José Ruiz, director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, analizó en forma crítica el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para reformar el Código Procesal Laboral de Entre Ríos. Dijo que desde la entidad analizaron la iniciativa en sus tres ejes principales: 1) la eliminación del requisito de admisibilidad al recurso de apelación de una sentencia condenatoria del depósito del capital histórico más del 30%; 2) el establecimiento de un tope de honorarios para los peritos auxiliares; y 3) el establecimiento de un cuerpo médico especializado para los casos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, integrado por 3 médicos con especialidad en medicina forense o laboral, y que atenderían en Paraná para todos los casos de la provincia.
“Para nosotros, se trata de una reforma regresiva en cuanto a que se quita una garantía al trabajador que había obtenido, después de haber sustanciado un juicio, una sentencia favorable. En este proyecto, se quita la garantía de que se establezca sobre quién era condenado la obligación de afianzar la deuda que tenía, deuda que había sido reconocida en juicio, más allá de la apelabilidad de la sentencia, que todos tienen derecho a que sea revisada. Ese depósito que se requiere, que es sobre valores históricos, representa una manifestación de lo que la Constitución establece en el artículo 14 bis, que es la protección del trabajo. Entendemos que en el contexto de crisis económica y de una regresiva legislación que se viene dando, ya sea en cuestiones de derecho de fondo, pero ahora también en el derecho de forma esta reforma es algo sumamente regresivo, algo que expone al gobierno de Entre Ríos a la responsabilidad internacional”, afirmó el abogado.
En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Ruiz opinó que el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Laboral “es un claro retroceso que expone a la Argentina en esta materia”.
“Con esta reforma se va a generar más litigiosidad”, pronostica. El otro punto desfavorable de la iniciativa legislativa, apuntó, “es la creación del cuerpo médico especializado. Así, esta reforma es un traje a medida para las ART (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo), que son las responsables de pagar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”. El antecedente de la Comisión Médica es que general demora y son muy deficientes, apunta.
“Estas medidas que se proponen no van a reducir la litigiosidad. Por el contrario, las van a aumentar, porque se está quitando una garantía al trabajador y el trabajador tiende naturalmente a defenderse, como cualquier persona que se ve atacada en sus derechos”, destacó.
“Entiendo que los títulos son rimbombantes y son muy atractivos. Pero lo que se denomina ´industria del juicio´ tiene un origen en lo que es un incumplimiento por parte de las patronales; es trabajo mal registrado, eficientemente registrado en cuanto a la fecha, la categoría, el horario, jornada. Y entonces eso genera inevitablemente litigiosidad. Es lo que nosotros decimos que es la industria del incumplimiento. Y lo otro que genera litigiosidad es lo que yo decía, la industria del incumplimiento. Lo que decimos es que si crece la litigiosidad contra las ART es justamente porque hay ART que no cumplen, no cumplen con las prestaciones médicas. Nosotros desde hace por lo menos dos o tres años a esta parte hemos advertido un incumplimiento notable”, afirmó.
El profesional es enfático en un punto: la reforma del Código Procesal Laboral “en lugar de reducir la litigiosidad, la va a aumentar. Yo le puedo asegurar que la va aumentar. No hay que ser un genio para darse cuenta de esto. Tenemos una crisis económica, a eso se agregan leyes de flexibilización, sumado al hecho de que hemos perdido 350.000 puestos de trabajo, y es lógico que haya más litigiosidad. Si ante esa litigiosidad, ponemos trabajos a los reclamos, bajamos las indemnizaciones, modificamos las tablas de incapacidad, modificamos los regímenes para calcular las indemnizaciones, modificamos las garantías para el trabajador para cobrar, y entonces vamos a tener más litigiosidad, claro que sí”.
-No se ha escuchado todavía la voz de los gremios ante esta reforma, que afecta al trabajador.
-Creo que debe haber alguna opinión, tal vez no la hemos escuchado, Nosotros hemos salido a fijar postura porque entendemos que es una reforma regresiva que perjudica derecho de los ciudadanos. Entendemos que esto va a generar responsabilidad en el Estado argentino. Yo entiendo que a veces los tiempos políticos requieren de reformas y plantear algún tipo de cambio, pero me parece que es un cambio que no va a favorecer nada. Nosotros tenemos trabajadores que están tres años padeciendo y haciendo un vía crucis para obtener una una sentencia judicial favorable. Y ahora, con esta reforma, las sentencias que se dicten van a poder ser apeladas sin ninguna restricción, y el trabajador va a tener que seguir esperando. Con esta reforma, además, no se advierte cuál es la utilidad para que el Gobierno se involucre en conflictos sectoriales entre particulares.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora