El Ministerio Público Fiscal archivó una presentación que realizaron las autoridades de la Escuela Secundaria del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná a raíz de un incidente que ocurrió el 1° de septiembre y que involucró a adolescentes de segundo año.
El caso se tramitó a través de la Defensoría General, que tras el escrito de la institución escolar que funciona en la zona del Parque Urquiza, derivó el caso a Fiscalía. «Archivamos el caso porque no había causa penal por la edad de los involucrados», indicó una fuente consultada por Entre Ríos Ahora.
«No hay posibilidad de causa penal, porque la modificación que hubo en la legislación estableció la imputabilidad a partir de los 14 años», contó un integrante del Poder Judicial consultado por este sitio.
En septiembre entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que fija la responsabilidad penal desde los 14 años y establece un sistema específico para juzgar delitos cometidos por adolescentes. La Ley N° 27.801 fue publicada en el Boletín Oficial diez días después de su aprobación en el Senado, en marzo pasado.
En Entre Ríos, el Procurador Jorge García aprobó un protocolo de actuación para los fiscales de la Provincia elaborado por la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.
En clave, sobrevienen los siguiente cambios:
- Imputabilidad desde los 14 años: la normativa establece que los adolescentes serán penalmente responsables a partir de esa edad cuando estén acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
- Derogación del régimen vigente desde 1980: la ley elimina la normativa 22.278, que regulaba la responsabilidad penal de menores desde la última dictadura militar, y crea un sistema actualizado de justicia juvenil.
- Entrada en vigencia en 180 días: el texto fija un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adapten sus estructuras antes de la implementación plena del régimen.
- Enfoque en educación y reinserción social: el nuevo esquema establece que las sanciones deben orientarse a la formación del adolescente, a la comprensión del delito cometido y a reducir el riesgo de reincidencia.
- Amplio abanico de sanciones alternativas: la ley contempla medidas no privativas de libertad como servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y restricciones para asistir a determinados lugares.
- La prisión como última instancia: la privación de la libertad se establece como una medida excepcional y podrá cumplirse en el domicilio del adolescente, en institutos abiertos o en centros especializados.
- Prohibición de prisión perpetua: el régimen establece que los menores no podrán recibir penas de prisión perpetua o reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de libertad.
- Mediación penal juvenil: la norma incorpora un mecanismo voluntario y confidencial que permite resolver ciertos conflictos mediante acuerdos entre la víctima y el adolescente imputado.
- Suspensión del proceso a prueba: en delitos de menor gravedad, los jueces podrán aplicar la probation, que permite suspender el proceso si el joven cumple determinadas condiciones, como reparar el daño o realizar tareas comunitarias.
- Protección de la identidad del adolescente: la ley refuerza la reserva del proceso penal juvenil y prohíbe difundir datos que permitan identificar a los menores involucrados.
La situación en el CAE
Susana Hernández, rectora del nivel secundario de la Escuela del CAE, contó de qué modo ocurrieron los hechos el 1° de septiembre en un escrito al que accedió Entre Ríos Ahora. La situación involucró a cuatro alumnos de 2° año. Ese fue el escrito que llegó a la Justicia, derivó en la apertura de una causa que finalmente se archivó.
“Notificados de lo sucedido por medio del alumno (víctima) y la observación de quienes estaban en el lugar” en el momento posterior al almuerzo, en planta alta, frente al espacio de tutoría, dos estudiantes rodean a un tercero, saltando y profiriendo a los gritos su nombre. A ellos , se suman otros dos, uno de los cuales, estando la víctima del acoso totalmente inmovilizado, le “toca sus glúteos de manera inapropiada”.
La víctima los empuja, sale de la situación y pone al corriente de lo sucedido a su preceptor y a la tutora Romina Solís, quienes lo contienen. Para entonces, los cuatro que habían protagonizado el hecho ya se habían retirado de la escuela por cuanto había finalizado el horario de clases.
El miércoles 2 de septiembre, “los cuatro implicados son convocados por el Equipo Directivo para tener un relato de los hechos por parte de ellos”, y en ese ámbito “reconocen lo realizado”, y en particular uno de los cuatro admite haber sido el responsable del “tocamiento indebido”. Ese día, además, fueron convocadas las cuatro familias para el acta de descargo de cada uno de los alumnos de manera individual
El jueves 3 “se producen las cuatro reuniones. En tres de ellas, las familias aceptaron lo dispuesto por la institución y reconocieron la gravedad del hecho”. Una cuarta familia “minimizó los hechos, argumentando que es una forma de comportarse en general de los alumnos, y que al no ser su hijo quien produjo el tocamiento indebido”. no debía considerarse de tal gravedad en su caso.
Luego del descargo, se notifica a las familias las medidas dispuestas por medio de correo electrónico, a saber: envío de sanción por escrito; la no participación de ninguno de los cuatro en las Jornadas Deportivas (Semana del Estudiante); la suspensión provisoria de la participación en el Campamento de Octubre; y además se dejó “en suspenso” la matriculación para el ciclo lectivo 2027.
El viernes 4 se presentó en la escuela la familia del alumno agredido. Luego, la mamá del adolescente acude ante la supervisora de educación de gestión privada del Consejo de Educación Claudia Brehm y la pone al corriente.
Dos de los alumnos involucrados en el hecho “solicitan pedirle disculpas” a la víctima; los otros dos que participaron del hecho no lo hicieron “por estar de viaje deportivo”.
El día 9 de septiembre se lleva adelante el Consejo Escolar de Convivencia “para observar las posteriores medidas a tomar y evaluar la situación de cada alumno en virtud de su trayectoria escolar en el presente ciclo lectivo. En este Consejo se decide la automática desvinculación de los alumnos involucrados”.
Cada familia de los alumnos involucrados en el hecho tomó caminos diferentes. El 16 de septiembre la Escuela del CAE convocó a los padres y les transmitió la mala nueva: que sus hijos deberían buscarse otra escuela. Una de las tres familias no se presentó a ese encuentro; otra, “no acepta” la sanción aplicada de expulsión; una tercera firma en disconformidad la sanción y ubicó a su hijo en otro establecimiento educativo; la cuarta, “firma la notificación y en la actualidad se realizó el pase a otra institución”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora