocalía del Consejo General de Educación para la emisión de la norma, en el marco de sus potestades y deberes conferidas por los Artículos 263 y 264 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.
A la vez, la resolución N° 2.771 “tiene naturaleza reglamentaria” y el CGE “está facultado para dictar reglamentos y toda clase de directrices a sus agentes, tanto para organizar la labor diaria como para controlar la prestación del servicio educativo por parte de sus dependientes y, en este marco constitucional y legal, aprobó la propuesta elevada por la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de su área de Estadística y Censo”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora