La Justicia laboral ordenó suspender y reprogramar las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaban previstas para el 7 y 8 de octubre, a raíz de una serie de irregularidades detectadas en los padrones de afiliados. La medida fue adoptada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dispuso retrotraer el proceso electoral a la etapa de presentación de listas y avales.
De este modo, los comicios del sindicato que agrupa a choferes y trabajadores del autotransporte de pasajeros se realizarán ahora el 17 y 18 de diciembre. La decisión judicial se conoce a apenas una semana de la fecha originalmente prevista y en medio de una fuerte disputa interna entre la conducción actual, encabezada por Roberto Fernández al frente de la Lista Celeste y Blanca, y la opositora Lista Negra, liderada por Maximiliano Escriba.
En su resolución, la Cámara ordenó una serie de controles adicionales sobre los padrones electorales. Entre los puntos cuestionados aparecen 2.870 exclusiones de afiliados registradas entre junio y el 24 de agosto, bajo la causal genérica de “cese laboral” pero sin detallar la fecha efectiva de finalización de la relación de trabajo. Para los jueces, esa falta de precisión vulnera las garantías del proceso comicial.
El fallo también fijó que cada mesa de votación no podrá superar los 600 electores, con el fin de garantizar un conteo más transparente y un control más efectivo de los fiscales. Además, se contempló la existencia de una urna complementaria para sufragios observados y se ordenó verificar datos de identidad y situación laboral de los afiliados mediante cruces de información con el RENAPER y con la Administración de los Recursos de la Seguridad Social (ARCA).
Como parte del paquete de medidas, la Cámara del Trabajo designó al abogado laboralista Matías Cremonte como veedor judicial. Tendrá la facultad de supervisar diversas etapas del proceso electoral, acceder a la documentación, revisar los sistemas informáticos utilizados y controlar tanto la conformación de los padrones como la distribución de los electores en las distintas mesas. El objetivo es dotar de mayor transparencia a una elección clave dentro del mapa gremial del transporte.
La Justicia dispuso además mantener la convocatoria original en sus aspectos centrales, pero estableció nuevas pautas para la presentación y oficialización de listas, así como un control especial sobre las altas y bajas de afiliados en el período previo a la elección. También ordenó revisar la situación de las listas opositoras en algunas seccionales, donde se habían denunciado trabas para su participación.
En Entre Ríos la UTA está en una situación compleja: Juan José Brito, el secretario general en funciones se apartó del sindicato, y lo único ocurrió con Gustavo Rupp, otro de los miembros de la conducción, y el gremio está virtualmente en manos de Rodrigo Epelbaum, candidato del oficialismo para las elecciones.
Al momento de convocar a elecciones, ninguna de las dos listas opositoras que buscaban competir, la Lista Negra y la Lista Bordó, habían logrado quedar en carrera; sólo se oficializó a la Lista Celeste y Blanca, oficialista, y que postula como candidato a secretario general a Rodrigo Ezequiel Epelbaum.
A Epelbaum lo secunda como candidato a secretario adjunto David Javier Ledesma. Y la lista se completa con Cristian Javier Martínez, candidato a secretariode organización; Eduardo Andrés Chaparro, prosecretario de organización; Leonardo Gabriel Aguilar, en acción social; Damián Alfredo Miño, finanzas; Silvina del Carmen Heinitz, prosecretaria de finanzas; Emanuel Cristian Arcando, difusión y actas; Carlos Edgardo Cabrera, vivienda y turismo; y Mario Adrián Solaro, previsión social.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora